La destrucción de nuestro Estado de Derecho no es algo que esté ocurriendo hasta ahora, como algunos parecen pensar, sino que viene desde hace mucho tiempo, cuando se produjo aquello de las Comisiones Paralelas que fue destapado hace varios años y que significó el inicio de juicios que ahora están quedando sin materia porque todos los sindicados están saliendo libres de responsabilidad. Fue el esfuerzo de los corruptos por controlar el Sistema de Justicia para asegurarse impunidad, lucha en la que contaron con tantos aliados como personas que se veían amenazadas por la investigación sobre la corrupción, y que alcanzó su punto máximo con la simple no elección de los magistrados de Salas y de la Corte Suprema de Justicia.
Con ello dejaron en sus puestos a los que habían sido seleccionados dentro de ese proceso amañado, en el que se evidenció cómo la Academia había caído en las garras de las mafias que la controlaban debido al poder que significa el tener a sus aliados administrando la justicia.
Por supuesto que el Estado de Derecho y respeto a la legalidad, que se refleja en una justicia proba, pronta y respetuosa de la ley, es indispensable para la vida en democracia porque no se puede imaginar ello sin que prevalezcan las garantías individuales que nos permiten desde la vida misma hasta el derecho a estar informados y a expresarnos libremente, manifestando si es preciso, para hacer valer nuestros derechos.
Al día de hoy, pero a lo largo de todos los últimos meses, hemos visto cómo toda la institucionalidad está bajo el control de quienes pactaron para asegurarse impunidad y eso se ha manifestado sobre todo en el Sistema de justicia con la persecución de los que fueron actores de la lucha contra la corrupción. El pueblo ha visto, tristemente callado y resignado, cómo se inician procesos que tienen la finalidad de estancarse para mantener a los sindicados en la cárcel sin que puedan ejercitar su derecho a legítima defensa. Y como se ha dicho tantas veces, mucha gente vio que atacaban así la justicia y como no eran directamente afectados no dijeron ni hicieron nada. No se entendió que tarde o temprano llegaría el tiempo en que cualquier ciudadano sería objeto de ese trato violatorio de la ley y de los derechos individuales.
El debido proceso debe ser una preocupación siempre, pero del mismo se empezó a hablar más cuando gente poderosa fue a la cárcel. Antes, cuando eran otros los procesados, la sociedad calló, abriendo una brecha que nunca debimos tolerar.
