El patrón de la captura de todas las instituciones del Estado marcó la designación de Rector de la Universidad de San Carlos y de Fiscal General, de la misma manera en que marcará en los días venideros los procesos para determinar quién dirigirá instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Presidencia del Banco de Guatemala, dirección del Instituto de Ciencias Forenses (Inacif), Contraloría de Cuentas de la Nación, Superintendencia de Bancos y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, entre otros, y no obstante la importancia que en algunas de ellas tiene la autonomía e independencia en la toma de decisiones, no cabe la menor duda que se mantendrá la tendencia porque uno de los esfuerzos más claros del oficialismo es tener el más absoluto control de toda la institucionalidad del Estado.
Todos los gobiernos tratan de colocar en puestos importantes a gente afín con la que puedan trabajar coordinadamente y ello es parte del ejercicio mismo del poder. Pero cuando lo que se busca no es eficiencia y dinamismo institucional producto de una visión común sino el sometimiento absoluto para dar consistencia a los dos principales objetivos del régimen, que son extender y ampliar el campo de la corrupción y reducir el de la justicia para garantizar impunidad, es obvio que los resultados serán contrarios a lo que es el interés general y el bien común.
Desde los tiempos de Jimmy Morales se empezó a consolidar ese movimiento que pretende sepultar todo vestigio de lo que fue la lucha contra la corrupción y el esfuerzo se ha vigorizado en el régimen actual que está trabajando ya en el proceso electoral del año próximo porque la idea es extender por más tiempo su poder e influencia. Y para ello es importante que todas las instituciones se comprometan, como ha pasado con el Ministerio Público, a trabajar absolutamente sometidos a los dictados de quienes tienen el poder real en el país y que no se inmutan ni siquiera ante la firme postura que ha adoptado la comunidad internacional advirtiendo de los peligros que corre el sistema democrático en nuestro suelo.
Algunas de las instituciones nombradas pueden tener fuerte influencia para manipular información de manera que se maquillen los fracasos oficiales y otras tendrán peso significativo en evitar que se destapen nuevos casos de corrupción que puedan significar una amenaza para los que, desde la cumbre, ejecutan el control de todos los negocios que se hacen a la sombra del Estado y esa institucionalidad arrasada no sólo les hará fácil su trabajo, sino que impedirá posibles reacciones ciudadanas.
