El principal problema de Guatemala es que no hay empleos. Tenemos un clima privilegiado, naturaleza exuberante, ubérrimas praderas, abundante agua fresca, buena posición geográfica, etc. Somos privilegiados, pero sufrimos de una grave escasez de empleos. Hablo de falta de empleos, no de falta de trabajo. No es lo mismo. Al decir empleo me refiero a una ocupación digna con un sueldo aceptable. Los empleos no los genera el Estado, los generan los particulares, en especial, aquellos empresarios que se embarcan en un proyecto en procura de ganancias. ¡Qué bueno! Ojalá todos tuvieran la ambición y arrestos para iniciar un negocio o una actividad lucrativa, grande o pequeño. Que se enfrente a problemas de financiamiento, riesgos de quiebra, competencia, capacitación de colaboradores, licencias y toda la jungla burocrática.
Por qué no tenemos más empleos. Para empezar, la educación. El grueso de nuestra población tiene una educación muy deficiente. ¿Qué habilidades pueden ofrecer a un potencial empleador? Luego, el clima de inseguridad. La falta de infraestructura.
Los jóvenes que salen de los centros de estudios, impulsados por ese vigor propio de los años veinte, se decepcionan cuando no encuentran empleo. Se dedican a la vagancia, a la informalidad o la delincuencia (es más rentable). Muchos emigran hacia el Norte. Lamentable. Por eso se ejerce tanta presión al aparato estatal: muchos pugnan por conseguir “un hueso”, un contrato en cualquier oficina, etc. El presupuesto todo lo aguanta, el servicio a la población es lo de menos. La dinámica electoral se desvirtúa y se convierte en una carrera por los puestos gubernamentales.
Pero los primeros lugares en esa lista de obstáculos a la iniciativa empresarial la ocupan: la falta de certeza jurídica (tema de otra columna) y la jungla burocrática que atrapa a cualquier emprendedor y es a este último tema con el que quiero continuar.
Por ejemplo, en un condominio de San Lucas Sacatepéquez querían cortar unas ramas de ciprés que se extendían por el camino comunal. Para evitar multas fueron a la Municipalidad. Les dijeron que, previo a autorizar el corte debían contar con un “estudio de impacto ambiental”. ¡Por favor! Igual estudio piden para que un vecino construya una simple pérgola. Hasta a una venta de tacos y tortillas le exigieron dicho estudio; la propietaria averiguó y le costaba Q5mil. ¡Por favor! Un amigo tiene unos terrenos por Santiago Sacatepéquez. “¿Por qué no sembrás árboles?” “Por menso, para que a la hora de cortar un solo pino me venga citación del juzgado de paz. Traté de obtener licencia para cortar dos pinos e hice tres viajes a La Antigua. Por eso no siembro nada, que estas manzanas se queden pelonas.” ¡Qué pena!
Pero entre miles de casos hoy me quiero referir a un incidente reciente. Un trabajador fue despedido y se le pagaron sus prestaciones. Molesto, acudió a la Inspección de Trabajo y a los pocos días llegaron dos inspectores. Al parecer tenían la consigna de ver cómo “se vengaba de su ex patrono”. ¿Tienen reglamento interior? Sí hay. ¿Botiquín? Si hay. Pero encontraron una laguna con el “comité de salud y seguridad ocupacional”. ¿Lo tienen? La verdad, no. Ajá. Aquí va la multa –cinco salarios mínimos—y una citación para la próxima semana.
Además de integrar el comité de salud deben tener un estudio, un Plan de Salud y Seguridad. ¿Cuánto cuesta el estudio? Bien, por las oficinas centrales Q16,000; por las tres oficinas departamentales (sólo hay tres o cuatro escritorios en cada una), Q62,000. ¡Por favor! Nadie niega la necesidad de consolidar un ambiente de seguridad, ni el derecho de devengar honorarios de quienes realizan esos estudios. Pero ¿son necesarios dichos planes? Por cierto que la reunión en la Inspección de Trabajo se realizó en un salón donde están apiñados 20 escritorios, sin una ventana y aire muy cargado, sin extinguidores, ni baños en ese nivel, sin vías de escape en caso de emergencia. ¿Qué tal?
Si la IGT visitara las empresas y centros de trabajo vería que son pocas, muy pocas, las que tienen el citado Plan de Seguridad. ¡Ahí van las multas! Y, además, la obligación de que en 2 semanas tengan el referido plan. A todo esto ¿realmente va a mejorar la higiene y seguridad el referido plan? No lo creo. ¿Acaso no son los propios empleadores, o los trabajadores, los más preocupados por tener condiciones seguras en el trabajo? ¿Por qué colocar más trabas y costos a los empresarios? ¿Por qué encarecer los productos y servicios que deben pagar los consumidores?
