Por Luis Alberto Padilla
La supresión de la independencia de poderes, la persecución de los pocos jueces realmente independientes (Erika Aifán, Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez, Jazmín Barrios) , la cooptación de la Corte de Constitucionalidad y del TSE, un MP al servicio de la presidencia de la república que persigue a los fiscales honrados y obstruye la justicia: Guatemala está siguiendo los pasos de Nicaragua, de modo que lo que ocurrió a Juan Francisco Solórzano Foppa y a su partido en formación o a periodistas críticos del régimen es signo ominoso de una represión que podría continuar contra todos aquellos que no se sometan al pacto de corruptos, sean estos partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular o prensa independiente. La alianza de los grupos conservadores más extremos con el crimen organizado claramente se dirige hacia la restauración del autoritarismo político prevaleciente desde tiempos coloniales.
Si hacemos una breve síntesis histórica podemos decir que Guatemala ha conocido tres intentos de establecer un sistema democrático desde que la oligarquía neocolonial que nos mal gobierna decidió dejar de seguir dependiendo de las autoridades enviadas por la Madrid y pagando tributos a la corona española. El primero de ellos fue el de la República Federal de Centroamérica, después de la frustrada anexión a México, cuando cayó Iturbide. Tal intentona terminó con la disolución de la federación centroamericana, la derrota de los liberales y el fusilamiento de Morazán en Costa Rica. Las elites locales encontraron muchas más ventajas en romper con la “Capitanía General” y con el clan Aycinena que en conservar la unión del istmo. Como la reforma liberal de Justo Rufino Barrios en 1871 o el derrocamiento de Estrada Cabrera en 1920 no merecen ser considerados como intentos serios de democratización dada su corta duración, es posible decir que no es sino hasta la década 1944-1954 que asistimos al segundo intento de democratización, el cual, como sabemos, fracasó con la intervención norteamericana y el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz.
El tercer intento fue en los años 80 del siglo pasado, cuando un golpe militar destinado a restar legitimidad a la organizaciones insurgentes pero bajo la conducción de una cierta “burguesía ilustrada” permitió la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la promulgación de una nueva Constitución, la elección de Vinicio Cerezo y el establecimiento de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de Derechos Humanos al mismo tiempo que se abrieron las puertas para las negociaciones de paz que en 1996 culminaron con los Acuerdos de Paz poniendo fin al conflicto armado.
Sin embargo, estamos presenciando un proceso restaurador del autoritarismo que, si no hacemos algo para impedirlo, hará fracasar a la llamada transición democrática iniciada en 1985 pues los sectores más obscuros del país, al frente de los cuales se encuentran los corruptos, están dispuestos a continuar desmantelando la democracia para seguir con el saqueo de las arcas nacionales que se nutren con el dinero de nuestros impuestos.
¿Qué hacer frente a semejante debacle? Creemos que aún estamos a tiempo que los ciudadanos honestos de este país se opongan a la cleptocracia imperante y preparen la organización de un Frente Amplio para evitar que los comicios del 2024 consoliden el proceso de restauración autoritaria. Desde políticos liberales como Lionel Toriello hasta antiguos dirigentes del movimiento insurgente, como Miguel Ángel Sandoval han estado abogando por la constitución de un Frente Amplio que sea capaz de presentar candidatos comunes en las próximas elecciones, tanto a la presidencia y vicepresidencia de la república como al congreso y a las corporaciones municipales. Por supuesto, negociaciones destinadas a tal objetivo no son tarea fácil, entre otras razones, porque si las mismas no incluyen a las organizaciones del pueblo maya (como Waquib’Kej, CPO o CODECA, por mencionar a algunas de ellas), a partidos políticos como Semilla, Winak, MPLA o la URNG en las que participen personalidades como Otilia Lux, Álvaro Pop, Rigoberto Quemé, Demetrio Cojtí, Francisco Calí, Juan León, Martín Toc o Thelma Cabrera es poco probable que se llegue a buen puerto. No se debe excluir a nadie que se oponga a la restauración autoritaria de los corruptos. Es un error pretender poner etiquetas ideológicas cuando de lo que se trata es de unir a la gente honrada y decente. Es algo difícil pero no imposible y si se toma en consideración que lo que está en juego es la subsistencia del sistema democrático mismo, esto podría facilitar que se abandonen posturas extremistas o protagonismos personales en aras de tal objetivo común. Chile y Honduras demuestran con claridad la viabilidad de este tipo de proyectos.
