Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
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El corporativismo en la ciencia política es la doctrina por el cual el Estado permite que organizaciones y cuerpos sociales (universidades, sindicatos, colegios profesionales, cámaras empresariales, etc.) integren órganos del mismo en un cuerpo colegiado para la toma de decisiones y representaciones de interés. En Guatemala, este sistema se ha usado durante décadas para integrar cuerpos colegiados en órganos del Estado particularmente dándole participación en representación de intereses a los sindicatos, a la Universidad de San Carlos (Usac) y al “sector empresarial organizado” (CACIF), pero también dependiendo de la materia, se incluye a los gremios profesionales, siendo el más privilegiado el de abogados.
Sin embargo, el corporativismo en Guatemala no sólo se ha manifestado en la integración de los cuerpos colegiados de dirección de órganos del Estado sino también se ha usado en una vertiente de darles funciones a los “intereses representados” como postuladores, así, por ejemplo, el ejemplo más representativo es el de las elecciones de Cortes, en el cual se le otorga participación en la postulación al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), a las universidades y a las asociaciones de magistrados. En esta columna he criticado el modelo anterior porque se ha prestado a conflictos jurídicos e institucionales ya que ha creado una politización extrema de la misma elección en la que los grupos de interés “representados” se busca cooptarlos por las mafias, los sectores empresariales y los actores políticos, entremezclándose entre sí, para tener autoridades judiciales afines a sus intereses.
Hoy en la agenda nacional está la elección de Fiscal General. Según el artículo 251 de la Constitución el Fiscal General debe ser “…nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del país, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Presidente del Tribunal de Honor de dicho Colegio”. Nuevamente vemos aquí el recurso a la representación de cuerpos intermedios, los decanos de las universidades y a representantes del Colegio de Abogados y Notarios, ejerciendo labores en las comisiones de postulación. El diseño fue creado con buenas intenciones. Se pensó que los decanos de las facultades de Derecho o de la asociación gremial de abogados pudieren fungir como reserva moral para que la elección de la nómina fuere transparente y salieran nominados los mejores. No obstante, el sistema se ha convertido en perverso y su razón de ser ha sido superada por la “viveza” de sus captores ya que resultado en incentivos siniestros para “politizar” la elección de Fiscal General (y las Altas Cortes) por medio de corromper la academia con la fundación de universidades de cartón y de pervertir la asociación gremial con estrategias clientelares. Existen decanos que están a la altura de la tarea a ejecutar, pero otros, son instrumentos de grupos de poder corruptos. Las autoridades gremiales han dejado de estar lideradas por lo mejor del gremio para serlo por los que tienen mayor “fuerza electoral”. El prestigio y la honorabilidad que se pensó serían la salvaguarda contra elecciones “políticas” ha sido superada precisamente por mayor politización indeseada, tanto de la academia como de los gremios.
El recurso al corporativismo, por diseño o por cabildeo, ha sido muy beneficioso para ciertos sectores que han tomado cuotas de poder mucho mayores a las que pudieran tener dado su peso relativo. Sin embargo, me parece que el corporativismo no solamente ha afectado la calidad de la academia y las autoridades gremiales, sino incluso el desarrollo de la democracia en Guatemala. Ello porque los “sectores representados” al tener cuotas de poder por decreto, no buscan promover sus intereses por medio de los procesos democráticos y la política partidista. En lugar, teniendo ya “silla” en la toma de decisiones han preferido en algunos casos financiar campañas sin compromiso de agenda política porque ya de por sí el “control político” lo tienen a nivel de órganos del Estado. Otros ni eso hacen. La pobreza de los partidos políticos y su falta de propugnación de ideologías definidas, tiene su explicación en que los “intereses” o “grupos” que deberían formarlos e “integrarlos” y avanzar la agenda política de un país “fuera del Estado” pero buscando por los cauces democráticos acceso a su poder, en realidad, estén haciendo política “dentro” del Estado, y por ello, ven innecesario el cauce de la política partidista democrática. Esto es perjudicial para la democracia del país y para el Estado de Derecho, debemos buscar reformar nuestra institucionalidad y alentar la verdadera discusión política por vía de la política partidista dejando de lado el enfoque corporativista. En cuanto a la elección de funcionarios, debemos cambiar el sistema buscando por medio de una reforma constitucional que, de verdad, se ponga primacía en la “reconocida honorabilidad” e “idoneidad” que manda el artículo 113 de la Constitución Política y no a negociaciones entre los miembros de las Comisiones de Postulación. El sistema de comisiones de postulación, y el corporativismo en general, han probado ser inidóneos para Guatemala.
