El brusco viraje que dio la aplanadora oficialista en el Congreso cuando no se presentó a la sesión para aprobar en definitiva el préstamo de 500 millones de dólares para Políticas de Desarrollo de Respuesta y Recuperación ante la Crisis en Guatemala, financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), ha sido visto por algunos como una especie de fractura dentro de esa poderosa estructura del Legislativo, pero no se puede pasar por alto que tal y como funcionan las cosas en ese recinto, todo puede ser parte de la negociación que, entre ellos, deriva en extorsión porque se busca incrementar el precio que se paga por cada uno de los votos.
Es cierto que el oficialismo tendrá que sufrir ajustes en los próximos meses porque muchas bancadas se apartarán cuando vean que sus candidatos (realmente candidatas) no son inscritas por instrucciones que vienen del centro mismo del gobierno. Pero mientras ese momento llega seguirán con la fiesta de repartirse el fruto del saqueo y por ello es que esta maniobra, que obligaría a pedir al BIRF una prórroga porque el préstamo tendría que haber sido aprobado en abril, se debe entender como una jugada más dentro de las muchas que se han visto para apropiarse de los fondos públicos.
Ciertamente el vicio no es nuevo y se recordará cómo en 1993 Jorge Serrano procedió con el Golpe de Estado para disolver el Congreso precisamente por las extorsiones que le hacían diputados que habían puesto precio a su voto. Precio que él pagó gustosamente hasta que varias bancadas se pasaron en sus exigencias y hubieran dejado a Serrano sin suficientes confidenciales para garantizar su vida futura.
Pues ahora la cosa no es distinta y se sigue con las viejas mañas solo que a niveles que nunca imaginaron los que, allá por 1993, hubieran visto esto como una especie de sueño de opio. Cada Legislatura impone su propio récord en cuanto al precio de los votos porque la ambición es desmedida y florece en medio de la notable e imperdonable indiferencia ciudadana. Ese préstamo, que ha sido promocionado como instrumento para sustituir deuda, extremo desmentido por los documentos oficiales del BIRF, se convierte en otro de los jugosos negocios para los diputados que, igual que con el Listado Geográfico de Obras, se embolsan millones de quetzales del erario a cambio de votar para que el gobierno pueda disponer de suficiente dinero para ese magnánimo reparto que hacen entre quienes están coordinados para asegurar los trinquetes producto de la corrupción y la impunidad.
