Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
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En mi columna de fecha 19 de enero del presente año titulada “¿En camino de ser “Guateragua”?” describía el proceso de deterioro de la democracia nicaragüense y algunas similitudes y paralelos con la degradación democrática acelerada que estamos sufriendo en el país. Para redactarla tuve la oportunidad de conversar con una persona que estuvo vinculado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y que posteriormente se volvió opositor de Daniel Ortega y que ahora, como muchos opositores, se encuentra en el exilio.
Del relato del disidente sandinista y de investigaciones efectuadas pude extraer que “el principio del fin” de la debacle democrática en Nicaragua se dio con el “Pacto Alemán-Ortega”. Daniel Ortega sabía que su base electoral rondaba alrededor del 35% del electorado en el 1996. Sin embargo, el FSLN tenía pocas posibilidades de obtener la mayoría absoluta en las elecciones presidenciales, y tampoco sería probable que el FSLN prevaleciera en una segunda vuelta contra un candidato unificado de la oposición. Ortega eliminó estas barreras engatusando a Arnoldo Alemán (cuya gestión fue reconocida por ser corrupta) y a otros líderes políticos a reformar la constitución para permitir que un voto del 35 por ciento decidiera una elección presidencial (siempre que el ganador tuviera al menos un margen del 5 por ciento sobre el 2º lugar). La moneda de cambio fue la impunidad y algunas otras ventajas políticas a Alemán ya que el FSLN había acumulado poder en las cortes y en el interior del país. Desde allí, a cambio de la impunidad pactada, si Ortega pudiera mantener su base de 35 a 40 por ciento, podría terminar primero y ganar, siempre que la oposición presentara dos o más candidatos competitivos. El acuerdo o “Pacto Alemán-Ortega” también preveía nombramientos partidistas para las principales instituciones de supervisión, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema, entre otras dependencias. Ortega usó astutamente su influencia en el sistema judicial para chantajear a Alemán, quien enfrentaba múltiples cargos de corrupción, para asignar cada vez más puestos de personal a los leales al FSLN; a cambio, los tribunales eventualmente redujeron drásticamente las sentencias de Alemán y le permitieron el lujo del arresto domiciliario. De particular importancia es tener en cuenta que en Nicaragua había una “dualidad de fuerzas políticas” que aglutinaban las fuerzas políticas, el “Sandinismo” y los “Anti-Sandinistas”. Parte de la tragedia de Nicaragua es que ese esquema dual de fuerzas políticas, por manipulaciones y acuerdos políticos a espalda del pueblo para generarse impunidad entre “caudillos” fue lo que llevó a la implosión de la democracia en Nicaragua.
En Guatemala existe un cuasi “Pacto Ortega/Alemán” para perpetuar el status quo, cooptar las instituciones de justicia y de persecución penal para generarles impunidad a muchísimos actores y, paralelamente, con el eufemismo de deshacerse de los “activistas de izquierda” en la judicatura, están destituyendo o exiliando a incómodos jueces y magistrados en casos de corrupción o justicia transicional que no responden a la alianza de impunidad. El pacto no está elaborado para crear la elección de un caudillo, como Ortega, pero sí para generar la continuidad del status quo e incluso, de forma similar a Nicaragua. La acumulación de poder gradual del FSLN y la pareja presidencial fue vista con asombro en las elecciones 2021 en las cuales teniendo control absoluto del país criminalizó toda oposición política para no repetir “el error” de 1990 de permitir elecciones donde se sabía perdedor. Criminalizó candidatos de oposición, activistas, periodistas, e incluso a gran parte de la cúpula del COSEP (el CACIF de allá) con el que antes sostenían una estrecha alianza. Décadas de cooptación y acuerdos bajo la mesa habían llevado a Ortega a consolidar el poder en una dictadura no distinta a la de la familia Somoza que lo llevó a empuñar las armas. La democracia ha muerto en Nicaragua.
¿Cómo viene a cuento esto en Guatemala? Viene a cuento porque Guatemala tiene elecciones en el 2023. El régimen actual tiene control sobre todas las instituciones de control del país (MP, PGN, PDH y Contraloría General de Cuentas). El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se rumoran sus afinidades partisanas. De forma muy similar a Arnoldo Alemán en el 1996, la administración actual tiene el incentivo de generarse de alguna forma su continuidad, sea por el mismo partido, o por afines, que mantengan el status quo y su propia impunidad. A diferencia de lo que ocurrió en Nicaragua, la administración actual no tiene una contraparte fuerte (FSLN (Ortega) – Partido Liberal Constitucionalista (Alemán) ¿Qué irá pasar? ¿Cuál será su maniobrar futuro?
Alemán cometió un error de cálculo al pactar con Ortega. Confió que el sucesor de su propio partido respetaría el “Pacto Alemán-Ortega”. Lo que no calculó Alemán es que la elección de su vicepresidente, Enrique Bolaños Geyer, como presidente en 2001 (sirvió de 2002-2007), en lugar de consolidar su poder sobre el PLC, profundizó su persecución penal porque Bolaños quería generarse autonomía política, y para ello, incluso se alió con el FSLN, para retirarle la inmunidad y procesarlo y para generarse gobernabilidad. Bolaños era de cierta forma un “outsider” político. Si el régimen actual toma acervo de lo ocurrido en Nicaragua con Arnoldo Alemán tendrá “cuidado” de no favorecer a algún aliado que pueda ser demasiado “autónomo” o que no tenga relación afianzada con actores políticos, militares y con el aparato estatal. Es conocido que el partido oficial tendrá su candidato presidencial en Manuel Conde, pero sus posibilidades de buenos resultados electorales pareciera que son muy bajas, aún y cuando tienen control de todo el aparato estatal y con muchos recursos para adoptar estrategias clientelares. Pareciera la apuesta es por el Congreso. Luego se vislumbran que existirán alrededor de unas veinte (20) candidaturas más. ¿Cuál será la idónea para el régimen actual para sus fines? En este momento nadie lo sabe con exactitud. Hace unos meses se pintaba que iba ser la candidata de Valor, Zury Ríos, ya que han tenido una profunda alianza en el Congreso. Hoy eso no parece seguro. El régimen tiene las armas para no dejarle competir dada la prohibición constitucional existente y lo mismo puede hacer con muchos otros candidatos con la instrumentalización del MP y las leyes electorales. Todo parece que, para calamidad del pueblo de Guatemala, el resultado de las próximas elecciones se decidirá por quien el régimen actual decida que pueda ostentar la menor “autonomía” posible, y con ello, su posibilidad de gobernar efectivamente. Eso sería una tragedia para Guatemala y debemos reaccionar ya.
