Una vez terminado el bochornoso y ridículo sainete protagonizado por Porras y adláteres del MP pretendiendo – por enésima vez – promover el golpe de Estado con el cual pretendían burlar la voluntad ciudadana expresada en las urnas – y la soberanía nacional, porque, como bien dice la constitución, la soberanía radica en el pueblo – nuestra hipótesis acerca de que dicha asonada estaba condenada al fracaso se ha venido verificando: la CC ya ordenó hacer el relevo que manda la Constitución entregando el mando a las autoridades electas el próximo 14 de enero, los nuevos magistrados de la CSJ mantienen un razonable compás de espera ante las peticiones de levantamiento de antejuicio hechas por el MP tomando en cuenta lo sucedido en el Congreso, porque si bien el legislativo tuvo la osadía de levantar dicho derecho a magistrados del TSE, sufrió las sanciones de la cancelación de visas de Estados Unidos a más de un centenar de diputados, así que todos deberían estar preguntándose ahora qué hacer para no seguir enemistándose con el tío Sam.
De manera que más convendría preguntarse acerca de lo que cabría esperar del gobierno de Semilla cuando Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman la presidencia y la vicepresidencia porque, a pesar de que las expectativas populares son de gran magnitud es evidente que las condiciones en las que asumirán son infaustas. Una cuestión, sin embargo, es esencial: terminar con el saqueo de los fondos públicos. Una tercera parte del presupuesto se dilapida en corrupción de modo que es indispensable poner fin a cosas como los “sobresueldos” de los diputados cada vez que se aprueba una ley o se comete un atropello legal (como el ya mencionado levantamiento del derecho de antejuicio a los magistrados del TSE que – según vox populi – “costó” medio millón de quetzales por diputado). Esto además tiene la ventaja de obligar a los congresistas tanto a rendir cuentas (la sociedad civil debe establecer procedimientos de auditoría social para hacerlo) como permite al Ministerio de Finanzas exigir que el famoso “listado de obras” o los fondos para ONGs sean debidamente comprobados para cada desembolso. La CC ya hizo el “favor” de declarar inconstitucional el presupuesto para el 2024 que Giammattei se negó a vetar. Deberá trabajarse con el del 2023 de modo que esto facilita las cosas. Por otra parte, es claro que el transfuguismo continuará y que las bancadas del pacto de corruptos se van a desgranar, además de que con algunos partidos será posible negociar apoyos para asuntos puntuales.
Obviamente el plan de gobierno de Semilla deberá ponerse en marcha, pero esto ya corresponde al trabajo de cada ministerio. Poner al frente de cada uno de ellos a las personas idóneas es parte de las decisiones que un presidente como Bernardo Arévalo puede tomar para facilitar las cosas. Los nombres anunciados para algunas carteras como Finanzas, Gobernación o Relaciones Exteriores permiten pensar que las cosas marcharán por buen rumbo. Sin embargo, en el terreno en que nos parece crucial que las políticas públicas se encaminen en la buena dirección es en el campo de los grandes acuerdos sociales. Ya el presidente electo ha sido claro al señalar que ese constituye uno de los grandes propósitos de su gobierno: llegar a acuerdos con la sociedad civil y no solo porque ésta (los 48 Cantones especialmente) ha sido el bastión sobre el cual se ha apoyado su triunfo sobre los golpistas sino porque, por un asunto de principios, la flaca y débil democracia representativa que el grupúsculo golpista estuvo a punto de traerse abajo debe fortalecerse no solo con el respeto irrestricto al Estado de Derecho así como a la independencia de poderes sino también con la participación ciudadana, o , dicho con otras palabras, con la democracia participativa. Esta es la única manera de robustecer y fortalecer el sistema democrático de gobierno sacándolo del “intensivo” en que se encuentra actualmente.
Pero la democracia representativa no debe confundirse con la democracia comunitaria. Ya en anteriores artículos hemos hecho referencia a que los sistemas comunales de gobierno que prevalecen en buena parte de las comunidades de los pueblos originarios de nuestro país no solo son un modelo en cuanto al ejercicio apropiado del poder local para resolver problemas locales (que van desde la administración de los bosques y recursos hídricos hasta el sistema de justicia) sino también para combatir la corrupción, porque el servicio social que implica el ejercicio de la autoridad comunitaria es no remunerado (ad honorem), los cargos son de corta duración y las personas que los ejercen son designados en asambleas comunitarias con base en sus méritos, se trata pues del ejercicio de una democracia directa en la cual las autoridades responden a sus mandantes, los miembros de la comunidad.
No obstante, la democracia comunitaria – obviamente – no es replicable a escala nacional ni en el pueblo mestizo, de manera que es aquí en donde la democracia representativa debería complementarse con una democracia participativa la cual supone, además de actividades ya mencionadas como la auditoría social de los parlamentarios, la participación en diálogos que buscarían llegar a grandes acuerdos nacionales, es decir, que involucran a la ciudadanía guatemalteca en su conjunto. Esta es la gran novedad de la “intervención” de los 48 Cantones en la movilización social que detuvo el golpe de Estado. Y es por ello que deben jugar un papel de gran importancia en el diálogo (ya puesto en marcha por Bernardo Arévalo) entre empresarios y pueblos indígenas el cual debería orientarse – involucrando a todos los sectores de la sociedad civil – hacia esos grandes pactos sociales indispensables no solo para la reforma del sector justicia, de la ley electoral y de partidos políticos, del sistema fiscal y tributario así como de las políticas públicas en general (como las que atañen a la disminución de las desigualdades sociales o el medio ambiente) sino, por supuesto, de la propia Constitución de la República. Dejar preparado el camino para esa Asamblea Nacional Constituyente que prepare una constitución plurinacional (o como se le quiera llamar) que permita incluir en ella a las democracias comunitarias de los pueblos indígenas sería uno de los grandes logros de la gestión de Semilla en este cuatrienio. Además, a nuestro juicio es la manera más apropiada de prevenir el retorno de los corruptos bajo disfraz populista. Esto acaba de ocurrir en Argentina y debemos recordar que en Guatemala ya tenemos a un personaje que navega con esas banderas. La buena gestión del gobierno de Semilla es fundamental para prevenir una catástrofe política de tal naturaleza.
