Obstruir la justicia es un delito tipificado en el código penal y se comete cuando alguien intenta amenazar a los juzgadores o actores procesales con el fin de influir en su comportamiento u obstruir el cumplimiento de sus funciones y una conspiración para obstruir la justicia implica que hay un plan concertado para alcanzar esos fines. Eso nada tiene que ver con las publicaciones o comentarios que en ejercicio del artículo 35 de la Constitución cualquier ciudadano haga con base en su derecho a la libre expresión, que no considera delito o falta nada que se diga contra funcionarios o empleados públicos.
Ayer el juez que conoce el nuevo caso contra José Rubén Zamora, señalado ahora también por el delito de obstrucción de la justicia, accedió a una petición del Ministerio Público para iniciar investigación penal contra periodistas que han publicado noticias o comentarios críticos en elPeriódico sobre todo el proceso que se sigue contra Zamora. En todo juicio hay dos partes, existiendo acusadores y defensores y ambos pueden usar todos los argumentos que estimen convenientes para referirse a la acusación formulada.
Lo mismo pasa con la opinión pública y en todos los casos, aun hasta los que parecen más burdos, siempre habrá alguien que piense que se está manipulando el proceso o que se están valorando desproporcionalmente las evidencias o pruebas. Recordemos lo que se dijo de jueces e investigadores que fueron parte de procesos por casos de corrupción y nadie, absolutamente nadie de los que orquestadamente despotricaron contra los juzgadores o fiscales, fue sometido a proceso por ejercitar su derecho a la libre emisión del pensamiento, al tenor de lo que dispone la Constitución de la República.
Este paso que ha dado el Ministerio Público, con el inicio de investigaciones contra periodistas, es un evidente ataque a la libre expresión porque descaradamente busca que no se haga ninguna crítica al proceder de los investigadores, testigos o juzgadores en un caso penal. La Constitución no hace distingos entre los funcionarios sujetos a crítica y tampoco lo hace la Ley de Emisión del Pensamiento que, por tener rango constitucional, está igual que la Carta Magna, encima de una ley ordinaria como es el Código Penal.
Decir que el sistema judicial está cooptado no es obstruir la justicia. Al contrario, señalarlo es un esfuerzo por asegurar la verdadera justicia en el país, que no puede estar en manos de magistrados que han prorrogado sus funciones hasta casi duplicar su período en evidente contubernio con un Congreso al que le interesa, a ese sí, obstruir la justicia en el país.
