¿Hay vínculos entra la crisis política que se vive actualmente y las expresiones literarias que retratan nuestra historia reciente? Un libro de Rodrigo Fuentes que lleva el sugerente título de Mapas de Otros Mundos ya que en él se reproducen – como elementos decorativos – algunos mapas dibujados por el abuelo del autor (Alberto Fuentes Mohr) en su niñez y una entrevista digital que el periodista Ben Kei Chin le hizo a Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, nos puede ser útil para comparar literatura de no ficción y acontecimientos políticos que en cualquier sistema democrático digno de ese nombre se podrían considerar ficticios, pero que aquí, desafortunadamente, son la triste realidad. En efecto, el texto literario oscila por una parte entre la descripción de la barbarie sufrida por los guatemaltecos durante las peores décadas del conflicto armado incluyendo la persecución política sufrida por la familia Fuentes y por otra parte, el proceso iniciado por el MP y la CICIG contra el gabinete del presidente Álvaro Colom en el 2018 por el asunto del defraudación de una cantidad millonaria destinada a subsidiar a transportistas urbanos, en el cual fue involucrado injustamente su padre (Juan Alberto Fuentes) por haber sido Ministro de Finanzas de ese gobierno (2008-2011). Por su lado, en la entrevista mencionada el diplomático americano fue contundente cuando dijo que: 1) Guatemala está en un punto de inflexión histórica y no volverá a ser la misma; 2) que la crisis política que estamos viviendo no es expresión de una pugna ideológica entre derechas e izquierdas sino que se trata de una regresión al pasado en la cual lo que realmente está en juego es la continuidad del sistema democrático y 3) encontrar una solución depende de los propios guatemaltecos y no de lo que pueda hacer la comunidad internacional (aunque invocar la Carta Democrática Interamericana es posible si se hace necesario, señaló también).
De manera que, si lo que está en juego en esta crisis es ni más ni menos que la democracia misma, amenazada por un juez prevaricador (y sus manipuladores desde un MP supeditado al presidente) que, de salirse con la suya amenazan con hacer retornar al país a la barbarie del irrespeto sistemático a los derechos humanos, como sucedía durante las dictaduras militares algo que el relato literario nos recuerda describiendo, dramáticamente, el asesinato de Fuentes Mohr en 1979. Y es aquí en donde los parangones con la situación actual comienzan a hacerse evidentes, porque el destacado político (era diputado y había sido canciller así como ministro de hacienda durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro) fue asesinado justamente cuando acababa de lograr la inscripción del Partido Socialista Democrático (PSD), algo que también le ocurrió ese mismo año a otro prominente político socialdemócrata, ex alcalde capitalino – Manuel Colom Argueta – quien recién había logrado la inscripción de su propio partido para participar en las elecciones de 1982. E igualmente es pertinente rememorar el golpe de Estado de 1963 que buscaba impedir la participación del doctor Juan José Arévalo en unas elecciones que habría ganado fácilmente, al igual que ahora la “guerra legal” contra Semilla busca evitar que su hijo, Bernardo Arévalo – también socialdemócrata – sea el próximo presidente de Guatemala.
Por supuesto, sabemos que – al menos hasta ahora – los asesinatos políticos (o los golpes de estado) ha sido sustituidos por la “guerra legal” y el sistemático “bloqueo legal” de aquellos partidos o candidatos que se oponen al sistema corrupto prevaleciente. Por otra parte – como se narra en el libro y es el tema principal – en tiempos de la CICIG y de Thelma Aldana (en el 2018) el gabinete entero de Álvaro Colom fue llevado a prisión por el caso del subsidio para las operaciones pre-pago del sistema de transporte urbano. A pesar de que los ministros no tuvieron responsabilidad en estos hechos quedaron ligados a proceso. El principal imputado – Gustavo Alejos, ex secretario privado de Colom quien aún guarda prisión – fue uno de los beneficiarios de los 35 millones de dólares que se entregaron a los transportistas que no cumplieron con el plan operativo diseñado para el efecto, algo que el libro recuerda que existió. Aunque en el texto no se dice como continuó el proceso penal, es de suponer que el desmantelamiento de la CICIG y la salida de Aldana de la Fiscalía General impidió que se le diera continuidad a investigaciones que apuntaban a la responsabilidad de Sandra Torres, como otra de las beneficiarias.
