La semana pasada se eligieron magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ayer se eligieron a los de Salas de Apelaciones y tribunales de igual categoría. Se llegó al final de un proceso de elección que quisiera ser optimista que va ser el último con el uso de las comisiones de postulación. Después de haber pasado aproximadamente casi 8 años con las mismas altas cortes por la lenidad del Ministerio Público de hacer cumplir la sentencia de la Corte de Constitucionalidad # 1169-2020 (con todas las críticas que esta generó) es un éxito relativo que se haya logrado que el proceso no se entrampara por amparos espurios planteados a través del mismo.
Fuera de ese éxito relativo, hoy quisiera abordar la idea del “control de la justicia” por el poder político. De las declaraciones de diputados y de algunos analistas pareciera que existe en el ideario político actual que “la Corte Suprema quedó balanceada” y que ningún partido político o bloque partidario tuvo éxito en controlar la mayoría. Un diputado connotado que reflexionó sobre el proceso indicando “que nadie puede tener el 100% de algo” y que al final los partidos llevaron “gente con la cual podrán tener comunicación” en la Corte Suprema de Justicia y que “nadie va tener los 7 u 8 votos de mayoría en la Corte”. Las declaraciones y las ideas anteriores me parecen que muestran el viciado y erróneo diseño institucional de la elección de Altas Cortes en Guatemala y lo que este diseño permite o puede permitir dependiendo de las mayorías parlamentarias.
Las Cortes en el esquema republicano de gobierno son entes de control del Organismo Ejecutivo pero también del Organismo Legislativo. Las Cortes como entes de control del Estado deben ser independientes del poder político para que la justicia se aplique sin tintes políticos y haya un recto cumplimiento de la ley. El sistema republicano de gobierno no funciona si los “pesos y contrapesos” no se balancean entre sí entre organismos o entes del Estado. Si el Congreso puede tener “control” sobre las Cortes estas no harán la labor de fiscalizar la legalidad o constitucionalidad de su actuar de forma independiente, sino buscarán incluso ser complacientes con el mismo. Máxime si los potenciales magistrados tendrán que someterse al “certamen de belleza” cada cinco años para que el Congreso los nombre de nuevo como nuestro sistema actual. De forma inusitadamente sin sentido toda la alta plana judicial se cambia cada cinco años en Guatemala. Nuestro sistema constitucional actual entonces permite que las Cortes queden conformadas dependiendo de cómo quedó conformado el Congreso en las elecciones un año antes. Lo anterior es asombroso pero en mal sentido. Desalinea los incentivos a tener un organismo judicial independiente, sino todo lo contrario, a tener uno partisano y controlable.
El resultado de lo anterior es que los diputados y los partidos políticos, por la forma en que erróneamente está estructurada la elección de Altas Cortes y la forma en que se elige al Congreso, en términos generales, sí tienen la posibilidad de controlar la elección de Cortes y controlar su mayoría y tener “comunicación con los magistrados”. Lo único que ha sido la salvación en este esquema insólito es que en la composición del Congreso, por la magnitud del Congreso y nuestro sistema de representación de minorías, no existen mayorías partidarias plenas que puedan generar “aplanadoras” en la aprobación de leyes o en la elección de Cortes. Eso ha llevado a que haya “negociación” sobre las Cortes entre bloques partidarios para tener “control parcial” de ellas. Sin embargo, eso puede cambiar en cualquier momento como ya lo está viviendo en carne propia El Salvador.
En fin, nuestro sistema de elección de Cortes tiene mil defectos ya conocidos. Es una locura cambiar plenamente las Altas Cortes cada cinco años, el sistema no genera una carrera judicial efectiva, somete el organismo judicial de facto a control político parcial o total de acuerdo a la conformación del Congreso y además causa las externalidades de politizar la academia y el gremio de abogados. No se puede esperar más. No se necesitan más discusiones. La población se ha dado cuenta del costo social de no tener órganos de justicia funcionales. Es el momento. Reformemos nuestro andamiaje constitucional del sistema de justicia.
