Ciertamente, las estadísticas nos proporcionan información sobre diferentes aspectos. En el campo de la productividad tenemos el PIB, la PEA, la canasta básica, los índices de productividad, niveles de corrupción, la facilidad para negocios, etc. Pero son datos impersonales, fríos, distantes. Son solo números. Pero, hay acontecimientos que, de manera totalmente imprevista, nos presentan otro aspecto de la realidad. Nos dan una lectura más cruda y palpable. Descarnada. De manera brutal complementan las abstractas estadísticas. El lunes de la semana pasada nos despertamos con la desgarradora noticia que un bus, lleno de pasajeros, se desbarrancó. El recuento de los fallecidos iba subiendo hasta llegar al 54. ¡Calamitoso! Casi todos los viajeros iban a su trabajo y para ese efecto se levantaban, cada día laboral, a las 2 de la mañana para poder abordar el madrugador bus de las 3. Desconozco los datos de cuántos de ellos eran empleados formales y cuántos estaban en la informalidad. También ignoro qué salarios promedio devengaban. Sin embargo, dadas las demás circunstancias, estoy casi seguro que sus ingresos eran mínimos. Madrugaban para mantener “su chamba”, su necesidad de subsistencia.
Otro hecho lamentable complementa el cuadro anterior; son los paisanos deportados de los Estados Unidos. Fueron allá porque aquí, en su terruño, no encontraron empleo o lo que les ofrecían eran salarios muy bajos, acaso en pagos a la sombra, menores del salario mínimo. ¿Qué van a hacer ahora, al retornar a su patria? ¿Qué posibilidades de empleo tienen? ¿Cómo van a sobrevivir? No me extiendo más porque ustedes comprenden bien la situación.
Viene a cuento lo anterior por el aumento de ingreso mensual que se despacharon los diputados. Esa acción no es justa. Ni moral. Y ustedes lo saben. ¿Dónde están aquellos discursos de campaña de que “estoy con el pueblo”? Aquellas proclamas: “que me sacrificaré por todos, especialmente por los más necesitados”. Que llegaban a servir y no a servirse de la política. Acaso la codicia y la ambición se agazapaban detrás de todos esos enunciados, propios de la campaña electoral. Anuncios y promesas que se disfrazaban con la careta de la falsedad y el engaño. La pura demagogia. La farsa electoral de cada cuatro años en la que “se vale de todo». La triste creencia que “el pueblo es pendejo y todo lo aguanta”.
La población pronto se decepciona de muchas personas y de planillas. Por ejemplo, mucha gente tenía esperanza en la “juventud idealista” del partido Semilla. ¿Qué se hicieron? Ciertamente no votaron a favor del aumento, pero no se han opuesto con la misma enjundia de otras leyes, como la aprobación del presupuesto o de la ampliación presupuestaria. Allí sí sacaron los colmillos.
Para empezar, a su pago no le llamemos salario porque ustedes, los dignatarios de la Nación, no son empleados, no son asalariados. La característica principal de una relación laboral es la subordinación, esto es, acatar las órdenes de los empleadores. Ustedes no tienen “jefe”, nadie que les imparta instrucciones y los amoneste, o despida, en caso de incumplimiento. No. Dios nos guarde. Ustedes representan a una fracción del pueblo (el distrito que los eligió) y su única orientación para emitir su voto es su conciencia y la creencia por el mejor resultado para sus electores. Además ustedes no dependen del pago que reciben del Congreso para poder subsistir. Tienen otros ingresos; tenían alguna actividad lucrativa, misma que mantienen mientras son diputados (tal vez con disminución) y retomarán al dejar la curul. Tampoco tienen horario como tal, ni se les va a “despedir” por inasistencia. Por otra parte, aun suponiendo que fuera una relación de subordinación, el plazo del vínculo está claramente definido: 4 años, por lo mismo no hay “factor sorpresa” que se produce cuando se da un despido injustificado. Llamémoslo entonces retribución o pago. Por las mismas razones –de no ser empleados– no procede la indemnización, como bien lo acentuó la CC.
En comentarios radiales con el doctor Carlos Anleu, Radio Punto, éste decía que la aprobación del aumento lo hicieron “como ladrones en la noche”. Estoy de acuerdo. De manera subrepticia “colaron” el aumento y la indemnización como para “que no se notara” y al final de una ley muy extensa: aprobación del presupuesto.
Su ingreso, señores dignatarios, es aceptable: 29,500 quetzales, que se adiciona a sus entradas regulares. La equiparación con el salario de los magistrados de Sala es a todas luces improcedente. Señal de algún tipo de complejo. Para ser diputado solo se requiere ser mayor de edad y obtener votos suficientes. Para ser magistrado se necesita ser abogado y mucho estudio de Derecho y el ejercicio de la judicatura, la responsabilidad es personal y directa (a diferencia de un voto entre 160); también es menester renunciar a cualquier otra actividad que genere ingresos. De hecho, algunos magistrados son trasladados a ciudades diferentes de su habitual residencia.
En 2003, hubo intento de subir salarios a Q50,000 (acuerdo legislativo 44-2003) pero el rechazo popular hizo que dieran marcha atrás con el decreto 56-2003: “Los organismos, órganos o funcionarios (…) no podrán fijar para sí o para quien ostente el cargo respectivo, remuneraciones a las que se refiere el presente artículo ni aún cuando fuere aplicable a un período posterior (…)”. Ahora insisten nuevamente. Es razonable una discusión sobre un aumento pero, en todo caso, pensemos en un diez por ciento, algo parecido al aumento al salario mínimo, pero no el grueso incremento que aprobaron.
Bien por los diputados de VOS que plantearon el amparo. Bien por el presidente Nery Ramos que con mucha dignidad y realismo ha manifestado que no está de acuerdo con el aumento y que acatará lo que ha ordenado la CC en que la junta directiva haga una adecuación técnica-financiera y que nuevamente vote el pleno. Y mi representante ¿cómo votó? Ojalá que esta nueva votación se haga visible (no por medio del tablero ni de la transmisión tan rápida). Que sepamos quién votó. Por cierto, el sistema político es tan cerrado, tan perverso que, aunque el pueblo decidiera no votar por esos diputados que ratifiquen el aumento, seguramente, esos mismos van a aparecer en las primeras casillas en el 2027. ¡Qué le vamos a hacer!
Un principio jurídico-ético establece que nadie, ninguna autoridad, puede resolver en favor de sí mismo. En todo caso que el aumento aplicara en la próxima legislatura. Por cierto que ese nuevo salario (en caso de permanecer) será un nuevo aliciente en la descarnada lucha por las diputaciones. Uy.
Si la democracia recoge la voluntad popular, entonces: a) ¿por qué no hay solamente 80 diputados? b) por qué no votamos de manera personal por determinado candidato a diputado; c) por qué se permite la reelección ilimitada de los diputados. Los tres puntos son reclamos populares.
Ustedes son, ya lo dije arriba, son los dignatarios de la Nación (artículo 161 CPRG). Que no sea solamente un título. No. Que en su actuación sean congruentes con esa dignidad y realismo. Hay muchas carencias y desempleo. Ustedes lo saben.
