En mi columna anterior, argumenté que Guatemala está sujeta a una criptocracia, un gobierno desviado por los jueces, en el cual en un contubernio semiamorfo entre miembros de las Altas Cortes del país, las altas autoridades del Ministerio Público y otros órganos de control del Estado, tal cual organización del bajo mundo, ejercen poder político para poder gestionar poder, mantener privilegios y asegurarle impunidad a personas ligadas a procesos penales por alta corrupción. Esa ha sido la historia de Guatemala desde la salida de la CICIG de Guatemala en el 2019. La opinión anterior seguro es opinable en diversos aspectos, pero no se puede dejar de notar que el ascenso del autoritarismo y la instrumentalización del Derecho Penal contra exfiscales, periodistas, líderes estudiantiles de la USAC, miembros de la sociedad civil y la oposición política ha llegado a niveles insospechados anteriormente e insostenibles en relación al pasado. Las autoridades de control gubernamental como la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público “cuelan el mosquito y se tragan el camello” de la alta corrupción del pasado como dice el Evangelio de San Mateo 23 versículos 24-26.
El 2026 traerá un recambio de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público y de la Contraloría General de Cuentas. El primer órgano que cambiará de autoridades debe ser el Tribunal Supremo Electoral, el cual debe tomar posesión el 20 de marzo del 2026. El Congreso en esta semana acaba de convocar a la Comisión de Postulación para la elección de los candidatos para ser electos por el Congreso para elegir magistrados titulares y suplentes. La Comisión de Postulación debe estar instalada para el 20 de enero del 2026. Pronto el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala deberá convocar a Asamblea para la elección del representante de dicho Colegio en la Comisión de Postulación, la cual estará compuesta por éste y por el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un representante de los rectores de las Universidades Privadas, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos y un representante de todos los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades Privadas.
En el 2023, los magistrados titulares del TSE “sostuvieron la peña” de la democracia hasta las últimas consecuencias por hacer valer la legislación electoral constitucional que, ante gritos infundados de fraude y la instrumentalización de la Ley contra la Delincuencia Organizada en contra del partido político Movimiento Semilla, hicieron lo correcto para hacer valer la voluntad soberana del electorado por medio del voto.
El Tribunal Supremo Electoral, ha sido debilitado de sobremanera, sus magistrados con cuestionamientos importantes pero, no probados que los tienen contra toda lógica y el sentido común, “suspendidos” en sus cargos por una “medida cautelar”. Podemos recordar cómo el Ministerio Público allanó las instalaciones en diversas ocasiones, incluso secuestrando las actas con los resultados electorales sólo para mantener la deshonrosa narrativa del fraude electoral. Solo hasta que a regañadientes la Corte de Constitucionalidad ante un amparo promovido por unos ciudadanos patriotas se pudo detener los esfuerzos anodinos del Ministerio Público y fuerzas políticas afines de no permitir el traslado del poder a los legítimos ganadores de los comicios.
En las elecciones del 2027 es imperativo que tengamos una autoridad electoral lo más prístina posible, una autoridad que con buen criterio y aplicación de criterios jurídicos y constitucionales para que:
- No se preste a manipular los requisitos de inscripción electoral y de aplicación del art. 113 constitucional sobre la “honorabilidad”, “capacidad” e “idoneidad” de forma antojadiza para eliminar candidatos “incómodos”;
- No se preste a aplicar indebidamente la normativa de prohibición de “campañas anticipadas” que tenga el efecto de que los candidatos tengan que ser “líderes mudos” en la opinión pública para no ser descalificados indebidamente;
- Que estén dispuestos a cumplir bien su labor de inscribir organizaciones políticas sin trabas excesivas, ya que actualmente pareciera que es imposible inscribir una organización política sin influencias y sin besar anillos;
- Que estén dispuestos a constituir los órganos electorales temporales con gente con mérito, capacidad, idoneidad e independientes, y
- Que estén dispuestos a no permitir los remezones de fuerzas antidemocráticas que pretendan usar la normativa penal para poder influir en los procesos electorales.
En fin, nuestro sistema democrático ha sido objeto de un terremoto que todavía no está claro si aguantará las próximas elecciones en 2027. El TSE estimado lector y ciudadano es de vital importancia para salvaguardar la democracia. Debemos velar porque la Comisión de Postulación elija los perfiles de los mejores candidatos para que el Congreso, aún con su característica eminentemente política, no tenga sino que elegir entre personas independientes, honradas y valientes en las listas.
La piedra angular de nuestra democracia es el voto y eso es importantísimo salvaguardarlo. Nuestro sistema escalonado de conteo de votos y de trabajo de las Juntas de Receptoras de Votos, Juntas Municipales y Departamentales, hacen que un fraude sea casi imposible por la plétora de personas que deben estar involucradas para ello y porque la fiscalización de los partidos políticos por medio de los fiscales y por la propia población que participa en las Juntas Receptoras de Votos no permiten semejante labor de coordinación de planes perversos. Pero lo que hay que impedir con más ahínco es el “fraude estructural” por el cual por la aplicación sesgada y política de la normativa de finiquitos, la campaña electoral anticipada, las acusaciones penales frívolas y el irrespeto a la presunción de inocencia, no se permita la libre competencia electoral.
Es importante que estemos pendientes del proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de animar a las potenciales personas que tengan perfil idóneo para que se animen a participar y asumir el deber ciudadano de reconstruir el TSE que ha sido maltrecho por los abusos de poder del MP y las fuerzas antidemocráticas que por poco se traen al traste el proceso electoral 2023.
