Si alguna duda hay sobre el origen espurio y vengativo de las capturas realizadas en las últimas semanas de personal de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad y de la Comisión Internacional contra la Impunidad, basta ver el comportamiento amañado de los juzgadores para entender el tenebroso juego que persigue mantener a esos profesionales en prisión sin concretar audiencias para que puedan dar su primera declaración y para escuchar la acusación que pesa contra ellos.
La intención obvia es meterlos a la cárcel y estirar a como dé lugar el caso para que permanezcan en prisión junto a aquellas personas a quienes lograron ligar a procesos por actos de corrupción, situación evidentemente incómoda para quienes son ahora objeto de una clara persecución política por el papel que desempeñaron en la etapa en que el país avanzó para llevar a juicio a todos los que estuvieron implicados en distintas formas de latrocinio.
Si tan concretos y contundentes fueran los casos, seguramente que la Fiscal General hubiera no sólo ordenado que los presentaran inmediatamente sino que los jueces se apresuraran a conocerlos en busca de una rápida sentencia. En cambio, lo que vemos es que los jueces están manoseando los términos de la ley para ir prolongando la situación sin siquiera dar inicio al juicio formalmente porque no se puede concretar la primera declaración y para ello meten toda clase de excusas. La última fue de una misteriosa y súbita enfermedad que “obligó” al titular de uno de los juzgados a ausentarse para ir al médico después de mantener por dos horas a las abogadas sindicadas en el tribunal donde, por cierto, han sido objeto de agresiones y amenazas.
La detención ilegal fue cosa corriente en el país durante muchos años y por ello los constituyentes que redactaron la actual Carta Magna pusieron un término perentorio para que los detenidos fueran presentados a los tribunales y se les pudiera notificar de la acusación en su contra y pronunciarse al respecto. La intención es evitar a toda costa esos abusos que son perjudiciales para quienes puedan ser objeto de señalamientos espurios, como está ocurriendo ahora, y para garantizar que las personas sean indagadas en su primera declaración prontamente.
Y como vivimos en un país donde se puede hacer lo que se quiera con la ley, el Ministerio Público que debiera ser la entidad encargada de su correcta aplicación en todos los proceso penales es tolerante, como compadre hablado, con los juzgadores que se niegan maliciosamente a realizar las diligencias que por ley y por sentido del debido proceso corresponden.
