La publicación que hizo El Faro sobre la forma en que José Luis Benito financió la campaña de Giammattei con dinero proveniente de contratistas beneficiados por el entonces ministro de Comunicaciones no es algo extraordinario ni en absoluto nada nuevo. Se trata de la mecánica común y corriente en nuestro sistema político que gira alrededor de contribuciones financieras, las que pueden venir de “respetables empresarios”, de corruptos funcionarios y contratistas o del más rancio crimen organizado que necesita de la protección de las autoridades para operar a sus anchas y que ha ido ganando tanto terreno. Todo ello a costa de fuertes inversiones que se traducen en beneficios para todos los que graciosamente contribuyeron con ese dinero que realmente no se usa para cubrir gastos de campaña sino que termina en los bolsillos de los candidatos que lo toman como el soborno anticipado por haberle vendido el alma al diablo.
Desafortunadamente la carencia de reales organizaciones políticas hace que los candidatos tengan que depender más del financiamiento que del esfuerzo partidario porque los llamados partidos son cascarones vacíos que se forman simplemente para impulsar a un real o supuesto caudillo que no tiene ni equipo ni organización. La proliferación existente hace que los financistas pongan el ojo en aquellos que parecen tener alguna probabilidad y van dosificando sus “inversiones” de acuerdo al rumbo que van tomando las respectivas campañas hasta llegar al tramo final en el que aumenta el dinero de acuerdo al incremento de la oportunidad que se le vea a un aspirante.
La democracia supuestamente genera un mandato popular en el que el pueblo, que es el mandante, elige a un mandatario que tiene que ejecutar lo que prometió en campaña. En nuestro medio no hay tales pues una vez investidos de poder, los políticos le dan la espalda al pueblo porque entienden que nada le deben ya que quienes los hicieron ganar fueron esos financistas que pusieron sus condiciones y que se constituyen en los verdaderos mandantes, en los poseedores del mandato.
Imposible tener un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo porque los políticos son propiedad del financista y todo lo hacen por y para él. No importa si se trata de proteger privilegios o de asegurar protección porque el objetivo es cumplir a quien no perdona una traición, cosa que no ocurre con este veleidoso pueblo que se deja engañar con mentiras tan burdas como la de que se va a eliminar la SAAS o el Parlacén, escoja usted.
Esa y no otra es la “democracia” de la que habla el vocero presidencial.
