En Estados Unidos hay una reacción masiva de los ciudadanos que obliga a los legisladores a discutir la implementación de leyes que de alguna manera faciliten el control sobre la venta de armas. Cientos de miles de manifestantes expresaron su preocupación luego de los fatales actos criminales de Buffalo y de Uvalde, a los que se suman casi 400 balaceras similares ocurridas en lo que va del año, pues la población se hartó de la indiferencia de congresistas que responden a los intereses económicos de los fabricantes de armas y ejerció una presión que empieza a producir algunos resultados, aunque tibios aún.
En Guatemala tenemos una sucesión de accidentes de tránsito que cobran muchas vidas y en varios casos se ven involucrados buses del transporte colectivo, lo que constituye una preocupación no sólo para los usuarios de ese servicio, sino para los demás las diferentes vías públicas porque todos están en riesgo debido a la absoluta falta de control que ejercen las autoridades para obligar a los pilotos a cumplir con las leyes y reglamentos de tránsito.
La fotografía de un bus volcado tras un accidente de este fin de semana resulta espeluznante y nos recuerda ese alto riesgo que se vive día a día en la mayoría de las carreteras nacionales, maltrechas por efecto de la corrupción, pero en las que corren como bestias muchos conductores que no tienen ninguna preocupación por la seguridad de los pasajeros que pagaron boleto para transportarse en sus unidades ni, mucho menos, por otros automovilistas que pueden morir a causa de la criminal imprudencia con que se conduce en la vía pública.
Hace falta presión ciudadana para forzar a las autoridades a ser más cuidadosas y exigentes para proteger y salvar vidas. Los automovilistas vemos cómo los ayudantes de los buses se bajan a “comprar impunidad” con los agentes que debieran ser los encargados de hacer cumplir la ley. El tema del seguro obligatorio fue mandado a la punta de un cuerno por la declarada y cínica oposición de los empresarios de transporte, a quienes no les importa las consecuencias de la irresponsabilidad de sus pilotos y simplemente se confirma que la vida del ciudadano no vale absolutamente nada.
Creemos indispensable que se sienta presión ciudadana para provocar cambios de comportamiento de los pilotos que actúan como amos de las carreteras gracias a los sobornos que pagan en un país donde la coima se traduce en esa impunidad que tantos ansían para evitar el castigo por sus excesos y abusos en contra de la ley.