El Papa Juan Pablo II y el presidente Reagan formaron una colosal alianza coyuntural en la segunda parte de la década de los 80´s del siglo pasado. Con esa potencia combinada lograron dar el golpe de gracia a la desfalleciente Unión Soviética. ¿Qué era la Unión Soviética? Era un imperio disfrazado de alianza voluntaria de muchos países, de diversas culturas, religiones y regiones. A lo largo de ese vasto territorio –uno de los mayores de toda la historia— imponían un sistema comunista, una ideología atea, un rígido control de los ciudadanos y un sometimiento del individuo hacia el Estado. Claro, no existe tal utopía de “Estado” (eso es una hipostatación), lo que sí había eran sagaces oportunistas que aprovechaban el escenario para hacerse con el poder despreciando cualquier proceso democrático. Eran los inamovibles líderes supremos, la “Nomenclatura”, el círculo cerrado que acaparaban activistas políticos, casi todos ellos egoc
éntricos, desalmados, pragmáticos, más interesados en satisfacer sus agendas particulares. Valgan de ejemplo el mismísimo Josef Stalin, Lenin, Beria, Molotov, Breshnev, y después Castro, Ortega, Maduro, etc.
El término soviético viene de “soviet”, cuya traducción del ruso viene a ser “consejos” o células básicas de la población. Algo así como nuestros “Cocodes”. Ciertamente la condición de los campesinos de todas las Rusias era deplorable, miserable. Igual era para la gran mayoría de las poblaciones urbanas. En las ciudades había hambruna, desempleo, maltrato, falta de vivienda, insalubridad, en todo caso un total abandono del Estado. Por lo mismo el terreno estaba más que abonado, era suelo fecundo, ideal para que echaran raíces las ideas revolucionarias. La propaganda bolchevique ofrecía, en líneas generales, dos ideas: a) un mundo fantástico donde no habría explotación y todos fueran dueños de los bienes (el Paraíso de los trabajadores); b) una revancha histórica, un ajuste, contra aquellos que a lo largo de las centurias esclavizaron a los desposeídos (los nobles y los terratenientes). Esas dos consignas, cual canto de sirenas, embobaron a la población. En ese contexto y para controlar lo más profundo de las bases diseñaron un sistema vertical, piramidal, que arrancaba desde los caseríos a los barrios, colonias, sectores, luego a zonas, municipios, provincias, etc. Así empezaron con los comités de barrios, los jefes de manzana, la asociación de vecinos, los comisarios de zona, los encargados de área, los líderes municipales y así, subiendo, en la escala piramidal hasta llegar a la comandancia suprema, al secretario general del Partido Comunista. Las principales finalidades de este diseño eran: control inmediato de los movimientos en cada vecino y la pretensión que todos participaban, desde los cimientos, en la construcción del nuevo Estado socialista. En todo caso, el fin más importante es que constituía una rígida estructura jerárquica y disciplinada.
Ese mismo concepto de “organización desde la base” lo recoge nuestra Constitución Política (CPRG) bajo el manto de la “descentralización administrativa”. Tal desarrollo regional lo proclama el literal b) del artículo 119 y luego, la misma CPRG, crea los consejos, nacionales y regionales de desarrollo urbano (artículo 224 y 225) consejos que la ley habría de desarrollar. La citada ley apareció pronto, el decreto 52-87 que prácticamente pasó inadvertido. Por eso, después de los Acuerdos de Paz que reclamaban una participación ciudadana (para evitar un nuevo conflicto) y como parte del compromiso se emitió el decreto 11-2002. En dicho decreto se demarcan cinco niveles: los tres previstos en la CPRG nacional, regional y departamental, previstos constitucionalmente; el nivel municipal, contenido en el Código Municipal, Decreto Legislativo 58‐88; y el comunitario, contemplado en los citados Acuerdos de Paz, “debiendo estructurarse desde la base de la población, para constituir un instrumento permanente de participación y representación de los pueblos maya, xinca y garífuna y de la población no indígena, así como de los diversos sectores que constituyen la nación guatemalteca, sin exclusión ni discriminación de ninguna especie, mediante la creación de los mecanismos y criterios idóneos en los niveles comunitario, municipal, departamental, regional y nacional”.
Cabe señalar que en la normativa orgánica de los consejos se traslapa con otras disposiciones legales. Al final no empalman las diferentes ruedas dentadas. Como una maquinaria imprecisa, temblorosa y poco efectiva. Los Codedes no aparecen en el código civil ni en el código municipal que es la verdadera base de la descentralización. Los Codedes tienen su propia conexión con el Estado casi al margen de la normativa tradicional; una especie de atajo legal. Son muchos los traslapes y codazos con la función del gobierno central y los ayuntamientos. Falta una coherencia sectorial.
En todo caso el diseño vertical desde las bases tiene su atractivo, tiene su gancho electoral. A los sectores populares los empodera haciéndoles creer que ejercitan una porción del poder; en este sentido es una herramienta publicitaria insuperable. ¿Quién no va a querer participar en los proyectos comunales? Agua, alcantarillado, caminos vecinales, centros de salud, energía eléctrica, etc. Pero la realidad nos ha demostrado que el nivel de ejecución real es muy bajo (un saldo no ejecutado de 6,200 millones). Se ha probado la ineficacia de ese sistema donde campea la codicia de los líderes (todos quieren su pedazo del pastel). Quienes promueven estas iniciativas contactan a los caciques de cada comunidad que son quienes van imponiendo sus caprichos sin perjuicio de los alcaldes, pero al final, todo este paquete se convirtió en un gran botín político, una moneda de cambio para los diputados quienes se reparten el listado de obras sin criterios técnicos ni evaluaciones.
Desde el punto de vista administrativo el andamiaje de los Codedes son un gran fracaso. Desde el punto de vista político pueden convertirse en herramienta muy útil pues un sistema que se estructura desde las bases populares va a tener consistencia, solidez (y muchos recursos), aunque no garantiza la democracia ni la inversión; además habrá mucho control de los ciudadanos. En el contexto de lo arriba expuesto llama la atención que para el 2026 se destine para los Codedes la bicoca de 10,821 millones de quetzales en adición a lo no gastado. Es mucho dinero.
