Políticos y estadistas. El gobierno hizo amagues de ser estadista, bien por ello, pero falló como político. Es que no son lo mismo. El estadista es más desprendido y otea un extendido horizonte; el político es egoísta y su visión es a corto plazo. El estadista piensa en la próxima generación, el político en la próxima elección. Pero, para ser estadista hay que ser antes político porque es necesario tener el poder para imponer cambios; llegar al poder y mantenerse en él es quehacer muy difícil. No por el control de la población, es fácil manipular a esa masa de borregos, es por controlar a otros lobos que, con afilados colmillos, quieren dar un mordisco al poder.
Desde el punto de vista política la medida del gobierno, seguro obligatorio en 45 días (¿¡mes y medio!?) fue inexplicablemente torpe. Acción primeriza, ingenua, en todos sus componentes, incluyendo la prepotencia repetida: “no vamos a recular”, “nos mantendremos firmes”. (¿Cómo es que dijo?). No ha pasado ni un mes que el Ministerio de Ambiente tuvo que “recular” respecto de la clasificación de la basura. Los camiones bloquearon algunas calles y el gobierno no tuvo la palanca para imponer la norma. Se echaron para atrás. Asimismo, el anterior gobierno (lamento tener que recordarlo) en dos ocasiones trató de implementar este mismo seguro obligatorio. En ambas ocasiones, por las mismas protestas, se hicieron los locos; prorrogaron la fecha de aplicación. Buenos políticos pero malos estadistas.
Lo que debió hacer Arévalo, en papel de político pero “a lo criollo”, era fijar la vigencia el 14 de enero de 2028. El que venga atrás que se joda.
De la ley. El gobierno debió socializar los decretos; informar a la población, explicar, sobre todo que era una obligación legal desde 1996, durante el gobierno de Arzú. (¿Por qué no le protestaron entonces?). El artículo 29 de la Ley de Tránsito impone su obligatoriedad por mandato del Congreso, no del Mingob, a quien se le faculta para fijar “otros seguros”. En pocas palabras, 7 presidentes y a saber cuántos ministros se venían haciendo “los suecos” respecto a este mandato legal.
Negocio. Circulaban noticias en la red que, detrás de todo esto, hay un gran bolsón de dinero. Cerca de 15,000 millones de quetzales que entrarían a las aseguradoras. Desconozco el factor de riesgo o índices de siniestralidad, pero las aseguradoras conocen bien su negocio y, aunque paguen las indemnizaciones en casos concretos, buen porcentaje les habría de quedar. ¡Compro acciones!
Caos intencional. Otras noticias daban cuenta que era una jugada preparada: crear caos. Ya sea para empobrecer al país (¿se puede más?) o para imponer un estado de excepción. No lo creo. Si el papel lo aguanta todo, ahora imagínense las redes sociales.
Amparos. Desconozco los argumentos legales que puedan fundamentar los amparos interpuestos. Entiendo que impugnaban por una pretendida desigualdad. Algo jalado. Pero el otro argumento: que el pueblo no tiene para hacer “otro pago” tampoco le veo fundamento. Como que dijeran que el impuesto de circulación es inconstitucional porque a los propietarios les cuesta mucho pagarlo. Entonces, deróguenlo. Alguien diría que si no tienen dinero para el seguro, que no tengan vehículo. Muy duro, tomando en cuenta que transporte colectivo público es casi inexistente. Todas estas verdades giran como torbellino que desnuda nuestra triste realidad: somos un país muy pobre… gracias a la corrupción
Seguros necesarios. Desde hace meses no saco mi Bentley dorado ni mi Bugatti carmesí. Y tanto que quiero echar chile; pero temo que un picop, que trae piñas de El Jocotillo (a mucha honra), me choque una lodera y no tenga para pagarme (daños a terceros). Y, a su vez, el conductor del dicho picop no quisiera que lo arrastrara un camión, lo deje herido, junto a su esposa, con su instrumento de trabajo destruido y el chofer del camión no tenga como resarcirlo. Ciertamente, los seguros son necesarios. Si los tribunales aplicaran las indemnizaciones como corresponde, creo que todos estaríamos más conscientes de, voluntariamente, adquirir un seguro.
Orden en archivos. Hablemos sólo de las motos. Se calcula que circulan unas 3 millones y de los que solo 1.3 millones tienen licencia y papeles en orden (bueno, más o menos). Por lo tanto, los 1.7 millones tenían que arreglar sus papeles en 45 días para tener seguro. Por cierto, todos los días, muy, muy, lamentablemente, salen golpeados o fallecidos, varios motoristas. ¿Quién por ellos?
Control. El problema no sólo es económico (la gente no tiene dinero), también es el desorden administrativo. El seguro se extiende a los propietarios de las unidades y ahí está el detalle. Lo engorroso y caro de los traspasos de vehículos hace que mucha gente lo deje “para después”. Y hasta vende nuevamente. Peor es el caso de las motos y picops. Si detienen a un motorista es muy seguro que no tenga licencia ni los papeles de propiedad que estarán a nombre de saber quién (por no mencionar las motos robadas). Igual es el caso de más de 5 millones de vehículos
Financiamiento. Estos bloqueos estaban bien coordinados. Tenían logística para la acción simultánea en 30 puntos del país. Contaban con cierto financiamiento. ¿De dónde? Obviamente, que ya no se puede señalar a la USAID.
Ironías. Muchos pensaron, entre ellos yo, que la única salida que tenía Arévalo era “recular” cargando con el desgaste. Y qué bueno que lo hizo. Pero las cosas en este mundo dan muchas vueltas, a veces inesperadas. Ahora resulta que el presidente “es un sabio” y “alguien que escucha a la gente” (sic). Así lo dijo un dirigente de gremial de transportistas. Además, se consolidó como “quien decide”. ¡Sorpresas me da la vida!
PD. Bien que se mantuvo la institucionalidad en el CANG en cuanto a la fecha de traspaso. (¡Aló, CSJ!). Dos mujeres presiden, por primera vez, los cuerpos colegiados. Les toca cumplir con las promesas de cambios y mejoras. Ya veremos, Patricia Gámez y Alicia Franco.
Item más. ¿Y las protestas por el grotesco aumento de los diputados?