Además el relato literario se refiere al hecho que debido a la acusación del MP el padre del autor – Juan Alberto Fuentes Knight – se vio obligado a renunciar al ICEFI, al movimiento Semilla (partido del cual es uno de sus fundadores) así como a la presidencia de Oxfam International, al igual que las dramáticas vicisitudes económicas que la familia tuvo que pasar para reunir el medio millón de quetzales de la fianza impuesta por el juez para conceder la libertad bajo medida sustitutiva. A pesar de que hubo quienes aconsejaban optar por el “proceso abreviado” de aceptación de cargos Fuentes Knight no quiso hacerlo ya que esto hubiese implicado reconocer una culpabilidad que no tenía. Paradójicamente, Thelma Aldana, la Fiscal General de aquel entonces, posteriormente fue presentada por Semilla como candidata presidencial en el 2019, pero como sabemos – bloqueada por el “pacto de corruptos” – se vio impedida de participar y Semilla solo pudo elegir una bancada de siete diputados al Congreso de la República.
El libro narra todo esto con gran habilidad de modo que el texto se lee como si fuera una novela de suspenso. El autor mezcla la cronología al dar voz a su madre y a su tía Ana Lucía (hermana de su padre) de manera que se da un ir y venir constante entre los espantosos años 70 y principios de los ochenta – los peores años de las dictaduras militares y del conflicto armado con las guerrillas de la URNG – y lo que ocurrió en la Guatemala post 2015, ya cuando la CICIG y el MP de Aldana se propusieron desmantelar las redes de corrupción no solo en el sector público sino también en el privado, algo que desencadenó la furia de los poderosos empresarios que estuvieron involucrados en el caso de financiamiento ilegal a los partidos políticos y reaccionaron promoviendo la expulsión de la CICIG. Por cierto, la forma como la CICIG trató el caso de los acusados en el financiamiento ilegal de partidos políticos (no fueron buscados en sus casas, engrilletados y llevados a prisión) contrasta, como dice el autor, con la brutal manera de proceder en el caso del subsidio a los autobuseros durante el gobierno de Colom. Aunque también es cierto que ya para ese entonces la CICIG se encontraba resistiendo la embestida del gobierno de Jimmy Morales y la famosa “desconsuelo” de modo que, estando a la defensiva, debían ser más cuidadosos como recuerda Fuentes, para quien, a pesar de los pesares, esa instancia de Naciones Unidas es vista como algo que fue positivo para el país: “En el arcaico ecosistema guatemalteco un organismo como la CICIG se encontró con depredadores prehistóricos. No es extraño que tuviera que adaptarse para luchar por su supervivencia. Aún con intenciones puras, la comisión se vio obligada a maniobrar sin mapa por varios laberintos. La anhelada pureza pronto cedió a consideraciones más apremiantes. Tal vez fuimos nosotros quienes con ansias caudillistas endiosamos a unos cuantos fiscales y jueces, imponiéndoles expectativas desde siempre inalcanzables” (p.262).
Ojalá que ahora que se ha abierto una “rendija de esperanza” – como dijo Dante Liano en la presentación de su último libro en la librería Sophos la semana pasada – en nuestro arcaico “ecosistema” político (gracias a la presencia Bernardo Arévalo en la segunda vuelta) esta no sea cerrada brutalmente por aquellos “depredadores prehistóricos” que no solo todavía viven en el pasado sino que quisieran hacer que todo el país retroceda a los años de barbarie e ignominia.
