Luis Alberto Padilla

Doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Paris (Sorbona). Profesor en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Es diplomático de carrera y ha sido embajador en Naciones Unidas (Ginebra y Viena), La Haya, Moscú y Santiago de Chile

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Guatemala no solo es un país fundador de la organización mundial –somos uno de los 50 países que la fundaron en 1945– sino que desde siempre hemos tenido una estrecha colaboración y presencia en ella. En los años sesenta, el Canciller del presidente Julio César Méndez Montenegro –  Emilio Arenales Catalán–   además de haber sido embajador ante Naciones Unidas, fue electo presidente de la Vigésimo Tercera Asamblea General. En la segunda década de éste siglo, gracias a la destacada labor de Gert Rosenthal – quien fue embajador representante permanente de nuestro país en Nueva York durante varios años, después de haber sido Secretario Ejecutivo de CEPAL y canciller durante la gestión del presidente Oscar Berger–  logró que nuestro país fuese electo,  por primera vez en nuestra historia,  como miembro no permanente del Consejo de Seguridad,  habiendo desempeñado una destacada labor durante los dos años que duró la participación guatemalteca en el Consejo.

Pero lo más importante son los beneficios que Guatemala ha recibido de Naciones Unidas: aparte de la cooperación “normal” que recibimos de  todas las agencias presentes en nuestro país y que son coordinadas desde el PNUD,  hay que recordar que en los años ochenta,  durante el largo y penoso  conflicto del ejército con los guerrilleros de la URNG, las denuncias de violaciones al derecho humanitario y a los derechos humanos llevaron  al nombramiento de relatores especiales de la antigua Comisión (hoy su categoría ha sido elevada a Consejo) de Derechos Humanos, dentro de quienes recordamos los nombres del Vizconde Colville de Culross, de Héctor Gross Espiel, de Mónica Pinto y de Christian Tomuschat –quien posteriormente presidió la Comisión de Esclarecimiento Histórico de  las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario durante el conflicto, Comisión  creada por los Acuerdos de Paz y en la cual también participaron Alfredo Balsells Tojo y Otilia Lux. Además debemos recordar el importantísimo papel jugado por Jean Arnault, nombrado por el Secretario General Boutros Ghali para mediar en el proceso de paz que se inició en 1991 y que culminó en diciembre de 1996. A todo ello  habría que agregar las funciones llevadas a cabo por Minugua, la misión de Naciones Unidas que se ocupó de monitorear el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y, por supuesto, el rol fundamental desempeñado por la CICIG en el combate a la corrupción durante los más de diez años que trabajaron en Guatemala, especialmente durante la gestión de Iván Velásquez,  cuando Thelma Aldana era Fiscal General.

En tales circunstancias las infames gestiones de los peores presidentes que hemos tenido en nuestra historia reciente, corruptos hasta la médula,  que se encargaron no solo de declarar “non grato” (Morales) al comisionado Velásquez –incluyendo la no renovación del convenio que autorizaba la presencia de la CICIG–   sino que a promover una ridícula persecución internacional (Giammattei) –cuando ya Iván Velásquez había sido nombrado por el presidente Gustavo Petro, Ministro de la Defensa de Colombia–  algo que constituyó  no solo una grosera manifestación  de ingratitud hacia quienes nos habían venido sirviendo durante años, sino que además el alejamiento de nuestro país se manifestó con el rechazo al multilateralismo y el  alineamiento con las posiciones una extrema derecha mundial que ve en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) una tenebrosa conspiración del  “globalismo” para poner límites a la soberanía. De manera que se puede decir que nuestro país de cierta forma estuvo “ausente” de la organización mundial durante esos lamentables ocho años de mal gobierno que,  sin embargo, gracias a la llegada de Bernardo Arévalo a la Presidencia de la República tal ausencia ha terminado pues, simbólicamente, gracias a su administración hemos retornado  a Naciones Unidas.

