El tema de las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que llegó a la Corte de Constitucionalidad porque varias de las normas fueron señaladas por entrar en conflicto con la Constitución Política de la República, ha generado fricciones en ese alto tribunal porque por mayoría de votos se decidió la unificación de las impugnaciones que han presentado varios ciudadanos y organizaciones. El caso es que el magistrado ponente para conocer varios de esos casos era Roberto Molina Barreto, quien desde hace algunas semanas viene votando de manera disidente del resto, y en la unificación de todas las acciones legales contra la referida ley se dispuso que se hiciera alrededor de una de ellas, cuya ponencia “casualmente” le había correspondido a Leyla Lemus, el gran poder de la CC.
La presidencia de la Corte trata de explicar el asunto como un mero trámite, pero no se dice claramente que la decisión de la mayoría de unificar todas las acciones se hizo exactamente alrededor de la que tenía a Lemus como ponente, sacando de la jugada a Molina Barreto. La maniobra es más que clara y la “aclaración” formulada por la presidenta de la CC recurre a argumentos que pasan por alto ese “detalle” de la decisión del pleno de magistrados, misma a la que se opuso cabalmente Molina Barreto.
Las diferencias de criterio en un tribunal como la Corte de Constitucionalidad no son ni extrañas ni negativas porque ocurren en el marco de las interpretaciones que los magistrados hacen de cada uno de los casos que llegan a su conocimiento. Precisamente por ello no es un tribunal unipersonal sino integrado por cinco titulares y sus suplentes, los cuales son llamados para integrarlo cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad que requieren la participación no solo de los cinco titulares sino de siete magistrados.
Pero desde hace algún tiempo se ha venido notando la fisura existente entre Molina Barreto, a quien se señala de afinidad y preferencia por el proyecto político de Zury Ríos, de quien fue candidato Vicepresidencial hace cuatro años, y los otros que se han ido alineando con el liderazgo que ejerce Leyla Lemus, ex Secretaria General y muy influyente funcionaria de Alejando Giammattei. No se puede argumentar que ese conflicto entre magistrados pueda afectar la inscripción de Ríos como candidata, a pesar de las impugnaciones que se han formulado por la expresa prohibición constitucional que le ha impedido participar en otras oportunidades, pero en esta Guatemala de los juegos bajo la mesa, hay que decir que todo cabe en lo posible.
