No puede sorprender a nadie que la anterior Junta Directiva del Congreso haya dispuesto pedir que se retire de Guatenóminas la base de datos relacionada con el Organismo Legislativo, en lo que es una clara muestra de cuán importante es para ellos la opacidad que se traduce en mayor impunidad. Es tan burda la solicitud que hasta el mismo Ministerio de Finanzas tuvo que enviar un oficio a la Junta Directiva del Parlamento para solicitarles que revoquen esa disposición porque el tema está regulado en la ley Orgánica del Presupuesto aprobada por los mismos diputados.
En Guatenóminas se registran todas las listas con los salarios de servidores públicos y si hubiera mínimo de decencia en el manejo de las mismas nadie tendría razón para solicitar que toda la base de datos de una institución con el presupuesto que tiene el Congreso sea retirada, salvo que sea mucho lo que quieren ocultar. Resulta tan descarada la medida que hasta la nueva Junta Directiva se mostró sorprendida por no entender cuáles pudieron ser las razones que esgrimió la directiva anterior para hacer tan torpe y sucia solicitud.
El ideal es que cada día pueda haber más información pública respecto al gasto que se hace con el dinero producto de las contribuciones fiscales de los ciudadanos o de las empresas que operan en el país. Aunque solo sirva para tapar el ojo al macho se tendría que incrementar la transparencia en Guatecompras y Guatenóminas, pero en vez de ello vemos que se incrementa la tendencia a ocultar información para que quienes manejan los recursos puedan hacer lo que les da la gana.
Ocultar la información se ha convertido en uno de los objetivos principales de varios funcionarios que tienen especial interés en operar lejos del escrutinio público. Lo vemos con el manejo que se hizo de los préstamos supuestamente autorizados para alentar la reactivación económica en el primer año de la pandemia, usando recursos públicos que por ley tienen que ser fiscalizados, extremo que no se puede concretar porque resulta que mañosamente se esgrime el secreto bancario, no obstante que la Constitución establece que toda erogación de esos recursos puede y debe ser fiscalizada. Si algún particular aplicó para esos programas debe someterse al mandato constitucional.
Pero es obvio que en el mar de corrupción en el que estamos viviendo y cuyas aguas se han agitado mucho más en este gobierno, la opacidad se convierte en prioridad en la que trabajan celosa y descaradamente, como ocurre con esa turbia petición que hizo el Congreso para evadir la obligación que hay de registrar las nóminas de personal en el sistema existente.
