Luis Alberto Padilla
Algunos lectores (a quienes siempre se les agradece que, en este país en donde se lee tan poco, presten atención a columnas de prensa) critican el uso de gentilicios de mi artículo anterior sobre el sentido de la Cumbre de las Américas sin percatarse que, formas gramaticales aparte, mi interés es destacar que desde 1823 –año en que se proclamó la doctrina Monroe– para los “americanos” (ellos así se autodenominan, somos nosotros quienes hemos inventado el término “norteamericanos” para nombrarlos, pero es evidente –como señala uno de los lectores– que mexicanos y canadienses lo son también) el continente entero, desde Alaska hasta la Patagonia, les pertenece. “América para los americanos” significa, metafórica y geopolíticamente, que el hemisferio occidental en su conjunto se encuentra bajo la hegemonía de “Estados Unidos de América” –como consta en los documentos oficiales de la cumbre– y cuando países díscolos tienen la osadía de acercarse a potencias extra-continentales (Rusia o China, por ejemplo) se exponen a las sanciones de Washington. Por eso señalamos que la principal razón para excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cumbre de Los Ángeles es el tipo de alineamiento geopolítico de los tres países, no la cuestión de la democracia, algo que, por cierto, también ha afectado a Bukele quien cerró su embajada en Taipéi para abrirla en Beijing. Además, como dijo el presidente de Argentina, es claro que el hecho de ser anfitriones no supone “derecho de admisión” alguno. Pero, en todo caso, si de ser coherentes con su explicación (los países excluidos son los no-democráticos) se tratara, la Casa Blanca no debió invitar a países como Guatemala, en donde se restaura aceleradamente el autoritarismo que nos agobia desde la época de la colonia. Con todas las instituciones del Estado cooptadas por el pacto de corruptos somos una “democracia de fachada”. Por eso tomar en serio la cuestión de la democracia sería en beneficio de los Estados Unidos, ya que sin ella asuntos tan delicados como la migración o la corrupción no tienen solución. Esas son las importantes cuestiones de fondo.
Por otra parte, aunque las resoluciones de la Cumbre de las Américas suelen ser largas enumeraciones de “buenas intenciones” – elaboradas por técnicos– que los jefes de Estado ni siquiera se toman el trabajo de leer, a vuelo de pájaro hay algunas que vale la pena comentar. Por ejemplo, respecto a las “energías limpias” los presidentes se comprometen (recordando el artículo 2.1 del Acuerdo de París o COP21) a facilitar la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) aumentando las fuentes de energía renovable recordando la importancia del hidrógeno para la “movilidad eléctrica”. En cuanto al cambio climático, los compromisos “por un futuro verde y sostenible” señalan que se dará “mayor atención a miembros de grupos que han sido históricamente marginados, discriminados y/o en situación de vulnerabilidad” estimulando el desarrollo sostenible y “la igualdad de oportunidades de las poblaciones afectadas por el cambio climático, incluyendo los pueblos indígenas y comunidades locales”, al mismo tiempo que se busca fortalecer “la protección de los defensores de derechos humanos, particularmente de los Pueblos Indígenas y comunidades locales que trabajan en asuntos ambientales” (convendría hacer llegar al MP y los jefes policíacos esta resolución de la IX Cumbre de las América para que liberen a Cristóbal Pop Coc –presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor y uno de los primeros en denunciar la contaminación del lago de Izabal causada por la minera rusa que opera en la zona– así como al dirigente comunitario Roque Sub Sacul, ambos detenidos bajo acusación “detener y golpear” a trabajadores de una finca e “instigar al delito” [¿defender la naturaleza es instigar al delito?] según noticia de prensa del 14 de junio).
Algo parecido se podría decir del “Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática” que estaría muy bien que lo conocieran los diputados, magistrados de la CSJ y de la CC así como del TSE sobre todo en sus apartados sobre democracia y derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible, transparencia y anticorrupción, participación e inclusión ciudadana al igual que en las recomendaciones para seguimiento e implementación de dicha resolución. En cuanto al “Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas” también debería hacerse llegar de inmediato a nuestras diligentes autoridades de salud, al igual que las decisiones para poner en marcha un “Programa Regional para la Transformación Digital”, especialmente los compromisos sobre “ecosistemas digitales y conectividad” o de “gobierno digital abierto” y “ciberseguridad”.
Otro de los logros de la cumbre se refiere a la responsabilidad compartida (así la llamó el presidente Biden) en materia migratoria. A pesar de la ausencia de los jefes de Estado de los tres países centroamericanos del llamado “Triángulo Norte” así como de AMLO, la cuestión crucial de la crisis migratoria fue objeto de una Declaración que reitera la voluntad para crear las condiciones de una migración segura, ordenada y regular así como de “promover las condiciones políticas, económicas, sociales, ambientales y de seguridad para que las personas tengan una vida pacífica, productiva y digna en sus países de origen” y no se vean obligadas a migrar agregando, entre otras cosas que “habiendo renovado nuestro compromiso de respetar y asegurar los derechos humanos de todos los migrantes y personas que necesitan protección internacional, reconocemos la responsabilidad de cada país de gestionar los desplazamientos mixtos a través de las fronteras internacionales de manera segura, humana, ordenada y regular” lo cual permite a los jefes de Estado agregar que se proponen “salvar vidas” haciendo frente a la violencia y la discriminación, incluyendo una mayor colaboración “para procesar a las organizaciones delictivas que se dedican al contrabando de migrantes y la trata de personas” y comprometiéndose “a brindar protección y asistencia adecuadas a las víctimas”. Ojalá esto sirviera para recordar al gobierno mexicano su obligación de asistir con reparaciones a los familiares de los 16 guatemaltecos de la localidad de Comitancillo (San Marcos) asesinados en Tamaulipas por policías de ese estado mexicano en enero del 2021.
Pero, aunque al final los jefes de Estado dicen que la declaración (“no vinculante”) busca asegurar “una mayor cooperación y responsabilidades compartidas en la región” es evidente que hacer entender a los gobiernos de los países que expulsan a población porque no son capaces de garantizar –con las políticas públicas apropiadas– los derechos humanos de segunda generación (trabajo, salud, educación, vivienda) es su responsabilidad, lo mismo que la obtención de recursos a través del sistema fiscal asegurando – con un sistema de justicia eficaz– que los mismos no sean robados de las arcas nacionales por los políticos corruptos, es una tarea de grandes proporciones cuyo emprendimiento es poco probable si no hay “cambio de régimen”. Y por otro lado, hacer entender a los países receptores de los flujos migratorios que es en su propio interés regularizarlos no solo para reducir la trata de personas y la violación de derechos humanos sino porque existe un mercado de trabajo que requiere del aporte de los migrantes (ya que se trata de empleos poco calificados que los “estadounidenses” nativos rechazan) es también otra tarea cuya implementación es políticamente cuesta arriba, porque implicaría atacar las raíces de las políticas antimigratorias que se originan en el racismo estructural prevaleciente en la sociedad “norteamericana”. Compartir tales responsabilidades es pues extremadamente difícil. Entonces es lamentable no poder hacer buenos pronósticos acerca de los “logros” de esta IX cumbre hemisférica.
