El editorial del martes 27 de agosto de este diario lleva como título “El País atorado reclama un diálogo nacional” y con toda razón el editorialista de La Hora escribe que “Llevamos ya más de siete meses soportando ese desgastante enfrentamiento del Ministerio Público (MP) con el Presidente de la República y no se vislumbra en el corto plazo una solución al grave problema que significa ese deterioro institucional generado por el órgano llamado a realizar la investigación criminal, pero que está obsesionado con ver cómo se bajan a Bernardo Arévalo del poder. Y el gobierno, mientras tanto, se debilita por la falta de acción y decisión, lo que nos hace pensar en la imperiosa necesidad de que se inicie un esfuerzo entre grupos de la sociedad guatemalteca para emprender un esfuerzo de país para lograr acuerdos que nos permitan salir del atolladero”.
Cualquier ciudadano sensato y con dos dedos de frente estará de acuerdo con lo expuesto. Sin embargo, si la “falta de acción y decisión” del gobierno responde –es nuestra hipótesis– a que, más que temer a un golpe militar del “pacto de corruptos” (bloque del crimen organizado junto con diputados, jueces, pseudomagistrados y en general con los politicastros desplazados del Organismo Ejecutivo gracias al triunfo electoral de Semilla) golpe que se ha venido fraguando desde mediados del año pasado, pero que ha fracasado ya que las fuerzas armadas han demostrado no solo su irrestricto apego a los mandatos constitucionales y al Estado de derecho, sino que también comprenden que el interés nacional debe prevalecer sobre los intereses de estos grupúsculos que actúan fuera de la ley, entonces solo va quedando el poder económico como factor determinante de la cautela y prudencia diplomática de que el presidente Bernardo Arévalo ha venido dando muestras.
De manera que si el presidente no desea que estos grupúsculos sigan obstaculizando sistemáticamente su acción de gobierno –algo que podría llevar al país a una situación crítica de ingobernabilidad– es indispensable que tome la decisión de destituir a quien encabeza el ataque frontal contra su gobierno. Hemos insistido en que el artículo 251 de la Constitución lo faculta para hacerlo por causa debidamente establecida y que la norma de la ley orgánica del MP que supuestamente “blinda” a la Fiscal General impidiéndole destituirla (y cuya reforma pidió el presidente al Congreso sin que este le hiciera el más mínimo caso) es nula ipso jure no solo por ser de menor jerarquía sino porque tergiversa el mandato constitucional. Por otra parte, el artículo 5 de la Constitución le otorga la libertad de acción, no solo al presidente sino a todos los ciudadanos de este país, para actuar de esa manera dado que –en el supuesto que la CC actuara inconstitucionalmente, algo que todavía está por verse– ni el presidente ni los ciudadanos guatemaltecos en general estamos obligados a acatar órdenes que no estén basadas en ley, menos aún que vayan en contra de la Constitución.
Lo que deseamos destacar es que el diálogo nacional que sugiere el editorial de este medio, si bien es importante para que la sociedad vaya llegando a consensos respecto a cosas tan necesarias como la renovación del sistema de justicia, el sistema electoral o el combate a la corrupción, la evasión fiscal o todas aquellas reformas que eventualmente deberían proponerse – si es que eventualmente se decidiera convocar esa Asamblea Constituyente que desde hace años están pidiendo los pueblos originarios – un diálogo con todos los sectores sociales no es el procedimiento más adecuado para ciertas decisiones (como la remoción de la jefa del MP) que competen única y exclusivamente al Presidente de la República.
Lo que si consideramos pertinente es que, dado que el presidente todavía cuenta con el apoyo tanto de la comunidad internacional como de los sectores populares y de todos aquellos ciudadanos que votaron por él esperanzados en que se llevaran a cabo los cambios necesarios para terminar con la degradación del sistema democrático, se cuente también con el apoyo del poder económico. Es probable que para ello sea conveniente tener algún tipo de acción comunicativa y convocar en consecuencia.
