Ayer recordé el pasado 14 de enero de 2024, cuando gran parte del país miraba con sentimientos mezclados de congoja, vergüenza y rabia el espectáculo de la legislatura saliente tratando de obstaculizar la toma de posesión de los diputados de la legislatura entrante, la elección de la Junta Directiva y restarle derechos a la bancada del Partido Movimiento Semilla con el propósito infame de impedir la transición de mando al Presidente electo Bernardo Arévalo. Cómo no recordar con sabor amargo la forma en que Alejandro Giammattei se comportó no asistiendo a la toma de posesión y mandando en una bolsa plástica las insignias presidenciales. Lo que debió ser una fiesta cívica fue una vergüenza internacional. Pero el pueblo esperó y se hizo la transición de mando.
Lo que quedó claro desde junio del 2023 es que ante un eventual triunfo, un futuro gobierno del Partido Movimiento Semilla tendría el sistema en contra. En particular, la Fiscal General y los pícaros que la manipulan, que como poder paralelo y, en interés propio, por poder y mantener en la oscuridad las mil y una fechorías que se hacen a diario por tapar la gran corrupción en el país en la fiscalía quería obstaculizar la transición en sí y al futuro gobierno. Esa forma de actuar se sabía que iba ser un obstáculo para la actuación del gobierno entrante, el cual por casos espurios en violación de los principios electorales de los constituyentes y un abuso claro de las normas para combatir la delincuencia organizada, tristemente validados por la corte constitucional, trataron de maniatar al gobierno entrante por medio de “avasallar” a la bancada minoritaria del partido Semilla en relación a las demás fuerzas del Congreso al ser “independientes” y, por ello, no poder conformar junta directiva ni presidir comisiones de trabajo. Todo eso ha sido deliberado por una oposición corrupta, sus aliados en ciertas altas cortes y con los aliados en la Fiscalía General que quieren que no sólo este gobierno falle, sino además, que sea removido. El ciudadano no debe perder la visión de lo anterior. Esa “cuesta” que se cernía sobre el gobierno entrante ningún otro la había tenido en la historia democrática.
No obstante lo expuesto anteriormente, el pueblo no sólo quería un respiro de los aires antidemocráticos del anterior gobierno, sino quería soluciones. El pueblo quería mejorar su situación. El pueblo si bien quería un respiro tampoco “vive” de principios democráticos. Así el gobierno ha ido perdiendo popularidad porque, por ejemplo, no ha podido proveer a la población la percepción de cambios tangibles o de mejoría. Sino al contrario, en materia de infraestructura, el derrumbe del Kilómetro 44 de la carretera al Pacífico y posterior y accidentada reparación del tramo ha dado una impresión que la administración es inepta. No ha coadyuvado que hayan existido renuncias y destituciones en la cartera de Micivi que dan la apariencia de inestabilidad. Así en otras carteras se mira falta de coordinación y errores que no deberían ocurrir.
En materia anticorrupción, una consigna importante del gobierno en la campaña presidencial, tampoco se han visto resultados que a la población le sean tangibles. Se conformó la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) y esta ha planteado alrededor de 200 denuncias con Ministros de Estado que o han sido desestimadas o duermen el sueño de los justos en el Ministerio Público. Entonces, ante una Fiscalía renuente a combatir la corrupción ha privilegiado el enfoque preventivo en la administración pública promoviendo la creación de unidades de probidad y de integridad para tratar de prevenir la corrupción ante la imposibilidad actual y real de perseguirla. Es lo que se puede hacer y el enfoque es correcto, pero políticamente no es “visible”. Pero quizá el desencanto mayor fue en la renuencia del Presidente de destituir directamente a la Fiscal. Legalmente el Presidente no puede destituirla sin un proceso que es materialmente imposible, pero la población no entiende eso. Ve que el Presidente se comporta pasivamente ante las constantes afrentas, y antejuicios, que la Fiscal General plantea en su contra. La percepción es que no se está combatiendo la corrupción. Sin embargo, es relevante destacar que es imposible hacerlo, al menos represivamente, si los órganos de control, y en particular, el MP está indispuesto hacerlo. El Presidente no puede hacer cambios legislativos en la Ley Orgánica del MP ni es aconsejable que realice actos ilegales. Quizá puede tener una mejor gestión “política” y comunicacional de la pugna, pero sus caminos son limitados en ese respecto en este momento.
