Ayer en el Congreso fue evidente la ruptura de la alianza oficialista como consecuencia de la campaña abierta que, tutelada por el Tribunal Supremo Electoral, viene realizando Giammattei para promover como candidatos de su partido al diputado Manuel Conde y la Ministra de Educación, lo que generó el rechazo a la iniciativa de ley que proponía, sin asignar el origen de los recursos, entregas de computadoras gratuitas a los padres o tutores de los alumnos del sistema público de educación, lo que fue calificado por diputados del partido de Zury Ríos y por representantes de otros partidos como una burda acción para hacer propaganda a las dos figuras que se han convertido en la sombra del gobernante en sus giras “de trabajo” en el interior del país.
Se recordará que al principio del gobierno uno de los puntales de la alianza oficialista fue precisamente el partido de Zury Ríos que colocó diputados en posiciones importantes de la Junta Directiva y votó con la aplanadora para respaldar las iniciativas del régimen, todo ello a cambio de gestos como el Acuerdo de Solución Amistosa que reconoció ante la CIDH el Procurador General de la Nación en el sentido de que se había violado el derecho de la hija de Ríos Montt al negarle la participación en la contienda electoral por el artículo constitucional que establece limitaciones para optar al cargo de Presidente de la República.
Evidentemente eso es ya parte del pasado y ahora, cuando sólo los protegidos del TSE pueden hacer campaña abierta y descaradamente, el partido Valor se expresa en contra de las iniciativas formuladas para hacer propaganda a favor de los que supuestamente serán candidatos, a menos que el mismo argumento de la CIDH se intente aplicar al artículo de la Carta Magna que prohíbe la reelección de por vida a quienes han ocupado el cargo de Presidente del país y que es consecuencia de las tenebrosas y largas dictaduras que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Es de señalar que el derecho a ser electo no es universal y hay limitaciones como la edad y el parentesco con el gobernante de turno para evitar el nepotismo.
El caso es que la campaña está todavía lejos, formalmente, pero de hecho ya estamos en ella con la característica de que mientras al oficialismo (y los que hasta ahora han sido sus aliados) se le permite todo, al resto de aspirantes se les advierte con sanciones que implican la no inscripción de los candidatos, todo ello en el marco de la destruida “legalidad” del país.
