Ayer el Procurador General de la Nación, actuando como representante del Estado que es dueño de 81.19 por ciento de las acciones de Ferrovías, dio luz verde para un contrato que implica una concesión a una empresa mexicana, situación que el ministro de Economía defiende diciendo que como se trata de una empresa privada (de las creadas mañosamente por Arzú para burlar la ley) no tiene por qué rendirle cuentas a nadie ni explicar el contrato, no digamos dar detalles del mismo. El ministro puede ser un ignorante de leyes y por eso habla así, pero el Procurador General de la Nación es abogado y por lo tanto tiene que saber lo que dice la Ley de Contrataciones del Estado, misma que establece que entran en el ámbito de aplicación de esa norma, según el inciso C del Artículo Primero: “Las entidades o empresas, cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado.”
El ministro Malouf bien pudo haber pedido asesoría a los muchos abogados que paga el Ministerio para no hablar sin fundamento sobre un tema que evidentemente desconoce. Pero el Procurador General de la Nación está obligado no sólo a conocer la ley sino a cumplirla y como representante del Estado, socio mayoritario de la sociedad anónima, debió exigir que un contrato que implica una concesión se ajustara a los preceptos legales del país.
Malouf y Donado Vivar públicamente asumen la responsabilidad legal de lo actuado y es de hacer notar que el único otro socio importante de Ferrovías es Cementos Progreso que tiene un 15% de participación pero la concesión fue aprobada por el 81.6% de los accionistas, lo que implica que apenas votaron a favor el Estado de Guatemala y algún otro socio minoritario.
Es evidente que apuestan a que en las actuales condiciones aunque se denuncie el abuso y se cuestione el procedimiento, como lo estamos haciendo y lo hizo también el PDH, nadie moverá un dedo y que el negocio va para adelante en medio del silencio de una población que ya no se inmuta por ningún tipo de escándalo relacionado con esa corrupción que se asume como normal. Pero es importante entender que la responsabilidad de los funcionarios públicos no se extingue al entregar el cargo y por algo existe aquel viejo refrán de que no hay mal que dure cien años. Y ya nosotros llevamos tantos años sufriendo el saqueo de los corruptos que en el rato menos pensado se tiene que producir el cambio en el que se exija a todos rendición de cuentas y asumir sus responsabilidades, sobre todo cuando descaradamente se pasan la ley por el arco del triunfo.
