Terminamos hoy una de las semanas más agitadas de los últimos tiempos, no sólo por el duro temblor que sacudió buena parte del territorio nacional, sino por la publicación de dos investigaciones periodísticas en el extranjero que evidenciaron los serios retrocesos que ha sufrido nuestro Estado de Derecho en términos de encubrir la comisión de delitos que debió investigar el Ministerio Público porque involucran al mismo gobernante. Tanto el medio salvadoreño El Faro como el programa Conclusiones de CNN en español sacudieron a la opinión pública guatemalteca, no obstante que hasta empresas de cable “serias” se prestaron a censurar el programa de Fernando del Rincón cuando supieron que abordaría el caso relacionado con un testimonio sobre el supuesto soborno adelantado, de 20 millones de quetzales, que José Luis Benito habría enviado en patrullas de la PNC al entonces candidato en segunda vuelta, Alejandro Giammattei.
En ninguna opereta se podría encontrar tanta falsedad, afectación y ridículo como lo que mostraron en sus intenciones de defensa y aclaración tanto la Presidencia como el Ministerio Público. El caso es que este nuevo escándalo, que se convierte simplemente en una mancha más al ya mancillado tigre, sacudió por unas horas a la opinión pública que ya no se sorprende porque tiene muy claro que en las horas decisivas, previo a la postulación de los aspirantes al cargo de Fiscal General, el Consuelo de Giammattei hace y hará todo lo que sea necesario para garantizar que nadie pueda entrar seriamente en la disputa.
Evidentemente ya se perdieron las formas y el decoro porque ahora, en estos momentos críticos cuando se destapan escándalos que en otras sociedades provocarían reacciones firmes, no hay que tratar de guardar apariencias porque lo que está en juego es demasiado y urge acallar esa reacción que ya va mostrando la opinión pública que no oculta su desagrado. Usar todos los medios al alcance para eliminar de la programación de cable noticieros molestos se vuelve tan común como el invento de entrevistas con el llamado testigo “A” que, por permanecer anónimo para salvaguarda de su vida, puede ser suplantado por cualquiera que se preste al juego.
El sismo que nos sacudió a media semana no llegó a la intensidad que hubiera necesitado el gobierno para desviar la atención de la ciudadanía sobre los muchos trapos shucos que les están sacando a relucir y que se están tendiendo ante los ojos de todo el mundo. Y sabiendo que vendría el escándalo les urgía advertir a los enemigos de la corrupción que vendrían con todo contra ellos, como se está viendo con el encarcelamiento de abogadas de CICIG y FECI enviadas a la cárcel donde están aquellos que ellas investigaron.