Si a alguien le queda alguna duda sobre las intenciones dictatoriales de quienes gobiernan con el control de todas las instituciones, basta leer la Iniciativa 6076 de la Comisión de Gobernación del Congreso, que no solo permite sino que alienta a que la fuerza pública del país (Ejército Nacional, Policía Nacional Civil, Guardia Penitenciaria y SAAS), usen sus armas contra manifestantes que no se comporten bien. En una clara expresión del curso que está tomando el país y a donde pretenden llevarnos, se promueve esa iniciativa que garantiza a los agentes que usen o abusen de la fuerza que serán defendidos legalmente por sus propias instituciones.
Ya vimos cómo la mafia es capaz de actuar para provocar reacciones de las fuerzas de seguridad. La misteriosa quema del Congreso, que convenientemente no ha sido esclarecida, desató la furia con la que fue reprimida la manifestación ciudadana que protestaba por temas relacionados con el Presupuesto General de la Nación, en legítimo ejercicio del derecho que le asiste a la ciudadanía. La brutalidad fue manifiesta y, de hecho, rindió sus frutos porque luego de esa violenta reacción de la PNC las distintas manifestaciones convocadas han tenido muy escasa participación, tal vez por el recuerdo de la manera en que fueron sometidos los que salieron a la calle en las postrimerías del año 2021.
Según la iniciativa, las fuerzas de seguridad pueden y deben usar sus armas a discreción frente a manifestantes de los que bastará decir que no se estaban comportando al gusto de la autoridad para que se les ataque con el armamento disponible, lo que legalmente constituye un burdo retroceso para acabar con el derecho constitucional a la manifestación pacífica y sin armas. Los ponentes dirán que están regulando ese derecho para garantizar el orden público, pero el uso indiscriminado y libre de armamento es una aberración contraria al sentido de la norma.
La intención es evidente, puesto que se trata de legalizar la represión de manifestantes en lo que pretenden sea la última forma de expresión ciudadana frente a los constantes abusos y los preparativos que hay para controlar el futuro proceso electoral en el que dispondrán de medios para limitar la participación de determinados partidos y candidatos, lo que esperan consagrar con la advertencia “legal” de que quienes vayan a manifestar serán atacados con las armas que las fuerzas de seguridad pueden usar a discreción de conformidad con esa propuesta de ley.
El camino hacia la dictadura estaba claro y si alguien tenía aún duda, esta propuesta de ley es lo que faltaba.
