Aunque los sesudos analistas del latinobarómetro y de otros instrumentos similares que se utilizan para evaluar por medio de encuestas la opinión pública siempre se refieren a los porcentajes estadísticos de aquellas personas “desencantadas” con la democracia o que no se sienten a gusto con un régimen político cuyos logros en cuanto a beneficios de la gestión pública para las mayorías de la población son por lo general cuestionables, lo que habría que tener claro es que los sistemas democráticos de gobierno son estructuras a la vez sincrónicas y diacrónicas, es decir, tienen rasgos relativamente permanentes (el imperio de la ley, los pesos y contrapesos que proporciona la independencia de poderes cuando los jueces y legisladores son independientes del poder ejecutivo) mientras que otros rasgos son dinámicos, es decir están vinculados con el hecho que la ciudadanía participe en la defensa de sus derechos políticos y libertades fundamentales frente a los gobiernos de turno, así como en la promoción de las políticas públicas relacionadas con las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales, es decir, en todo aquello que concierne a educación, salud, infraestructura, vivienda, trabajo, derecho a la propia cultura, idioma e identidad étnico-nacional etc. Por consiguiente, para que las democracias no pierdan su “encanto” es indispensable la participación ciudadana, fortaleciendo su dimensión participativa, ya que la dimensión representativa – especialmente en un país como el nuestro – suele tener graves limitaciones ya que partidos políticos serios que elijan verdaderos “representantes” ante el Congreso de la República se cuentan con los dedos de una mano.
Dicho en otras palabras, a no ser que los ciudadanos de un país se organicen para participar en política a manera que los gobernantes cumplan con los mandatos otorgados en las urnas o, por lo menos, no defrauden al electorado al incumplir los ofrecimientos de campaña o, peor aún, se apropien de los fondos recaudados por el sistema fiscal que deben destinarse a la obra pública e inversión social, se hace indispensable la movilización de la sociedad civil para exigir el cumplimiento de los programas de gobierno y evitar, mediante la aplicación de las sanciones penales correspondientes, que funcionarios corruptos roben del erario nacional. Por eso es tan importante que la sociedad civil se mantenga “movilizada”, tanto para protestar como para respaldar o apoyar acciones de gobierno cuando esto se haga necesario. Traemos esto a cuento porque hace unos días circuló un manifiesto en apoyo de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho que fue suscrito por personalidades como el ex Vicepresidente de la República Eduardo Stein hasta los excancilleres Gert Rosenthal, Gabriel Orellana y Ariel Rivera pasando por Monseñor Álvaro Ramazzini, Cardenal de la Iglesia Católica y dirigentes de la sociedad civil como Otilia Lux, Irmalicia Velásquez Nimatuj, Álvaro Pop o escritores como Dante Liano o David Unger y periodistas como Byron Barrera. Mencionamos esto porque dicho manifiesto constituyó la base para que, en una reunión celebrada en la APG la semana pasada un buen número de ciudadanos decidiéramos constituir un Movimiento por la Democracia dentro de cuyos propósitos se encuentran, precisamente, los aludidos con anterioridad, es decir, protestar ante decisiones gubernativas que desnaturalizan la democracia (como la pretendida suspensión del partido Semilla, por un juez prevaricador obediente a una Fiscal General al servicio de quien preside el ejecutivo) o respaldar y apoyar al próximo presidente, que será electo en el balotaje del próximo 20 de agosto y que, muy probablemente, será el candidato del Movimiento Semilla, el doctor Bernardo Arévalo de León, algo que preocupa, ostensiblemente, al bloque de corruptos en el gobierno que ven amenazadas sus muy lucrativas posiciones en el aparato de gobierno.
Y decimos que el candidato de Semilla muy probablemente será electo presidente de Guatemala porque, aparte del hecho que la encuesta CID Gallup de la Fundación Libertad y Desarrollo publicada la semana pasada le otorga un 63% en las intenciones de voto (frente al 37% de la candidata del partido UNE) el hecho que la señora Torres no se haya presentado el día lunes al debate presidencial organizado por Prensa Libre y la Asociación de Gerentes la ha dejado muy malparada ante el electorado. Por el contrario, Bernardo Arévalo contestó con soltura y seguridad de estadista (tiene de donde heredar porque su padre sí que fue uno de los pocos estadistas que ha tenido este país) las preguntas que le formularon tanto Raquel Zelaya y Hugo Maul como los periodistas Rocío Lazo y Guillermo Velarde. Las respuestas a las distintas interrogantes demostraron que no hay ninguna razón para que el empresariado guatemalteco desconfíe del carácter moderado del enfoque socialdemócrata del Programa de Gobierno de Semilla, que buscará rescatar las instituciones de la corrupción imperante así como reconstruir el tejido socio-económico de modo que sea factible, en relativo corto plazo, poner las bases para ir cerrando las brechas sociales. La idea de incorporar a millón y medio de personas al IGSS fortaleciendo las finanzas de la institución (e iniciando el pago de las cotizaciones estatales) es novedosa al igual que la de incorporar a los “guatemaltecos residentes en el exterior” y promover el desarrollo facilitando la reinserción de los migrantes retornados forzosamente. A ello habría que agregar la reforma educativa, la del sistema de salud (especialmente la compra directa por el Estado de medicinas en el exterior y el establecimiento de farmacias estatales para abaratar los medicamentos) y el sistema nacional contra la corrupción que ha sido anunciado dentro del plan de los 100 días, que tiene la ventaja que no necesitará pasar por un Congreso en el cual Semilla no tendrá mayoría. En fin, nada de que asustarse para el sector privado (tampoco la ley de competencia, aunque esta si debe pasar por el legislativo), de modo que esperaríamos que un empresariado honesto y abierto a la necesidad de reorientar las políticas públicas – poniendo énfasis en la problemática social – ejerzan toda la presión que sea necesaria para impedir que el segmento minoritario de los corruptos “desesperados” continúen en sus obstinados intentos de torpedear la democracia convirtiendo a Guatemala en otra Nicaragua, modelo dictatorial por el cual suspiran, sin lugar a dudas.
Además, esto último debe vincularse a los esfuerzos que desde la comunidad internacional se están haciendo para detener este golpe “técnico” que un MP controlado por el ejecutivo (o sus adláteres “jurídicos” que ahora buscan torpemente suspender – algo inaudito – el balotaje) pretenden dar en contra de la democracia. En el plano internacional el Secretario General de la OEA presentará esta semana su informe al Consejo Permanente sobre su visita a Guatemala, algo que muy probablemente dará lugar a una resolución dado que la normativa de la Carta Democrática Interamericana es clara sobre cómo defender las instituciones democráticas de intentos golpistas. El hecho que hayan sido los Estados Unidos (junto a Colombia y Chile) quienes pidieron la reunión del Consejo Permanente es altamente significativo. No hay que olvidar que tanto el grave problema del narcotráfico como el incremento de los flujos migratorios son percibidos por Washington como un asunto de seguridad nacional. En un contexto en el cual no cuentan con la cooperación de Nicaragua y con dificultades crecientes tienen la de El Salvador para la Casa Blanca es fundamental que nuestro país retorne a los cauces de la normalidad en este terreno. Esperemos que el Movimiento por la Democracia preste una contribución importante en este enfrentamiento de “guerra legal” contra el bloque de corruptos.
