Ayer fue juramentada la Comisión de Postulación que deberá entregar la lista de la que Alejandro Giammattei deberá escoger a quien nombrará como Fiscal General de la República, proceso que es vital para el futuro del país porque de ello dependerá el rumbo de todo el Sistema de Justicia y del Estado de Derecho, sobre todo ahora que estamos viendo cómo desde el Ministerio Público se arman procesos en contra de juzgadores para impedirles avanzar con procesos relacionados con los temas de corrupción.
No es buen augurio que la Comisión esté presidida por Silvia Patricia Valdez Quezada, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y quien estuvo junto a Consuelo Porras con Giammattei cuando éste pidió desmantelar a la FECI y la cabeza de Juan Francisco Sandoval, ni que también la conformen el Presidente del Colegio de Abogados Fernando Chacón Urízar y el Presidente del Tribunal de Honor del CANG, Esvin Racancoj Ulin, ambos designados por en los ya conocidos procesos de elección de dicho colegio.
Pero el resto de los integrantes son Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades y por ello los ojos de la ciudadanía estarán en ellos. Es vital anotar para la historia sus nombres porque de ellos dependerá realmente el proceso. Los que harán el trabajo de calificar a quienes se postulen como aspirantes a Fiscal General son: Luis Antonio Ruano Castillo, Universidad Mariano Gálvez; Ana Mercedes Suasnávar Palma, Universidad de Occidente; Henry Miguel Arriaga Contreras, Universidad de San Carlos; Luis David Gaitán Arana, Universidad Da Vinci; Alejandro Arenales Fárner, Universidad del Istmo; Luis Fernando Cabrera Juárez, Universidad Mesoamericana; Enrique Sánchez Usera, Universidad Panamericana; Luis Roberto Aragón Solé, Universidad San Pablo; Milton Estuardo Argueta Pinto, Universidad Francisco Marroquín; Jennifer Nowell Fernández, Universidad Regional y Hugo Rolando Escobar Menaldo, Universidad Rafael Landívar, faltando de ser juramentado el decano de la Universidad Rural.
No hace falta mucho para ver el daño que la actual titular del Ministerio Público le ha hecho al Sistema de Justicia que había tenido un importante cambio en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción a partir del año 2015 con el destape del caso La Línea que ahora se sigue ventilando. El retroceso ha sido valorado tanto local como internacionalmente por sus terribles efectos en el Estado de Derecho y debido a ello los postuladores mencionados pasarán a la historia y deberán dejar constancia palpable sobre cuál fue su papel en el proceso para evaluar a los aspirantes que, encabezados por Porras, presentarán su papelería para aspirar a un puesto para el que se requiere, según la Constitución Política, capacidad, idoneidad y honradez. Con 10 postuladores que hagan bien las cosas el país será bien servido.