La transparencia tiene que mostrarse en todos los actos de la administración pública y los ciudadanos deben exigirla con firmeza porque su ausencia evidencia el deterioro del Estado de Derecho, no solo para robar fondos públicos sino para violar garantías individuales. El caso del periodista José Rubén Zamora tiene que ser manejado con absoluta transparencia y coherente información a la ciudadanía, tomando en cuenta que está en juego el derecho a la libre expresión sin el cual es imposible que se pueda siquiera hablar de democracia.
Nuestra legislación establece la reserva de ciertos casos para evitar que la investigación pueda verse afectada y las pruebas puedan desaparecer, pero tristemente ese recurso se ha usado recientemente para mantener en prisión a personas que no agradan a las autoridades del Ministerio Público, del gobierno y de sus aliados. Se ha llegado al colmo de retrasar maliciosamente las audiencias a los encartados. La idea evidente es mantenerlos el mayor tiempo posible en prisión sin que avance el proceso en su contra.
La prensa nacional, la comunidad internacional y distintas organizaciones sociales de Guatemala han demandado que el caso de Zamora sea manejado con total apego a la ley y transparencia. Eso es crucial porque se entiende que si es un ataque a la libertad de información y de expresión, constituye una gravísima situación que nos coloca en idéntica posición a la de los países que sufren el poder de regímenes totalitarios.
Desde hace tiempo venimos señalando como un hecho de la captura del sistema de justicia, mismo que se ha convertido en los últimos meses en expedito para facilitar la impunidad y tortuoso para procesar a los que son vistos como enemigos del sistema perverso que se ha establecido en el país. No se trata de una apreciación a la ligera sino de un razonamiento derivado del análisis de la forma en que se está procediendo.
Esa situación es la que más alarma a la comunidad internacional y a organizaciones que promueven la libertad de expresión, porque no es ahora que se destacan esos vicios sino que han sido ya apreciados en otros procesos que demuestran el efecto que ha tenido la elección amañada de magistrados y la falta de interés para realizar un legítimo y transparente proceso de recambio.
En la medida en que se mantiene este oscuro procedimiento crecen, con razón, las suspicacias sobre este caso y su verdadera legitimación, lo que se incrementa por el papel activo que juegan activistas de redes sociales que se caracterizan por criticar cualquier esfuerzo que se manifieste contra la corrupción.
