La inmunidad que constitucionalmente se otorga a diversos funcionarios públicos es un mecanismo para evitar que por acciones espurias puedan ser objeto de procesos judiciales que pretendan separarlos del cargo y por ello la institución del antejuicio como un mecanismo para que la justicia evalúe la procedencia o no de la acción penal, producto de alguna querella o de la acción del Ministerio Público. No en todo el mundo existe la inmunidad y el derecho de antejuicio porque en otros lados se reconoce la solvencia de la administración de justicia que sabrá tramitar, con apego a la ley, cualquier denuncia que pueda afectar el desempeño de funciones públicas. Pero como aquí no se tenía tanta confianza en ella, se incorporó esa evaluación previa.
Sin embargo, en estos aciagos días en los que la justicia ha sido totalmente prostituida y está al servicio de las mafias, aquellas que se unieron para la elección de los magistrados que debieron entregar sus cargos hace ya varios años pero que siguen campantes haciendo micos y pericos, hasta la institución del antejuicio es objeto de esos manoseos y de esa cuenta se ha convertido en una coraza para defender y proteger a los que tienen vínculos o son parte de las mafias, pero para permitir y estimular procesos espurios dirigidos contra quienes son críticos u opositores del sistema.
Todos los días somos testigos de nuevas jugarretas en los tribunales y el Ministerio Público para garantizar impunidad, cerrando a favor de los sindicados todos los casos de corrupción, al tiempo que se inician procesos en contra de los que en algún momento formaron parte de la lucha contra ese flagelo que tiene tanto que ver con la pobreza de nuestro país y la ausencia de oportunidades para sus habitantes.
Quien alza la voz contra los vicios del sistema sabe que cualquier denuncia que presenten en su contra los activistas promotores de la corrupción, será tramitada con extraordinaria diligencia y rapidez, mientras que las otras, las que surgen cabalmente contra los que incurren en las mañas alentadas por el sistema actual, recibirán infaliblemente un fallo inmediato para exonerarlos e impedir que se pueda iniciar un juicio penal.
De suerte que la institución es otra de las que ha perdido por completo su razón de ser por esa perversión profunda que sufre el Estado de Derecho en Guatemala, destruido sin ningún rubor y con el mayor descaro porque lo esencial, lo fundamental, no es cumplir con la ley sino usarla para protección y escudo de quienes participan del festín que se hace con los recursos públicos.
