El plazo para presentar sugerencias de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el seno de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) ya está corriendo. Este ejercicio democrático es crucial para el futuro de la democracia del país. Hemos pasado un evento electoral donde hubo toda clase de problemas legales derivados de problemas de diseño legal. Y no me refiero al sistema electoral y el sistema de conteo y validación de resultados por las Juntas Receptoras de Votos, las Juntas Municipales y Departamentales que se probaron robustos y a la altura, aunque sea aún incomprendido para muchos funcionarios con poder.
Nuestro andamiaje electoral tiene muchas debilidades que ya son conocidas tales como la falta de representatividad y cuentadancia de los diputados al electorado dado nuestro sistema de elección por listas cerradas y bloqueadas. También la debilidad institucional de los partidos cuyos órganos de dirección son más “consejos de administración” de negocios más que auténticos órganos democráticos. La lista es larga. Sin embargo, en mi opinión, muchos de esos cambios llevarán discusiones profundas que quizá la “partidocracia” o el mismo Tribunal Supremo Electoral no esté dispuesto a apoyar, o bien, cuya reforma sea muy difícil o se necesiten reformas constitucionales. No obstante, creo que puede existir consenso para las siguientes reformas que son necesarias, dos de ellas para evitar el pernicioso “lawfare electoral” y otra para reducir la fragmentación del Congreso:
- I) La eliminación de la “constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos” (el mal llamado finiquito) como requisito para poder ser inscrito como candidato y para tomar posesión del cargo electo. Hemos visto cómo se elimina la competencia electoral por medio de argucias y denuncias tardías (incluso anónimas) que “manchan” el finiquito de un candidato para no dejarlo competir o tomar posesión del cargo. El finiquito no asegura, cómo se pensó antes, algún tipo de solvencia moral. El electorado debe decidir sobre la honorabilidad y buenos manejos de los funcionarios independientemente del juzgamiento de sus faltas por la Contraloría General de Cuentas. El debido proceso debe ser garantizado ya que muchas denuncias pueden ser espurias, políticamente motivadas o pueden ser desvanecidas en juicios de cuentas. En cambio el requerimiento se ha prestado para los abusos y triquiñuelas más reprobables.
- II) La eliminación de las normas de “campaña anticipada” es urgente. En algunas oportunidades sostuve que la normativa no prohibía la libertad de expresión según su texto y conforme había sido interpretada por la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, su aplicación venal e interesada ha dado lugar a casos de eliminación espuria de la competencia electoral. En su oportunidad se trató de que candidatos con recursos cuasi-ilimitados (de forma ilícita en muchos casos) pudieran hacer campaña solapada en detrimento de las normas y tiempos de la campaña electoral. Pero en realidad su aplicación se ha convertido en un riesgo para nuestra democracia y debe analizarse eliminarse.
III) El establecimiento de un “umbral” electoral para que los partidos políticos puedan acceder a representación en el Congreso siempre y cuando tengan un porcentaje mínimo de votos del electorado. El establecimiento de un umbral electoral como existe en Colombia, Turquía y otros de un 3-5% (sujeto a análisis numérico y comparativo de las elecciones pasadas) pudiera ser conveniente. En primer lugar, porque sería un disuasivo a la creación de partidos políticos sin ánimo de permanencia. En segundo lugar, evitaría la creciente fragmentación del Congreso. Muchos se opondrán diciendo que el porcentaje pudiere ser muy alto o que la falta de acceso a representación y no obtener el 5% de votos es causal de cancelación del partido. En contrapartida a esa reforma se pudiera prever la eliminación del requisito de obtener representación en el Congreso y el 5% en elecciones para mantener un partido vigente permitiendo que los partidos perduren en el tiempo, maduren y crezcan y no exista una “muerte colectiva” o “matadero” de partidos cada cuatro años. La gobernabilidad del país sería beneficiada con esta reforma.
Nuevamente, recalco que nuestro andamiaje electoral necesita fortalecerse dado que en el último ciclo electoral vimos el “stress” al que fue sometido. El abuso del derecho penal y de la normativa que abogo en esta columna que debe ser suprimida ha causado mucho daño. Debemos hacer los cambios necesarios para que en el 2027 no se vuelvan a repetir este tipo de arbitrariedades.
