La Constitución Política de la República de Guatemala establece para los tres Organismos del Estado plazos fatales en el desempeño de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, diputados al Congreso y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones. Desde el día de la toma de posesión hasta el vencimiento del término de su mandato gozan de inamovilidad, salvo que tras un antejuicio se les despoje del cargo. Pero de la misma manera tienen la obligación ineludible de entregar al vencer el plazo fatal y para ello la Carta Magna no contempla excepción alguna.
Hoy, por tercera vez consecutiva, los Magistrados de Salas y de la Corte Suprema de Justicia están iniciando su tercer año de una prórroga, no solo inconstitucional sino inmoral, tras la desidia de los diputados para cumplir con su deber y obligación legal de elegir a los sustitutos. Durante tres años en la agenda del Congreso ha aparecido como último punto la conformación de las Cortes y siempre, ya de forma cajonera, llegado el momento se comprueba la ruptura del quórum, en abierta violación del mandato constitucional.
Y es que las actuales Cortes, tanto Suprema como las de Apelaciones, han funcionado perfectamente para cimentar el régimen de impunidad diseñado para protección de todos los señalados de participar en actos de corrupción, razón más que suficiente para mantenerlos indefinidamente en sus cargos, tras haber probado hasta la saciedad su compromiso con el absoluto manoseo de la justicia en el país, liberando de penas a los corruptos y manteniendo procesos abiertos contra los opositores a la corrupción.
No habría ninguna diferencia si, alegando cualquier anomalía en la elección general, los diputados decidieran quedarse en sus puestos de manera indefinida o, peor aún, si el Presidente de la República (obviamente sin el Vicepresidente) hiciera lo mismo con base en el precedente sentado para la prolongación del mandato de los magistrados. La misma regla rige para unos y para otros y así como se pueden pasar por el arco del triunfo la de los magistrados del Organismo Judicial, con idénticos argumentos y falacias se puede operar en el caso de los otros Organismos del Estado.
El rasero es exactamente el mismo y así como se han burlado de la Constitución, de forma descarada y burda, lo pueden hacer prorrogando arbitraria e ilegalmente el mandato de los diputados y del mismo mandatario. Si aceptamos como válida la autoridad de los magistrados que se mantienen en su puesto de manera ilegal, nada se podría alegar si los otros también deciden quedarse.
