Hace unos días estaba compartiendo un almuerzo con un buen amigo y colega y entre la conversación que teníamos surgieron temas acerca de lo difícil que se ha convertido practicar la profesión en forma honrada. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se pudiera poner difícil la práctica de la profesión honradamente? Bueno pues lo que mi colega y yo reflexionábamos era que el ejercicio de la abogacía, pero la “real”, era imposible en un entorno en el que la práctica de la profesión dependía de conexiones, triquiñuelas, tráfico de influencias y, en particular, de pago de sobornos por “operadores judiciales” más que por practicantes del Derecho (con “D” mayúscula). No puede haber práctica honrada en ese lamentable entorno.
De la misma forma, conversaba con otro colega que conozco de la universidad que había decidido, a pesar de su éxito profesional en la práctica privada, postular para ser candidato para la Corte Suprema de Justicia y también para Salas de Apelaciones. Le pregunté por qué y lo que surgió fue una conversación de las múltiples falencias del sector justicia y, en particular, de la mala preparación de algunos jueces y magistrados ya que, coincidimos ambos, que muchas veces no conocen ni la correcta forma de aplicar las normas procesales, menos lo sustantivo. También me comentó de casos de la venalidad de los jueces y de compadrazgos con litigantes en perjuicio de sus patrocinados. Claro, siempre hay excepciones de jueces correctos y probos, pero hacen su lucha nadando contra la corriente. En el caso de este colega, estaba harto de la situación y quería hacer algo al respecto, pero él mismo sabía que su posibilidad de ser incluido en la nómina de la cual el Congreso escogería los magistrados era muy baja porque no estaba “apadrinado” por los operadores de justicia y los grupos gremiales que medran de promover a sus “amigos” a las Cortes.
De las reflexiones de estas conversaciones y de otras que he tenido en los últimos años, me surgieron varios pensamientos sobre el estado de podredumbre y mediocridad en el ejercicio del Derecho en Guatemala, lo cual, aunque pasa desapercibido para la población tiene incidencia en toda la vida política del país. La justicia en este país se evita por medio del tráfico de influencias, las coimas o por los simples compadrazgos, no es inusual entonces que la corrupción sea rampante en este país si los mecanismos de control, la justicia y los demás órganos que coadyuvan en impartirla, estén totalmente anquilosados.
En este estado de cosas los aforismos latinos “iudex ex consciencia iudicare debet immo secundum allegata” (El juez debe juzgar conforme a su conciencia ateniéndose a lo alegado) e “iudices sententiae suae ratione adducant” (Los jueces exponen su razón en la sentencia) son un sueño o ficción. Si la justicia en un caso no depende de las doctrinas jurídicas, los argumentos y la valoración de las pruebas existentes, sino en el “pool” o bolsón de recaudación de clientes de coimas para jueces u operadores judiciales, estamos condenados al fracaso como país. No tiene sentido estudiar Derecho si, a pesar de lo estudiado, el más “conectado”, el “compañero de clase” o el “que conoce al juez”, va obtener un resultado favorable para sus clientes. Se dice de un conocido abogado litigante que él bromeaba con sus clientes al referirse a sus contrapartes: “Ese conoce el Derecho, pero yo conozco al juez”. Lo que parece jocoso en realidad desnuda una realidad de todos los días. La justicia en este país no es ciega.
Ahora mirémoslo del lado de la judicatura, en la carrera judicial. Todo nuestro sistema de elección de jueces se ha pervertido de tal forma que no el mejor o intachable juez (o practicante privado) puede acceder a las Altas Cortes, sino los que tienen “padrino”, “le responden a alguien” o es afín o tiene la bendición de los “operadores de las Cortes” ya conocidos por infames en el gremio de abogados. Es un laberinto en el que el “tráfico de influencias” y no la meritocracia descompone desde sus entrañas las altas magistraturas judiciales y el ejercicio de la profesión jurídica en todo el país e infecta al Estado.
¿Qué ganas de estudiar Derecho en este país cuando salta a la vista la injusticia? Cómo vamos hacer atractivo a los jóvenes de la próxima generación cuando lo que ven diariamente es la negación del Derecho constantemente. Miremos lo que tenemos ahora mismo como ejemplos a los “futuros” juristas:
- Guatemala ocupa el puesto 111 de 142 en el índice del Estado de Derecho de World Justice Project.
