Se anuncian con trompetas, tambores, bombos y platillos las cruciales elecciones que habrá en el primer semestre del próximo año. Se respira la tensión en el ambiente, el aire está cargado. Y no es para menos, la institucionalidad republicana está de por medio. El Estado de Derecho depende en mucho del buen resultado de esos procesos. En orden cronológico, la primera selección es de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral; la convocatoria se debe hacer 60 días antes de la toma de posesión que es el 19 de marzo, o sea, a mediados del mes de enero. A la vuelta de la esquina. Al mes siguiente viene la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad cuyos 5 nuevos titulares deberán tomar posesión el 14 de abril de 2026 al igual que los 5 suplentes. Al mes siguiente le toca turno al nuevo fiscal general de la República que deberá juramentar su cargo el 16 de mayo. Una secuencia bien corrida: marzo, abril y mayo. El nuevo contralor de la Contraloría General de Cuentas toma posesión en octubre por el período 2026-2030.
En cuanto al TSE, se anticipa muy frenético el nuevo proceso. Han sido muchas las presiones, amenazas, denuncias, etc. contra los aún hoy magistrados titulares del TSE. ¿Qué se han hecho, por cierto? Por eso me cuestiono ¿quién querrá postularse para un cargo? O será alguien muy resiliente a las presiones o bien algún jurista muy acomodado al sistema. Es que el TSE debe preparar el escenario para las elecciones generales, en apenas un año y medio (c. junio 2027) que se anticipan sumamente convulsas, apasionadas, acaso violentas. En ese contexto se necesita un TSE que ponga en cintura a los ambiciosos políticos que no verán límite para extender sus artimañas. Aspirantes a diputados, a alcaldes, a presidente, etc. Se necesita un Tribunal firme, uno que controle el financiamiento ilícito, las campañas anticipadas, el uso de los medios para la propaganda, el acarreo y amenazas de votantes, etc. En esta elección los abogados tenemos el protagonismo total de la primera fase, la comisión postuladora, ya que van dos rectores (Usac y privadas), dos decanos (Usac y privadas) y un representante del Colegio de Abogados (CANG) los que preparan la lista de la que el Congreso, en una segunda fase, hará la selección final.
Del MP hay mucho que hablar pero me extenderé en otra ocasión, por el momento solo traigo a colación que, con Claudia Paz y Paz, con Thelma Aldana y con Consuelo Porras dicha institución ha tenido ciertas prioridades o como ustedes quieran llamarle; han sido sesgos, selectividad o preferencias. Creo que me entienden. Por lo mismo es muy importante determinar quién va a sentarse en la silla de Gerona; sobre todo es necesario coordinar los esfuerzos para combatir la corrupción en el Estado. La comisión de postulación la dirige el presidente de la CSJ (por eso las luchas internas) que debe tomar posesión el 13 de octubre; están también los 12 decanos de las facultades de Derecho; y el CANG a través de su presidente, Patricia Gámez y de la presidenta del Tribunal de Honor, Alicia Franco. Ellos le proponen a don Bernardo Arévalo una lista de seis finalistas de las que el presidente escogerá a “su” fiscal general. Como digo, ya hablaremos más.
Pero lo que haga o deje de hacer el TSE o el MP o el Congreso o el presidente, todo ello está bajo control de la CC. Por ello, la elección más importante, con mucho (¡by far!, diría mi amigo gringo), es la del tribunal constitucional. El ya citado Bernardo designará a un jurista (1 elector). Lo propio hará el Legislativo (160 electores) y también la CSJ (13 electores, en donde sigue la pugna por el poder, las corrientes subterráneas con miras a esa elección). A la Usac corresponde una designación (26 electores de las distintas dependencias). Y el CANG también elegirá un magistrado (45,000 electores).
Hay tiempo suficiente para que la JD del CANG prepare esa crucial votación de su designado a la CC. Los colegas están cada vez más conscientes de la importancia de participar, de que es su derecho y su obligación. Por algo hicieron juramento por la Justicia. Pero rehúyen esas largas colas. No se vaya a dar una paralización de la ciudad capital como en la reciente elección de la JD. ¡Vaya descomunal caos! Es que el único centro de boletaje fue en el Club de Oficiales. Ubicado al final del aeropuerto se formó un cuello de botella colosal (sobre todo en la primera vuelta); toda una encerrona. Muchos abogados querían votar, pero se abstuvieron por esos atascos. Ese fastidio es, precisamente, lo que aprovechan algunos grupos de interés que obviamente están motivados y financiados y apuestan por ese abandono de la gran mayoría de colegas. Solo vota un 30%; de allí saldrán los votos ganadores. Los incondicionales de los grupos de presión aceptan el fastidio con tal de seguir las consignas de los líderes (y claro, al final del conteo hay sarao). La elección debe ser abierta, sana y que gane el mejor, en buena lid, en sana competencia con la mayor participación de abogados.
Repito, hay tiempo para que la JD habilite tres puntos de votación: uno en la sede de Colegios Profesionales, zona 15, otro en el Parque de la Industria o el área de Majadas y otro, ya que tanto les gusta, en el citado Club de Oficiales. En todo caso se deben contemplar los derechos de los vecinos: que no se atasque el tráfico de la ciudad.
PD. En futuro cercano debe contemplarse el voto electrónico. Así se habilitaría el derecho de todos los agremiados. La actual JD puede asistirse de la IA para ir preparando el camino.
