Hoy arranca formalmente la Comisión de Postulación que deberá evaluar a los candidatos a Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, quien será designado por Giammattei al escoger entre la lista que finalmente proponga ese cuerpo colegiado llamado a hacer un escrutinio de los aspirantes. Se trata, desde luego, de una cuestión crucial porque lo que esa comisión decidirá es si en Guatemala decimos adiós definitivamente a las aspiraciones de justicia y se asienta la impunidad o si damos vuelta a la página y emprendemos una nueva ruta hacia nuevos derroteros en los que el ente investigador realmente se preocupe de la investigación criminal de manera objetiva para contribuir al saneamiento del país, sobre todo en el tema puntual de la corrupción que es en el que más se ha retrocedido.
Hay Decanos de universidades que llegan con el propósito de cumplir con su deber para realizar un real escrutinio que privilegie las características esenciales de capacidad, idoneidad y honradez, pero falta ver si llegan a ser mayoría de los que conforman este cuerpo colegiado que, por mandato de la ley, deberá calificar a los aspirantes. El gobierno metió su cuchara calificando de intromisión extranjera una invitación formulada por el grupo de embajadores de los países que más ayudan a Guatemala y la sociedad ha respondido pidiendo al gobierno que no meta las manos en el trabajo de la comisión que debiera operar con total independencia, aunque se sabe que hay elementos que llegan altamente comprometidos para proteger no sólo el derrotero que ha tomado el sistema, sino que inclusive a la actual Fiscal General que ha hecho méritos suficientes para asegurar ser reelecta porque su esmero se traduce en una extraordinaria protección para Giammattei y su centro de gobierno, a efecto de que en ningún caso les pueda alcanzar la ley.
Se sabe de universidades que históricamente han evidenciado que fueron creadas como instrumentos para el manoseo de la justicia a través de todas las comisiones de postulación y alguna hasta con descaro y desparpajo hizo ajustes para evitar que su decano participara, para designar a alguien que muestra más compromiso con la causa y que además responde a intereses en el Congreso, donde ha sido asesora.
No digamos la Presidencia de la Comisión que por ley recae en la presidencia de la CSJ que, en este caso, ha sido fiel aliada de Consuelo Porras y hasta le ha acompañado a reuniones donde se planteó sepultar casos de investigación que pudieran afectar al Gobernante. Pero en medio de la podredumbre hay decanos que van con el propósito de ser honestos al calificar y su función pública será sumamente valiosa.
