La exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, fue ligada a proceso por el delito de abuso de autoridad simple y sencillamente porque en el legítimo ejercicio de sus funciones denunció a un Juez en contra de quien hubo señalamientos de acciones indebidas dentro de un proceso que conocía. La función de cualquier fiscal no es cruzarse de brazos ante posibles hechos criminales sino denunciar la posible comisión de un delito de quienes gozan de antejuicio y ella cumplió con sus funciones, con su obligación, pero como el juez sindicado es de la rosca que controla todo el sistema, ahora la procesan por haber realizado su trabajo.
Y es que todo lo que se persigue en este y otros casos contra operadores de justicia es sentar el precedente de quien actúe contra los implicados, de cualquier manera en casos de corrupción terminarán en la cárcel. El caso de la abogada Laparra no es único y ha encendido alertas en diversas instancias a nivel internacional porque forma parte de una tenebrosa trama en la que todos los que no se alinean con el sistema corrupto sufren persecución de un Ministerio Público que se hace de la vista gorda con los criminales para poner todo su esfuerzo en castigar a los que fueron parte de la lucha contra la corrupción.
En el mismo tribunal donde se realizó a puerta cerrada y en secreto, pese a que no hay reserva en el caso, la audiencia contra Laparra, ya se advirtió al Procurador de los Derechos Humanos que él también tendrá que ir a la cárcel o al exilio dentro de setenta días, cuando termine su función como magistrado de conciencia. Sobre todo luego de haber desafiado al sistema con su postulación a la Rectoría de la Usac, lo que obligó a un burdo fraude para impedir su triunfo.
Los fiscales reciben miles de denuncias y es su deber y obligación procesarlas. Virginia Laparra es culpable del nuevo delito de “ejercicio legítimo de su autoridad” y es por lo que está siendo procesada de manera en realidad grotesca por un Ministerio Público que no se preocupa por mostrar sus dobles raseros porque para ella exigió prisión preventiva, mientras que para sindicados de haberse enriquecido en la corrupción, como el exrector Gálvez y el hijo de Gustavo Herrera, esgrimió razones humanitarias para liberarlos de la prisión preventiva.
Cuando se atropella la ley de esa forma descarada y cínica para enviar mensajes de terror a los que no se alinean con las cochinadas, es obvio que la justicia ha sido ya irreparablemente mancillada.