En efecto,  ya desde la presentación del informe de labores de Naciones Unidas 2023  la semana pasada, evento en el que  estuvieron presentes las más altas autoridades de gobierno incluyendo al propio presidente Arévalo, a la vicepresidenta Herrera así como el Secretario General de SEGEPLAN –Carlos Mendoza–   entre otros, fue notable constatar no solo el significado de  “reconciliación”  con Naciones Unidas que dicha presencia significaba sino que vale la pena mencionar que en el panel que contó con la participaron los principales directores de las agencias del sistema – y que tuvo otro significado simbólico digno de destacar, pues estuvo bajo la moderación de la primera mujer que ocupa la presidencia del CACIF, la señora Carmen Torrebiarte – ya que, a pesar del distanciamiento ocurrido por el tema de CICIG las Naciones Unidas han seguido cooperando con nuestro país. En el Informe 2023 se dice, por ejemplo, que  16.8 millones de dólares fueron  invertidos en 313 pequeñas y medianas empresas haciendo  énfasis en aquellas a cargo de mujeres consideradas como un  “pilar estratégico” dado que muchos de sus esposos se  han visto obligados a migrar a Estados Unidos; otros 93.6 millones de dólares fueron donados a la “Cruzada Nacional por la Nutrición” ( por cierto, la no solución del problema de la desnutrición infantil es realmente una vergüenza nacional,  tema señalado por Eduardo Stein al principio del evento) así como al Programa de Alimentación Escolar y al Registro Social de Hogares; 13.8 millones de dólares se donaron al área de paz, seguridad y justicia mientras que otros US$59.5 millones se destinaron a fortalecer instituciones como el INE en estadística y cartografía digital, al igual que  43.2 millones de dólares se donaron para contribuir al manejo sostenible de cuencas fluviales buscando disminuir la contaminación que daña el entorno medio ambiental.  ¡ Y todo ello fue llevado a cabo por Naciones Unidas durante el turbulento 2023!  Ya solo por eso Miguel Barreto –el coordinador residente– y a todo su equipo merecen nuestro reconocimiento.

Pero toca ahora hacer especial mención de las cuestiones dignas de destacar en el discurso del presidente Arévalo en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado lunes 3 de junio en Nueva York. Después de hacer referencia al hecho que Guatemala es  cuna de una de “las civilizaciones más esplendorosas que la humanidad haya visto” el presidente dijo que el pueblo maya “… con el que aún hoy se identifica la gran mayoría de guatemaltecos” después de sobrevivir “a generaciones de expolio y explotación” posee un conocimiento – una ecología de saberes como la llamaría Boaventura de Sousa Santos– que implica  la “… comprensión del respeto y el valor de la naturaleza, de la necesidad de conservar y proteger nuestra casa común, de que el futuro de la humanidad está inevitablemente vinculado al cuidado de su entorno. Los pueblos del centro de América lo hemos sabido siempre: el buen vivir de nuestros pueblos está inevitablemente ligado al bienestar de nuestro mundo en su conjunto”. Y aquí si hay referencia a algo substancial en el discurso del presidente, pues citar el concepto de Buen Vivir (Utzilaj K’aslemal) es hacer referencia a un concepto fundamental no solo de la cosmovisión maya sino de todos los pueblos originarios. En aymara, por ejemplo, buen vivir se dice sumak kawsay que, según la académica boliviana Silvia Rivera Cusicanqui,  significa que para vivir bien toda persona debe refrendar sus palabras con sus actosescuchar antes de hablar y nunca hablar de lo que no se sabe.  De modo que Buen Vivir, además de ese significado ético  de gran profundidad también conlleva, como dijo el presidente “… avanzar hacia un buen vivir justo y equitativo. Un desarrollo que incluya a cada una de nuestras comunidades y que fundamente la coexistencia pacífica entre nuestros cuatro pueblos, empeñados en forjar nuestro destino en paz, trabajando honestamente en el cuidado de nuestras familias” algo que, además supone la plena satisfacción, agregaríamos por nuestra parte, de los derechos económicos, sociales y culturales los cuales requieren, obviamente, políticas públicas en concordancia.

