La elección de los actuales magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de las Salas de Apelaciones, fue resultado de trabajos intensos para influir en la Comisión de Postulación y de acuerdos entre los partidos Líder y Patriota en el año 2014, destacando la intervención directa que tuvieron Manuel Baldizón por Líder y Alejandro Sinibaldi con Roxana Baldetti en nombre del entonces partido oficial. No deja de ser curioso que ahora, más de nueve años después de esa elección, esa misma Corte sea la que tenga que conocer el Amparo interpuesto por Manuel Baldizón contra la última resolución del Tribunal Supremo Electoral.
Ello como consecuencia de la prolongación de funciones que ha provocado el Congreso, que lleva años colocando como último punto de agenda de todas las sesiones la obligación constitucional que tienen para elegir magistrados, pero quienes fueron electos para un período de 5 años, en ese acuerdo al que hicimos referencia, están ya por duplicar el tiempo de su mandato. Y eso significa, ni más ni menos, que quien fue pieza clave de la conformación de la actual Corte Suprema de Justicia, a quien le deben el cargo esos magistrados, ponga ahora en sus manos un recurso de Amparo en busca de lograr su inscripción como candidato.
La justicia es fundamental para cualquier nación porque de su correcta administración y aplicación depende el respeto a la ley y al conjunto de normas que conforman el Estado de Derecho. Cuando se prostituyen esos valores, las sociedades quedan sujetas al capricho de los poderosos de turno que, manipulando y manoseando la normativa, se encargan de asegurar que siempre se resuelva a su conveniencia, pues lo que resulta determinante son sus intereses y no el marco legal.
El proceso para conformar las cortes durante el gobierno de Pérez Molina fue debidamente documentado y por ello se conoció el papel que jugaron Baldizón, Sinibaldi y Baldetti. En condiciones normales, esos magistrados tendrían que inhibirse de conocer el asunto por tener interés personal, pero resulta que quienes les podrían sustituir están en idénticas condiciones. No podemos olvidar cuál ha sido el trato que Baldizón y Sinibaldi han recibido desde que volvieron a Guatemala.
La absoluta destrucción del Estado de Derecho arrancó con esos acuerdos políticos que se hicieron con quienes fueron electos para conformar las cortes en el año 2014 y son las mismas personas que ahora siguen resolviendo casos en lo que nominalmente es la “administración de justicia” pero que, en el fondo, ha generado esa ausencia de certeza jurídica que tanto daño le hace al país.