- Un Ministerio Público (MP), con cómplices en la judicatura, activamente y en forma partisana tratando de afectar la gobernabilidad del país para evitar una futura rendición de cuentas de las múltiples investigaciones que han engavetado.
- Un MP que más que perseguir delitos persigue opositores políticos y a la prensa.
- UN MP que activamente desarma casos de alta corrupción de la anterior gestión de la institución con fines políticos o bien, según corren los rumores de pasillo, por mucho dinero de por medio.
- Jueces venales que, con un discurso político, desechan casos fundados de alta corrupción.
- Conspicuos corruptos funcionarios con imputaciones penales serias, saliendo libres de cargos inexplicablemente, cuando cómplices y otros coimputados han sido condenados por los mismos hechos, y para más afectación de la moral pública, usando el “megáfono” de la prensa con declaraciones de vindicación en lugar de estar escondidos del escrutinio público.
- Un juez menor, con obvios intereses y lazos políticos con la oposición, abusando de facultades previstas para combatir el “crimen organizado” suspendiendo partidos políticos sin oportunidad de acceso a la defensa en el expediente. Lo anterior avalado por una Corte de Constitucionalidad que con sus resoluciones ha totalmente contaminado el régimen electoral previsto en la Constitución de 1985 que buscaba un sistema de formación de partidos políticos libre.
- La no renovación de Altas Cortes por casi 4 años sin que a la fecha haya existido alguna consecuencia por la obvia violación de fallos judiciales y del régimen republicano de gobierno y la alternancia en las magistraturas.
- Tenemos poca o nula investigación jurídica y publicación de libros de Derecho y las universidades se han vuelto puros tramitadores de graduaciones para tener adeptos en las votaciones de planillas para comisiones de postulación. Los decanos incluso cómplices con sus votos en elegir funcionarios deshonrosos en el sector justicia.
- La mayoría de catedráticos y profesores no enseñan a los jueces a tener criterio o pensamiento crítico, sino a ser lectores de la “letra muerta” de la ley. Si no lo dice el texto no pueden extraer “principios”. El oficio del juez se ha vuelto afín al de un mecánico.
- Las universidades han preparado tan mal a sus alumnos que pululan “escuelas de Derecho” para estudiar para los exámenes técnicos profesionales, incluso algunas presididas por notorios activistas que con sus güizacherías han justificado las posiciones más reñidas con la correcta aplicación del Derecho o la justicia.
- Según comentan jueces de primera instancia, reciben fallos de apelación revocando sus resoluciones y sentencia por magistrados de las Salas de Apelaciones con mucho menor conocimiento y experiencia jurídica porque fueron nombrados por “tener amigos” en las Comisiones de Postulación y estar “conectados” políticamente. Se manifiestan ellos, descorazonados por ello. La carrera judicial una quimera.
- Otros jueces de primera instancia, con notoria e intachable trayectoria, trasladados de puestos porque son “incómodos” al status quo y sus planes de iniquidad, y por último, un Colegio de Abogados y Notarios que otrora hacía algo por los agremiados y tenía posiciones jurídicas valientes en tiempos difíciles, que ahora se caracteriza por su “silencio cómplice” de la desinstitucionalización acelerada del país de los últimos 5 años. El Colegio ha pasado a ser una agencia de favores, de mal uso de los recursos del programa de prestaciones y un cuasi-poder político para elección de cortes y otros cargos de la administración pública (MP, Cortes, INACIF, etc). Su función primigenia, la defensa y dignificación del gremio por los suelos.
En fin, puede seguir escribiendo líneas de líneas pero eso no es el punto. Mi punto es que si no recuperamos la profesión jurídica del hoyo en que está, estamos condenando al país a no tener futuro. Una generación que no crea que los abogados y la justicia tiene valor en una sociedad, sino que crea que la justicia es materia de mercaderes y traficantes de influencias va tomar por sus manos la misma y nos llevará a la barbarie y la inviabilidad. Si la justicia tiene precio, nadie tendrá certeza en sus derechos. Ni los más ricos porque el crimen organizado tiene más recursos que ellos. Si los ideales de la justicia en un país desvanecen no hay tal futuro. Rescatemos la profesión del Derecho, quizá empezando por la reforma constitucional del sector justicia. Para ello, sacando a las Universidades y al Colegio de Abogados y Notarios de las elecciones de cargos, ya que en mi criterio, el envilecimiento y degradación de la profesión jurídica tiene su raíz precisamente en el modelo constitucional de comisiones de postulación. “Para luego es tarde” dice la expresión.
