Luis Alberto Padilla
Los países latinoamericanos del hemisferio occidental han estado desde 1823, año en el que el presidente norteamericano James Monroe proclamó la célebre doctrina que lleva su nombre, hegemonizados por Estados Unidos. Es cierto que por aquellas fechas del siglo XIX todavía no se terminaban las luchas independentistas de España y que la Gran Bretaña apoyaba abiertamente la gesta libertaria de Bolívar, de manera que, si le damos el beneficio de la duda a Monroe, tal vez le podemos atribuir la buena intención de advertir a Londres que dejara de tratar de aprovecharse de la debilidad en que había quedado la corona española después de la ocupación napoleónica, el secuestro de Fernando VII, la Constitución de Cádiz, la sublevación de Riego, etc. permitiendo a Washington hacer realidad su sueño de una “América para los americanos”. La confrontación de las dos potencias en Centroamérica por el proyecto de canal interoceánico utilizando el río San Juan y el Gran Lago que llevó a la intervención militar de William Walker en Nicaragua mientras que el “reino de la Mosquitia” y la presencia inglesa en el litoral caribe (Belice incluido) hacían clara tal rivalidad que solo se aplacó cuando ambas potencias decidieron firmar el tratado Clayton-Bulwer. Aunque posteriormente los americanos burlaron a los ingleses y resultaron triunfantes cuando se quedaron con la “joya de la corona”, lo que sería el futuro canal de Panamá – cuya construcción ya habían iniciado los franceses – algo que hicieron después de promover, convenientemente, la independencia de la pequeña provincia colombiana que era Panamá en aquellos tiempos.
Durante el siglo XX la hegemonía norteamericana sobre el hemisferio se hizo indiscutible, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial pues el viejo imperio británico quedó bajo la esfera de influencia de sus antiguas colonias. Buena parte del resto del mundo estuvo bajo la égida de la Unión Soviética y otros pretendieron no alinearse, pero en términos generales el resto del mundo quedó bajo la tutela de Washington. En nuestro subcontinente sin embargo Cuba, Venezuela y Nicaragua se han distanciado de Washington acercándose a Moscú algo que – consecuencia de la Guerra Fría entre el Kremlin y la Casa Blanca que aún no termina como lo prueba la guerra de Ucrania – disgusta considerablemente a la Casa Blanca. Por eso no fueron invitados a la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo esta semana en Los Ángeles. En consecuencia, es poco verosímil que la cuestión de la democracia haya sido el factor principal que determinó la decisión de no invitar a estos países, algo que llevó al presidente mexicano López Obrador a protestar con su inasistencia.
Pero, al margen del escaso interés que puede despertar un cónclave en el que se hablará de cuestiones envueltas en la bruma esotérica de “un nuevo impulso para las instituciones económicas regionales” (¿se refieren al BID ?), la “actualización de los contratos sociales entre los gobiernos y sus pueblos”, “promoción de las energías libres” (¿las renovables?), “el fomento de un comercio sostenible e inclusivo” (¿se percataron acaso que los TLCs no son ni sostenibles ni inclusivos?) o la fabulosa cantidad de 300 millones de dólares en ayuda alimentaria (cuando a Ucrania le han ofrecido 33,000 millones de dólares en ayuda y armamento) lo que sí se puede decir es que, retórica aparte (“Estados Unidos sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, “Tenemos que respetar la tradición democrática de la Cumbre de las Américas” según los voceros oficiales) la democracia es la principal preocupación de Estados Unidos en el subcontinente.
La invitación a Guatemala lo demuestra (aunque Giammattei no asistirá, molesto por las críticas de EE. UU. ante el nombramiento de la señora Porras como jefa del MP) pues lo menos que puede decirse es que aquí el pacto de corruptos sigue a pie juntillas el guion enviado por Ortega para desmantelar la democracia. Aparte del exilio de más de dos decenas de operadores de justicia, ex magistradas y de la ex Fiscal General Thelma Aldana, la batida contra la democracia ha continuado viento en popa. Por ejemplo, Marielos Monzón columnista de Prensa Libre, nos recuerda que el gobierno actual no solo ha desarticulado los equipos de fiscalías clave como la FECI sino que ahora buscan detener los procesos judiciales liberando a los corruptos (como en el caso del libramiento de Chimaltenango) al mismo tiempo que buscan castigar a quienes los investigaron y sobre todo “sentar un precedente para que nadie más se atreva a hacerlo”. Y menciona la terrible situación de la exjefa de la FECI en Quezaltenango, Virginia Laparra, quien desde hace más de 3 meses se encuentra encerrada en una bartolina mientras que a su acusador, el ex juez Castellanos, el Congreso lo premia nombrándolo relator contra la tortura. Y tal política de criminalización también busca desmovilizar la sociedad civil, nos dice Marielos, como lo prueban los procesos penales contra dirigentes como Nanci Sinto, Juan Francisco Monroy y Dulce Archila. Y si a ello agregamos el fraude en las elecciones para rector de la USAC, en donde el Pacto busca imponer a su candidato, más el intento de destituir a Jordán Rodas de la PDH para comenzar anticipadamente el desmantelamiento de la institución y un largo etcétera: ¿de qué democracia hablamos en Guatemala? Y si en Guatemala están siguiendo los pasos de Ortega ¿Por qué invitaron a su gobierno a la cumbre de los Ángeles?
En artículos anteriores hemos dicho que las estructuras del poder colonial no se han modificado desde aquella época. La independencia de España no cambió la estructura del poder colonial, pues como nos recuerda la historia, de los tres escasos intentos que se han hecho para establecer una democracia dos fracasaron (el de la República Federal de Centroamérica y el de la primavera democrática de los presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz) mientras que el tercero está a punto de terminar de mala manera si el pacto de corruptos se sale con la suya en las próximas elecciones. Las evidencias son incontrovertibles. Pero Washington ignora esto e invita a un presidente que se da el lujo de desairar a la Casa Blanca no asistiendo. La decisión de Estados Unidos se explica porque la defensa de la democracia es parte de una narrativa ideológica pero no responde a los verdaderos intereses de Washington que son los de proseguir su guerra fría contra Rusia (y China) a escala mundial mientras que en nuestra subregión “hacen como que controlan” el narcotráfico y los flujos migratorios. Esperemos que los norteamericanos comprendan de una vez por todas que si “de verdad” quieren hacer algo serio en cuestiones migratorias el combate a la corrupción y al narcotráfico son indispensables. Es en su propio interés garantizar que la transición a la democracia prosiga en Guatemala deteniendo a quienes se oponen a ello. Advertencias más drásticas, que vayan más allá de la inclusión en listas de indeseables, serían de esperarse.
