Uno de los muchos casos escandalosos de corrupción que se han ido diluyendo con el correr del tiempo es el de la Terminal de Contenedores Quetzal, que ahora vuelve a ser mencionado porque España autorizó la extradición del empresario William Anthony Schwank López, detenido el año pasado en ese país europeo por petición de Guatemala. Schwank objetó la extradición bajo el argumento de que aquí corría peligro, pero para la justicia española estaba suficientemente documentada su solicitud de extradición para ser juzgado aquí por corrupción.
En realidad, desde el gobierno de Jimmy Morales el escándalo de TCQ fue perdiendo fuerza porque la venta del negocio que hizo Terminal de Contendores de Barcelona a otra empresa con buenos contactos hizo que hasta la misma Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala le bajara presión al caso. Se alentó una supuesta intervención de la empresa que le permitió seguir operando y, al día de hoy, sigue campante sin sufrir ningún menoscabo de los privilegios que se obtuvieron gracias a la jugosa mordida que pagó Pérez Maura para cerrar el trato, caso por el que ya fue sancionado en su país.
El sujeto de la extradición debe sentirse tranquilo porque en Guatemala no hay mucho interés por esclarecer el asunto y, aunque no es el pez más gordo de toda la operación, mientras menos se le afecte, será poco lo que esté interesado en decir y aportar, por lo que su llegada al país no tendrá mucha trascendencia.
El nombre de la empresa cambió oficialmente y ahora se le conoce como APM Terminals Quetzal y el gobierno en algún momento dijo que estaban negociando con la empresa matriz, APM Terminals, para adquirir la operación, pero nada se ha sabido de los detalles de ese negocio que, como ocurre tan frecuentemente aquí, se hace bajo la mesa y sin el debido control y rendición de cuentas.
Nadie discute la necesidad de modernizar nuestros puertos y ampliar su capacidad, pero lo objetable es la forma en que se realizó el negocio entre el gobierno de Otto Pérez Molina y la empresa española de los Pérez Maura porque se manosearon las leyes para evadir todo proceso legal para llegar a una adjudicación como la que se hizo. Y lo mismo sigue pasando porque, como decimos, hay negociaciones con los holandeses, pero nada se informa y lo más probable es que todo termine en un reconocimiento de los derechos mal habidos.
De no ser por la decisión de la justicia española, el caso TCQ aquí seguiría en el más completo olvido.
