Erika Aifán se convirtió ayer en otra exiliada guatemalteca, sumándose así a miles de personas que a lo largo de nuestra terrible historia de opresión y represión han tenido que irse de Guatemala buscando asilo protector en algún país amigo que acoja a quienes son víctimas de cualquier forma de despotismo. Cada gobierno autoritario que hemos tenido y que han sido abundantes, ha generado sus olas de exilio porque la ausencia de instituciones de derecho que puedan garantizar la libertad y la vida obliga a encontrar refugio salvador cuando el aparato del poder le pone el ojo a alguna persona.
La vida en el exilio no es una panacea ni algo que se le desea a nadie porque implica enfrentar todo tipo de adversidades más allá del tema económico y de la separación con la familia. Ciertamente la institución del asilo se constituye como respuesta a una necesidad de protección latente y está debidamente regulada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se consagra precisamente como un derecho que asiste a quienes son objeto de algún tipo de persecución provocada por razones políticas o vinculadas con ese tema.
En los últimos meses varios operadores del Estado de Derecho en Guatemala se han visto obligados a ir al exilio y han logrado asilo político para garantizar sus derechos y poder vivir en el extranjero de manera legal, lo cual es un indicador de la seria crisis que vivimos en cuanto a la manipulación que hay de la justicia en el país, pues ha dejado de ser un instrumento de la ley para deducir responsabilidad a los delincuentes y cayó en el tenebroso papel de mecanismo de impunidad para los delincuentes y de represión para quienes cuestionan el distorsionado modelo existente.
Erika Aifán no puede considerarse como un caso más porque ella era la titular de un Juzgado en el que se ventilaron importantes casos de la corrupción existente y fue en su jurisdicción que se produjo el testimonio anticipado de un testigo protegido en una investigación que provocó, primero, la salida del país del Fiscal Juan Francisco Sandoval y ahora de la jueza bajo cuyo resguardo se encontraba lo dicho por el ya célebre Testigo A sobre el dinero del exministro Benito.
La urgente necesidad de apachar ese caso y otros que implicaban al mismo círculo determinó este año el viraje en contra de los operadores de justicia que ahora expulsa a la juzgadora.
