El reciente anuncio de que Méndez Ruiz y su fundación se harán cargo del Juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez va más allá de una simple amenaza porque dados los demostrados vínculos que hay entre fundaterror y la Fiscal General Consuelo Porras, quien acata sin chistar las instrucciones que le da vía las redes sociales el presidente de esa entidad, se tiene que entender que ya están armando algún caso para perseguir penalmente a Gálvez, tal y como lo han hecho con muchos actores destacados del sistema de justicia.
Y el objetivo no es simplemente sancionar a Gálvez por el fallo emitido en el proceso iniciado por el Diario Militar, sino lo que se busca es aherrojar aún más a la justicia en el país para demostrar que la impunidad tiene que ser no sólo para los corruptos sino también para quienes han sido sindicados por crímenes cometidos durante el conflicto armado que vivió el país y se aprovecha el compromiso que tiene la Fiscal General Consuelo Porras con la impunidad para concretar ese propósito.
Miguel Ángel Gálvez alcanzó especial notoriedad cuando fue el Juez que tuvo que conocer el caso conocido como La Línea que fue el destape de las investigaciones sobre la corrupción en Guatemala, en tiempos de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Fue tan aplaudido en ese momento como lo fueron quienes desarrollaron la investigación que envió a la cárcel a los dos más altos funcionarios del país y se le ha respetado como un juzgador objetivo con sus resoluciones judiciales. Pero desde que se implantó la polarización ideológica en el país todos los que operan con apego a la ley pasaron a ser vistos como peligrosos izquierdistas mientras que aquellos que se pasan las normas por el arco del triunfo son reputados como respetables conservadores.
Viendo las consecuencias que anteriores mensajes de ese tipo enviados a la Fiscal General y sus rápidas reacciones para procesar a quienes son etiquetados por la fundación del terror, no es descabellado pensar que dentro de poco habrá acción de antejuicio contra el Juez Gálvez, sobre la premisa de que los crímenes de guerra no deben ser juzgados en nuestro sistema de justicia por la legislación que regula la “reconciliación”, misma que no aparece por ningún lado y que, por el contrario, es imposible en la medida en que se vaya haciendo más fuerte la confrontación generada por activistas que han sido exitosos en la división de la sociedad guatemalteca. Y, por supuesto, aunque Porras no sea confirmada, quien llegue seguirá el mismo norte.