Otro frente de crítica es la ampliación presupuestaria solicitada el año pasado por Q 14 mil millones y el abultamiento del presupuesto 2025. Ambas con rubros grandes de aportaciones a los Consejos de Desarrollo Departamentales (Codedes) ampliamente criticados por el candidato Arévalo en campaña como bolsones de corrupción. El prometió “cerrar el chorro”. Se le imputa hipocresía. Al respecto, viéndolo desde un punto objetivo, el partido oficial siempre ha indicado que priorizaría más gasto público en el interior del país. Sin embargo, hay que decirlo, la cuestionable persecución por el MP del partido Semilla, la cual ha redundado en una “suspensión” y “cancelación” del partido por un juez menor en violación de leyes constitucionales ha derivado en que para poder mover la agenda legislativa y de gobierno se tenga que usar el presupuesto para conseguir fines políticos. ¿Cuestionable? En parte. El presupuesto siempre ha sido una herramienta de gestión política en todos los países del mundo, sin embargo, en el caso actual es un “efecto secundario” de la persecución política de parte del MP. El MP ha aumentado los costos de “gobernabilidad” del país. Apreciar lo anterior esto, empero, es un ejercicio de lectura política y de pensamiento crítico, que igual no excusa el fenómeno. Pero para la mayoría de la población lo que se ve es que el gasto público está creciendo en demasía. Esperemos que en 2025 este mayor gasto público en realidad se traduzca en obras de infraestructura local que beneficien a la población y no los bolsones de corrupción de estructuras clientelares como otrora.
Pero también se aprecian avances. Así en materia de seguridad, se ha reportado que la tasa de homicidios está en su punto más bajo en 15 años. Las incautaciones de droga se han duplicado desde el año anterior. El Ministerio de Salud por medio del convenio con UNOPS está supliendo los hospitales reportándose por el gobierno abastecimiento en un 92% y esperándose futuros ahorros de cientos de millones como ocurrió en el IGSS durante lo que duró su convenio con dicha organización. Asimismo, se han remozado 11,000 escuelas y duplicado apoyo para equipos e instrumentos escolares, se ha gestionado mejor la promoción del turismo por medio de una eficaz gestión del Inguat, y en materia anticorrupción, se ha privilegiado el enfoque preventivo y capacitación de unidades de probidad en el Organismo Ejecutivo, así como se han presentado denuncias exponiendo la alta corrupción de la administración anterior. Adicionalmente, también se han presentado iniciativas de ley importantes como la Ley de Protección de Denunciantes de Irregularidades y la Ley de Beneficiarios Finales, la primera, para regular la figura y protección del “denunciante” de actos de corrupción (el “whistleblower”) para que coadyuve a que funcionarios y particulares denuncien actos de corrupción y, la segunda, para que se profundice la transparencia y el combate al lavado de dinero y otros delitos al poderse conocer las personas físicas detrás de toda persona jurídica.
Por último, en materia de infraestructura vial, el Congreso ha aprobado la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Esta normativa, con distinto enfoque venía discutiéndose desde el año 2018 y no había existido consenso para su aprobación. Ahora con un enfoque distinto ocupándose únicamente en vías prioritarias (carreteras centroamericanas y el anillo regional) se ha logrado su aprobación. Aunque la ley no es perfecta, se espera que en los próximos años se liciten importantes obras de infraestructura para ampliar y operar carreteras que constituyen las arterias comerciales más importantes en el país y las inversiones en infraestructura quizá más grandes de las últimas décadas. En dicha ley, además, se permite liquidar contratos que administraciones anteriores habían dejado contratados, pero con fondos insuficientes o bien sin avances físicos en relación a lo pagado y otros que obstaculizaban poder mantener o construir carreteras por no poder disponer de los tramos. Esperemos que eso coadyuve en el trabajo urgente que necesita los caminos y carreteras del país y así cambie la percepción ciudadana.
En fin, el gobierno ha tenido un primer año difícil, en la que la población esperó mucho y, a sus ojos, no recibió lo que esperaba. Es difícil entender para el ciudadano promedio lo que pasa realmente en el país y las complejidades políticas de la administracion pública y el efecto de un aparato de justicia cooptado en gran medida por las élites que florecen por la corrupción. Sin embargo, el gobierno no puede escudarse en estas complejidades sino dar los resultados posibles y comunicarlos adecuadamente. Esperemos que este año puedan gestionar mejor y dar los resultados para ello. Tienen los recursos económicos y deberían poder hacerlo. A todos, incluso sus detractores, nos conviene que este gobierno democrático tenga éxito, de lo contrario creará descontento y los cantos de sirena del autoritarismo corrupto podrían tomar las riendas del país en 2027. A nadie le conviene ello.
