La campaña electoral sigue su curso y lo que hemos visto en días anteriores es dimes y diretes entre las candidatas punteras a raíz de un confuso altercado en Alta Verapaz. Aún no se discuten verdaderas propuestas para solucionar los problemas de fondo del país. En esta columna continúo con el análisis de lo que creo son los problemas de mayor envergadura del país para que podamos en foros, entrevistas o por cualquier medio cuestionar a los candidatos sobre lo que proponen sobre estos temas. Hoy abordo el tema de la fragmentación del Congreso, el sistema de representación de minorías, la gobernabilidad del país y su relación con la obra pública.
Nuestro sistema electoral vigente en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece, en términos generales, que el Congreso de la República se compone de 160 diputados y que la fórmula de asignación de escaños es el sistema de representación proporcional de minorías con la fórmula D´Hont. La idea central detrás de los sistemas proporcionales es que debe primar la “representación” de la amplia gama de intereses y vertientes de pensamiento político en el Parlamento, más que buscar la “gobernabilidad” del país que es típico de los sistemas mayoritarios, que buscan en el fondo cierta representatividad, pero primando el interés de hacer lo más funcional y coordinado el actuar del Organismo Legislativo con los Ejecutivos. La diferencia “normal” que se puede apreciar en estos sistemas es la cantidad de partidos políticos existentes en uno u otro sistema ya que, en general, en los sistemas mayoritarios el número de partidos políticos se reduce y, en cambio, en los proporcionales o de representación de minorías, el número de partidos es mayor.
En el Congreso actual hay representación de diecinueve partidos políticos que fueron electos en los veintidós distritos, algunos muy grandes como el departamento de Guatemala (19), el Distrito Central (11) o como Huehuetenango (10). Al inicio la representación partidaria más grande era de la UNE con 52 diputados, 17 de VAMOS, 12 de UCN y 9 VALOR, luego una fila de representaciones menores. Sin embargo, no siempre fue así. Hay que recordar que los Congresos del gobierno del PAN electo en 1995 tenía 80 diputados y que existían grandes bancadas como la del PAN de 43 diputados y 21 del FRG (con 8 partidos representados) y luego el Congreso electo en 1999 tenía 113 diputados y el FRG tuvo 63 diputados y 37 del PAN (con 6 partidos representados).
¿Qué ha sucedido? Pues, un cúmulo de factores son los que han causado esta dispersión de la representación Congreso. Las reformas de la Ley Electoral para aumentar el número de diputados (y dejarlo fijo) en 160 tuvo el efecto típico en los países que el sistema de D´Hont de hacer aritméticamente posible que opciones que antes no alcanzaban tener representación en el Congreso ahora puedan con una menor cantidad de votos. Por otro lado, por un tiempo se acentúo el sistema denominado por Jonatán Lemus de “partidos franquicia” por el que se fueron creando más partidos por promotores urbanos con candidatos a Presidencia que sólo llamaban a participar en la “ficha” o “marca” a caciques territoriales a cambio de prebendas clientelares. Algunos dicen que ahora el fenómeno va en sentido inverso, pero eso es materia de otra columna. Sin embargo, el fenómeno anotado fue, en la realidad, aumentando los incentivos para “crear más partidos”.
Sin atreverme a decir si hay causa – efecto o correlación o causalidad, las normas legales aprobadas en la época del FRG de la Ley de Descentralización y Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural cimentó y consolidó el sistema anterior y sumó un sistema de pago de campañas y financiamiento de las mismas en área rural y “territorializó” o llevó a los territorios rurales la corrupción y la descomposición de la obra pública en el interior de la República. De repente, crear “partidos” era redituable no sólo desde el punto de vista de “venta de candidaturas” sino, además, los caciques locales o regionales vieron la oportunidad de generar “focos de negociación” de obra pública por medio de “representaciones parlamentarias” aunque sea ínfimas.
Entonces, en resumen, el sistema de partidos políticos, el sistema de “representación proporcional de minorías”, la capacidad de los Comités Ejecutivos Nacionales de los partidos de designar candidatos donde no hay estructura partidaria y el Listado Geográfico de Obras, en conjunto, entre otras razones, llevaron a un sistema electoral y partidista donde 1) no hay partidos “reales”, 2) donde fundar partidos es negocio y, por ende, hay una proliferación de ellos, 3) es imposible formar mayorías parlamentarias como antaño, 4) donde para poder tener gobernabilidad, hay que “caer muerto” con efectivo o en obras, y 5) la infraestructura pública es de pobrísima calidad. Eso debe cambiar.
Los fenómenos anteriores se han agravado y con 23 partidos políticos disputando la presidencia y puestos de elección popular, el problema se vislumbra igual o peor en lo que muchos vaticinan como la próxima “peor legislatura de la historia”. Hay que recordar que el presidente Giammattei ha logrado cogobernar con mayorías relativamente amplias con el partido Valor, una facción de la fragmentada UNE y la UCN y demás adlátares teniendo una representación inicial de 17 diputados. ¿Cómo pudo hacerlo? Bueno, hay que ver las asignaciones a los Consejos de Desarrollo y las partidas para construcción de “infraestructura estratégica” en los últimos años para entender que lo que ha hecho es “comprarse” la “gobernabilidad” por medio de asignación de obra pública.
Salta a los ojos de todo ciudadano que a pesar los cientos de millones de presupuesto no hay carreteras en buen estado y mucho menos proyectos nuevos de “infraestructura estratégica” como las que Guatemala necesita en cantidades enormes (puertos, saneamiento, provisión de agua, etc.).
Ahora bien, el único partido que aborda una arista de este problema es el partido Cabal con su propuesta de reducir el Congreso. Sin embargo, reducir el número de congresistas quizá no solucione el tema de las prebendas y negociaciones políticas debajo de la mesa, pero sí puede reducir la cantidad de actores que lo hagan en beneficio de la gobernabilidad del país. Algunos señalan sobre este último punto, que la propuesta es sumamente desatinada precisamente por eso, porque reduce los “costos de coordinación de la corrupción”. Pero en todo caso, quizá lo que hay que señalar es que no aborda las otras aristas del problema, es decir, la corrupción de la confección del Listado Geográfico de Obras y los incentivos para forma partidos y las perversiones de nuestro sistema partidista.
Sin abordar esas aristas del problema, el efecto puede ser incluso contrario al buscado, al reducir costos de coordinar corrupción y además, hacer más difíciles a que ciertos grupos partidarios legítimos puedan acceder a representación en el Congreso. Aparte hay que tener una discusión franca de si queremos un sistema de representación proporcional de minorías o bien acercarnos al sistema mayoritario que, en el fondo, es lo que propugnan los que desean “distritos uninominales” (1 representante por distrito) o de distritos menores y, todo eso, implicaría una reforma constitucional.
Claro está que en los ejemplos de los Congresos electos en 1995 y 1999 no está la panacea. Claramente hubo “aplanadoras” que también abusaron de su poder mayoritario y además hubo de la más abyecta corrupción.
Sin embargo, cambiar la realidad del Congreso implica discusiones más profundas que cambiar su número, ya que debe implicar reformas electorales en la representación (reducir distritos, modificar listados cerrados y bloqueados, etc.), una reorganización administrativa profunda, una mejor ley de diseño y contratación de infraestructura pública y mejorar la gobernanza y justicia, en fin, en cada uno de estos eslabones es importante tener en cuenta que modificar uno de ellos aisladamente no es posible ya que todos afectan el sistema entre sí. La reforma debe ser integral. Los políticos deberían proveernos su visión sobre estos temas importantísimos. Exijámoslo.
