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Elena Martínez-Barahona en su artículo “Las Cortes Supremas como mecanismo de distribución de poder: El caso de la reelección presidencial en Costa Rica y Nicaragua” publicado en la Revista de Ciencia Política, volumen 30, número 3 del año 2010, expone que las Cortes Supremas y sus salas constitucionales, o los tribunales constitucionales cuando son especializados e independientes de los ordinarios, tienen varias funciones “políticamente relevantes”. La autora destaca las siguientes: a) La función de revisión constitucional; b) La función de revisión de políticas públicas, muchas veces materializada a través de la revisión judicial, que puede afectar políticas acordadas por los órganos políticos (Congreso o Ejecutivo); c) La función de rendición de cuentas o función de accountability, materializada en varios sistemas por el conocimiento de acciones constitucionales (e.g. amparo) en los casos de los excesos del Ejecutivo o del Legislativo, en los casos de corrupción y para ofrecer protección legal de los abusos arbitrarios contra los derechos humanos; y por último, d) La función de distribución de poder, que hace referencia a la capacidad de las Cortes Supremas o tribunales constitucionales de influir en la reasignación de poder en el sistema político de un determinado país.
Es innegable que ha existido un alza en el autoritarismo en el mundo. Basta ver las noticias y las publicaciones de centros de pensamiento que analizan la materia para enterarse. Sin embargo, uno de los rasgos predominantes que caracterizan el ascenso de regímenes autoritarios es el deliberado perjuicio a la independencia judicial, la disminución intencional de la revisión judicial de los actos administrativos y la politización de la elección de jueces y magistrados. En esencia, la eliminación de la capacidad de los organismos judiciales de ejercer controles republicanos o, dicho en otras palabras, contar con un Organismo Judicial “complaciente” al poder político. Claro está que cuando ocurre esto el principio republicano de “pesos y contrapesos” se vuelve una quimera y el Estado de Derecho inexistente. El poder político no tiene freno y se “concentra”. Esa concentración de poder de parte de los grupos políticos que ejercen el poder político de turno se está dando en muchos países, ejemplos cercanos de ello tenemos en El Salvador y Nicaragua pero también hay acciones en esa dirección en democracias más avanzadas como en Israel.
En Nicaragua, el FSLN desde los 1980´s tenía muchos de sus simpatizantes en el Poder Judicial. Sin embargo, con el “Pacto Alemán-Ortega”, un pacto en esencia de impunidad a cambio de control político, se convino un nombramiento partidista de los jueces entre el partido de Ortega y del Arnoldo Alemán. Estamos viendo ahora cómo afecta no tener un Poder Judicial independiente en Nicaragua ahora mismo. Su población está sujeta al poder omnímodo de Ortega y de Murillo.
En El Salvador, Nayib Bukele con su mayoría parlamentaria, con un “guión” muy similar al que en los últimos años ha sido seguido por algunos actores políticos en Guatemala en contra de la magistratura anterior de la CC, es decir, que se “extralimitó” en sus funciones, que usurpó poderes del Organismo Ejecutivo y que prevaricaron, votaron por remover a los miembros de la Sala Constitucional que no le era afín. Por otro lado, con una polémica Ley de la Carrera Judicial, Bukele y su mayoría parlamentaria, sometieron a la jubilación obligatoria a un tercio del Organismo Judicial salvadoreño, y claro, han o serán reemplazados por afines. Muchos hablan de un riesgo en el goce de las garantías constitucionales y de los Derechos Humanos, pero otros, únicamente están deslumbrados por su capacidad de ser un autoritario efectivo y el manejo de las maras. Más temprano que tarde se darán cuenta de los riesgos de no tener un organismo judicial independiente.
En un caso más reciente, en Israel, el recién electo por enésima vez Benjamin Netanyahu, está promoviendo una reforma judicial, en la cual de forma muy particular quiere reformar profundamente la forma en que se eligen los jueces y reducir la capacidad de revisión judicial. En cuanto a la elección de jueces pretende reformar el Comité de Selección de Jueces que está compuesto por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del gremio de abogados, dos miembros del Knesset (el Parlamento) y dos miembros del Gabinete, incluyendo al Ministerio de Justicia. Dicha composición trata de asegurar la presencia de jueces y magistrados técnicos, no políticos. El plan es someterlo a mayor control político. En cuanto a la revisión judicial, quiere diluir este poder regulando que una mayoría parlamentaria puede invalidar una sentencia judicial de la Corte Suprema. Asimismo, quiere limitar la capacidad de la Corte Suprema de revisar la constitucionalidad de las Leyes Básicas así como la capacidad de anular o declarar inconstitucionales normas con base en las Leyes Básicas. Lo anterior es de particular importancia por técnicamente Israel no tiene una constitución como tal, sino a lo largo de los años se han promulgado “Leyes Básicas” cuya aplicación jurisprudencial por la Corte Suprema ha sido la base de los derechos fundamentales de los israelíes. La reforma Netanyahu pretende modificar ese arreglo existente. Por último, la reforma pretende reducir la capacidad las cortes de revisar judicialmente los actos administrativos. A todas luces la reforma pretende reducir la cuentadancia, los controles republicanos y aumentar el control político sobre el organismo judicial. Esa batalla aún se está dando, en el cual los sectores empresariales han montado oposición a las reformas que debilitarán en el largo plazo el poder judicial. Son obvias las intenciones de Netanyahu y sus aliados de concentrar poder.
En Guatemala desde el 2019 se ha venido erosionando la garantía de la independencia judicial. Tenemos una Corte Suprema de Justicia cuyo plazo de funciones ha finalizado. Percibida complaciente con el poder político el Congreso es renuente a elegir a su reemplazo. Eso aunado al alineamiento general de las instituciones de control del Estado con el poder político crea una sensación de que en Guatemala los derechos no están seguros, la libertad no está asegurada y que se depende de la aquiescencia del poder para no ser afectado. La libertad de expresión está en riesgo, los ataques a la prensa y, especialmente la más crítica, son pan de todos los días. Sectores que en otras épocas alzaban la voz ahora guardan silencio por miedo. Por no defender la independencia judicial nos estamos volviendo siervos del poder político, tal cual ocurre en Nicaragua o Cuba, cada vez más en El Salvador y, probablemente en Israel si los políticos que promueven la reforma se salen con la suya. En Israel, con su gran sector empresarial de tecnología de vanguardia y un vibrante ecosistema de start ups están dando batalla. Es lamentable muchos están dormidos aquí.