El presidente hizo mención también a la batalla que se tuvo que dar  para que se reconociera  la voluntad popular expresada en las urnas, pues fue  “…gracias al vigor de una sociedad civil que, inspirada por el liderazgo de las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, luchó en forma determinante para evitar que nuestra democracia se resquebrajara” y mencionó el hecho que la corrupción es una amenaza para la democracia, la paz y el desarrollo,  por lo cual se están haciendo esfuerzos– que calificó de tremendos ya que se trata de un problema estructural –para combatirla  “…A la fecha mi gobierno ha presentado más de 84 denuncias de gran corrupción ante la fiscalía. Hemos eliminado más de 1,300 puestos en el servicio público que eran parte de mecanismos de compra de voluntades y clientelismo. Hemos integrado una comisión especial con participación de la sociedad civil, que tiene a su cargo la identificación de casos, esquemas y patrones de enriquecimiento ilegal, para su denuncia inmediata y para generar conocimiento que permita diseñar políticas públicas efectivas para su prevención y combate”.  Hizo mención de las reformas clave (la ley del Ministerio Público) que se han pedido al Congreso para fortalecer el sistema de justicia “…porque la persecución de la corrupción requiere de una justicia independiente e imparcial” y señaló que se ha pedido a la OEA el envío de una misión de observación “…para el proceso electoral de integración de nuestra Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones, las cuales deberán renovarse en octubre de este año,  y que se encuentra asediado por estas redes criminales”.

Finalmente –pero no lo menos importante– el presidente colocó a Guatemala en la agenda de  reforma de Naciones Unidas,  no solo al referirse a la importancia del multilateralismo como eje central de nuestra política exterior (“El multilateralismo nos recuerda que la diplomacia, la cooperación y el diálogo son el único mecanismo que tenemos para abordar de manera integral los desafíos globales a los que nos enfrentamos.

 

Los retos globales que enfrentamos en estos momentos son enormes: los desafíos del cambio climático o de las migraciones generadas por la pobreza o las guerras; la erradicación del hambre y la superación de la pobreza; la búsqueda del bienestar y la justicia equitativa para todas las naciones. ”)  sino también al hacer notar que Guatemala ve con mucha preocupación el debilitamiento del orden internacional –que calificó como “amenaza existencial”– pues como consecuencia de que el  “…número de conflictos violentos en el mundo va en aumento, hay más de 50 conflictos violentos en este momento, con un aumento del 22% en los últimos cinco años.  La guerra en Ucrania, la crisis humanitaria en Gaza…”   todo ello requeriría  de una renovación de Naciones Unidas que ha visto su efectividad “obstaculizada y paralizada”  con   “…el ejercicio irresponsable del derecho de veto en el Consejo de Seguridad” todo lo cual demanda un multilateralismo renovado,  actualizando “el sistema de representación” para fortalecer el poder de la Asamblea General a fin de que ésta pueda actuar “cuando el Consejo de Seguridad no logre preservar la paz y la seguridad internacionales”.

En nuestra propia interpretación lo que dijo el presidente Arévalo coincide con nuestro reiterado planteamiento de que, si queremos terminar con la parálisis de Naciones Unidas ante la guerra es absolutamente indispensable reformar la Carta para eliminar el derecho de veto de las cinco grandes potencias que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad.  Y también coincidimos con la idea que para fortalecer la Asamblea General es necesario mejorar su representación  introduciendo, por ejemplo, un sistema similar  al de la OIT. Por supuesto, para encaminar estos procesos de reforma se requeriría hacer que avancen las negociaciones en la Conferencia de Desarme de Ginebra, lo que en la coyuntura presente es absolutamente inviable. No obstante, un cese de hostilidades en la guerra de Ucrania o hacer que Israel obedezca la resolución del Consejo de Seguridad que demanda un alto al fuego ciertamente disminuiría las tensiones y ojalá que nuestro país pueda contribuir a estos esfuerzos desde nuestra representación permanente en la urbe neoyorkina.

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