La legitimidad es un concepto proveniente de las ciencias políticas que alude al hecho que en todo sistema democrático la permanencia en el ejercicio de sus funciones de un gobierno y de sus autoridades debería depender del consentimiento de los gobernados, o, dicho en otras palabras, de la capacidad que tienen los gobernantes de ejecutar el mandato otorgado por los electores cumpliendo con los programas correspondientes. La legalidad, en cambio, es un concepto proveniente de las ciencias jurídicas y se refiere a la forma cómo tanto los ciudadanos como las autoridades de gobierno ajustan su comportamiento a las leyes. En consecuencia, la legalidad forma parte de la problemática del Estado de derecho (rule of law) mientras que la legitimidad pertenece al ámbito de funcionamiento de toda democracia representativa de modo que si los representantes no cumplen sus mandatos sus actuaciones se convierten en ilegítimas y deberían abandonar sus cargos.
Habiendo dicho esto, conviene recordar que en los sistemas políticos parlamentarios es menos complejo determinar el grado de legitimidad, porque si ésta se pierde el jefe de gobierno está obligado a renunciar de manera que, cuando un partido mayoritario en las elecciones pierde popularidad usualmente da lugar al rompimiento de la coalición parlamentaria, lo cual obliga a convocar a nuevas elecciones. Esto puede provocar la existencia de gobiernos inestables sujetos a cambios constantes (como ha sido el caso de Italia durante muchos años) pero también a gobiernos de gran estabilidad, porque mientras una coalición de gobierno se mantenga esto es un indicador de legitimidad y, en consecuencia, los jefes de gobierno pueden durar largo tiempo en el ejercicio de su cargo. Así ha ocurrido en Alemania con Ángela Merkel, quien fue canciller federal durante 16 años. Pero puede suceder también que, teniendo distintas personas ocupando el cargo de primer ministro, ciertos partidos –como los tories británicos o el partido Liberal Democrático del Japón– permanezcan durante décadas en el poder. En Gran Bretaña los laboristas desde tiempos de Tony Blair están marginados del Ejecutivo mientras que los japoneses, los más longevos al frente de un Estado democrático –compiten con el PRI mexicano (la “dictadura perfecta” como la llamó Vargas Llosa) con sus más de sesenta años en el poder–. Como cosa curiosa habría que decir que pronto veremos cómo funciona dicha legitimidad (a pesar de la legalidad) en un régimen presidencialista como el salvadoreño, un caso excepcional que, sin embargo, si los demócratas no tienen cuidado, podría reproducirse en Estados Unidos, suponiendo que Trump sea candidato de nuevo y triunfe en las elecciones de noviembre próximo, pues las tendencias autoritarias (Bukele style) de tan inefable personaje son ampliamente conocidas.
Pero todo esto es a propósito del hecho que en los regímenes presidencialistas que caracterizan a nuestro continente hay que esperar la finalización de los períodos presidenciales (normalmente cuatrienales) para librarse de mandatarios ilegítimos con altos grados de impopularidad, como nos acaba de ocurrir con Giammattei. Y lo peor es que la secuela de personajes que el expresidente dejó instalados en el MP y en las Cortes siguen causando perjuicios y destrozando el Estado de derecho, de manera que ni siquiera puede decirse que la legalidad prevalezca, dado que la Corte de Constitucionalidad está integrada por magistrados nombrados por el execrable expresidente, y como todos sabemos, se trata de individuos carentes de independencia que han venido actuando, constante y reiteradamente, en función de los intereses y directrices que les marca el pacto de corruptos.
¿Cómo hacer coincidir entonces la legitimidad del presidente Bernardo Arévalo en el Ejecutivo con la legalidad de la independencia de poderes que establece la Constitución? La cautela y la prudencia con que las nuevas autoridades en el Ejecutivo han enfrentado a la señora del MP y a la misma CC (recordemos que repitieron la elección de Junta Directiva del Congreso) evidencia la preocupación del presidente Arévalo por respetar la independencia de poderes así como una gran prudencia que hace honor a su condición de diplomático de carrera. No obstante, cuando lo que ocurre en Colombia (algo que explica por qué el presidente Petro permaneció en el acto de toma de posesión del 14 de enero a pesar de su cita en Davos) evidencia que la “guerra legal” continúa siendo un arma a disposición de las extremas derechas latinoamericanas (como ha ocurrido en Brasil, Argentina, Perú, Chile y Ecuador) y que ahora, cuando a ese señor de apellido Barbosa le toca entregar el cargo de Fiscal General de Colombia, de la manera más innoble –puesto que el presidente Petro respetó escrupulosamente su período legal– , se inventa un juicio espurio y pretende dejar en su lugar a una “fiscal interina” que podría permanecer indefinidamente en dicho interinato (como aquí permanecieron cuatro largos años los exmagistrados de la Corte Suprema excediendo con creces el período constitucional) si es que las movilizaciones populares no ejercen suficiente presión como para que los magistrados colombianos escojan pronto al sustituto de Barbosa de una de las candidatas en la terna presentada por el presidente Petro ante ellos.
En el caso guatemalteco, tan similar al colombiano, nos parece que la respuesta está en el artículo 173 de la Constitución, porque el Presidente de la República puede convocar a una consulta popular que dé satisfacción a las demandas populares (especialmente de los pueblos originarios, sus Autoridades Ancestrales y los 48 Cantones) facultando al presidente Arévalo para destituir a la Fiscal General. Esa es la mejor manera de hacer coincidir la legitimidad que otorgan las urnas con la legalidad a la cual deben apegarse las nuevas autoridades. Por el bien de nuestro país, esperemos que se adopten pronto las decisiones pertinentes, porque la “luna de miel” con la ciudadanía y con la comunidad internacional es siempre de corta duración.
PS. El próximo jueves 15 de febrero a las 17 horas se presentará en la Biblioteca Nacional el libro del Zurdo Sandoval “Esperando la Primavera. Crónica de una Esperanza” que relata los acontecimientos de este tormentoso semestre. Será comentado por Domingo Hernández Ixcoy y Roxana Ávila contando con la moderación de Jorge Mario Salazar.
