Es totalmente burda la forma en que se muestran los esfuerzos por silenciar a cualquiera que trate de denunciar alguno de los numerosos actos de corrupción o manoseo y el Decreto 39-2022 viene a ser una clara confirmación de que no hay límite ni empacho en el esfuerzo por tapar la boca a cualquiera que intente denunciar los mañosos manejos que se hacen en la esfera pública con sus contrapartes entre contratistas y proveedores o socios de cualquier pacto, no digamos de quien en los próximos meses quiera denunciar cualquier forma de amaño que se planifique para las elecciones generales.
Una ley que regule el uso de los modernos medios de comunicación y evite abusos que comprometan la intimidad de las personas, el robo de identidades, la seguridad de mujeres y niños, entre otras cosas, es una aspiración universal porque todos sabemos la cantidad de excesos que se cometen gracias al mal uso que se hace de redes sociales o de los conocimientos tecnológicos que permiten romper la seguridad cibernética.
Pero nuestros diputados se tiraron unos agregados que son específicamente para silenciar a aquellas fuentes que usan las redes para denunciar hechos criminales que cometen los corruptos porque temen por su seguridad física o laboral. Hicieron que el meollo de la ley contra los delitos cibernéticos esté cabalmente en la manera de silenciar a cualquier denunciante anónimo que aporte informaciones sensibles sobre los avances de la corrupción o la dictadura en el país.
Estamos a las puertas prácticamente de un proceso electoral que pinta para el amaño por la colusión que hay en todo el aparato del Estado, desde sus tres poderes hasta la misma autoridad electoral y la del control constitucional, y se trata de evitar “filtraciones” que puedan dar a conocer al público la manera en que se pueda estar cocinando un megafraude electoral que asegure que ese control institucional absoluto, propio de la dictadura, no vaya a cambiar de manos por efecto de una elección.
Hemos dicho que el Congreso es ágil para legislar únicamente en los asuntos de su propio interés y el Decreto aprobado es una clara muestra de ello porque no está buscando en realidad la protección de los ciudadanos frente a vicios que puedan darse en las redes sociales o el ciberespacio, sino que usan ese pretexto para extender la censura, de manera que no haya filtraciones que evidencien lo que, tras bambalinas, se hace para acomodar los resultados electorales de manera que sea garantizada la permanencia de esta dictadura que se ha enseñoreado gracias a la ilimitada cantidad de dinero que han acumulado.
