Con lo que creyeron que serían bombos y platillos, Consuelo Porras y su gente del Ministerio Público anunciaron una nueva orden de captura contra Juan Francisco Sandoval, quien fuera titular de la FECI ganándose el reconocimiento de la opinión pública por su actitud y determinación de perseguir actos de corrupción. El caso, para variar, está en reserva pero por lo que se publicó tiene que ver con convenios de cooperación como los que se suscribieron en el caso Odebrecht y que fueron debidamente autorizados, como ordena la Ley Contra la Delincuencia Organizada, por tribunales competentes. Un Fiscal no puede alcanzar ese tipo de acuerdos sin que previamente un juzgador conozca las diligencias e investigaciones existentes y de su autorización formal, mediante una resolución del Tribunal, para que se pueda proceder.
En el caso Odebrecht Sandoval ha explicado que todas las reuniones y videoconferencias fueron autorizadas según la ley y en las mismas participaron las partes y se realizaron de conformidad con lo que había ordenado el juzgado que permitió tales diligencias. Pero por si fuera poco eso, todo el proceso fue impugnado y por lo tanto tuvo que ser revisado y finalmente avalado por las Cortes de Apelaciones, la Cámara de Amparo y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia y por la misma Corte de Constitucionalidad, lo que desbarata el argumento del Ministerio Público que centra únicamente en la figura de Juan Francisco Sandoval toda la responsabilidad de lo actuado.
La verdad es que en todo el país y allende nuestras fronteras, el Ministerio Público de Consuelo Porras tiene cero credibilidad no sólo por su tendenciosa y perniciosa actitud sino por la evidente inconsistencia jurídica de los planteamientos que hace la “doctora” en derecho que, por lo visto, no se tomó ni la molestia de tratar de averiguar cómo es que funcionan los convenios de cooperación ni de ver su regulación en nuestro derecho vigente.
Salvo los grupos netcenteros y los radicales defensores de la corrupción que no han cesado en sus ataques no sólo a Sandoval sino a todos los que en algún momento apoyaron la ya desaparecida lucha contra la corrupción, el resto de la población de Guatemala entiende que se trata de una persecución política derivada del “atrevimiento” que tuvo Sandoval de investigar un caso de soborno que implicaba a la persona más cercana al Presidente de la República y que parte de la declaración de uno de los implicados en la entrega de la famosa alfombra en la casa donde vive Giammattei y esa cercana persona que no goza de antejuicio.
Esa es la pura realidad que entiende quien tiene dos dedos de frente.
