Está en marcha el proceso para que el Congreso nombre al Procurador de los Derechos Humanos que relevará a Jordán Rodas quien es la última piedra en el zapato de un sistema que llegó a ser totalmente capturado por las fuerzas que se unieron alrededor de los intereses de la corrupción y, sobre todo, de la impunidad por lo que han hecho a lo largo de la historia y que salió a luz con el esfuerzo que inició en el año 2015 para combatir el saqueo de los fondos públicos. Por ello la PDH es el último eslabón de la completa cooptación del Estado para someterlo a esos fines perversos.
El PDH, como magistrado de conciencia, no tiene fuerza ni autoridad para detener los abusos, pero su denuncia y su voz es una constancia que molesta a muchos. No olvidemos que el tema de los derechos humanos fue de los primeros que se usaron en el marco de la polarización como instrumento de control de la sociedad. Cuando en los años de la guerra interna se hablaba de la necesidad de respetarlos, surgieron aquellos que empezaron a hablar, supuestamente con sesgo chistoso pero perversamente orientado, de los “izquierdos humanos” cada vez que se planteaba alguna violación de los derechos básicos consagrados a nivel internacional como fundamentales e inviolables, entre ellos el que todos tenemos a la vida.
Hoy, cuando el control absoluto de las instituciones les permite acciones como la persecución que están realizando contra operadores de justicia y otros actores sociales, es indispensable para la alianza oficialista (articulada y financiada por quienes se vieron comprometidos por el tema del financiamiento electoral) callar esa molesta voz y por ello es que el Congreso será mucho más cuidadoso de lo que fue en la última elección para seleccionar al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, institución que ha tenido sus luces y sus sombras a lo largo de su existencia, pero que ahora seguramente llegará al punto más bajo de su historia.
El poder absoluto que ha tomado el sector que controla toda la institucionalidad del Estado facilita la ejecución de políticas que atenten contra derechos fundamentales, entre ellos el derecho a una correcta administración de justicia sin el sesgo que se ha impuesto ahora de aplicar todo el peso de la ley a los que se oponen al sistema y la vista gorda para los que son parte del mismo. Todas las libertades, no sólo la de expresión, están amenazadas y en el país no habrá voz que pueda denunciarlo.
