Tradicionalmente, al realizarse la convocatoria a elecciones, las reuniones periódicas entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los fiscales de los diferentes partidos políticos se han realizado de forma pública y con presencia de la prensa. En este muy peculiar proceso electoral, en el que no por casualidad se cuestiona tanto la falta de transparencia del TSE, lo que genera dudas respecto a la pureza de los comicios, tanto magistrados como fiscales se pusieron de acuerdo para desarrollar a puerta cerrada sus reuniones semanales, impidiendo el acceso de los periodistas.
Que el TSE disponga algo así puede parecer normal dado el tipo de magistrados que lo integran, pero que los fiscales de los partidos políticos se sumen a una disposición que, además, riñe con la Constitución Política de la República, que garantiza la publicidad de todos los actos del Estado, hace que el olor a podrido sea mucho más fuerte. Se supone que esos encuentros tienen mucho que ver con la logística del proceso y, sobre todo, de la conformación de las Mesas Receptoras de votos, su ubicación y, por supuesto, la idoneidad de quienes son designados por el TSE para hacer el recuento de los votos.
Por ello es que resulta inexplicable, desde todo punto de vista, que las reuniones se hagan en absoluto secreto y con una especie de pacto de que solo se sabrá lo que el TSE disponga comunicar a la prensa para que informe a la ciudadanía. Porque el tema no es que se niegue acceso a los periodistas, sino que se impide que puedan informar con precisión a los guatemaltecos de los temas que se abordan en esas reuniones, que ahora son a puerta cerrada y con doble candado.
La presidenta del TSE dice que hay una campaña de desprestigio en contra del Tribunal, pero no se da cuenta de que quien se encarga de aniquilar ese prestigio es ella y sus colegas magistrados, quienes parecen empeñados en trasladar a la ciudadanía la sensación de que algo turbio se traen entre manos y que algo están fraguando con los fiscales de los partidos. Ya se sabe que los partidos políticos en Guatemala no son un instrumento de la participación ciudadana, sino una especie de caja chica para quienes los dirigen, sin ser líderes, porque mediante el financiamiento de las campañas se empiezan a bañar en dinero antes de llegar siquiera al poder.
Nadie podrá darle crédito a lo que haga el Tribunal Supremo Electoral si mantiene esa política y ocurren misteriosas fallas cibernéticas desde estas alturas del proceso.
